El titular del Senado, Óscar Salomón, en representación del Congreso (recibió duras críticas de los senadores por decidir en nombre de todo el cuerpo legislativo) y el ministro del Interior, Euclides Acevedo, por el Ejecutivo, firmaron el 15 de octubre pasado un acuerdo con campesinos e indígenas, para poner fin a las manifestaciones de ambos grupos.

El documento establecía que de los 30 millones de dólares que se deben sacar del plan “Ñapu´ã Paraguay”, 25 millones provienen de lo presupuestado para el MOPC y cinco millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El acuerdo aclara que el Congreso Nacional se compromete a reponer dicho monto en el presente Ejercicio Fiscal o en el Presupuesto General de la Nación 2021.

Igualmente habla de la habilitación de créditos para el fomento y desarrollo -de forma accesible- a largo plazo y baja tasa de interés a través del BNF y el CAH.

También compromete al Banco Central del Paraguay a elaborar una resolución que regule el funcionamiento de las agencias de cobranzas y el reordenamiento de deudas de la agricultura familiar campesina e indígena, tanto el capital como los intereses y demás cargas financieras.

Uno de los puntos más cuestionados es el número seis, que compromete aal Ejecutivo y al Legislativo, a través del Indert y del INDI, a intervenir en los desalojos, “evitando sus ejecución”, en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en una acción civil y evaluando caso por caso.

Al respecto, Óscar Salomón aclaró que se trata netamente de propiedades declaradas colonias por el Indert y que se encuentran en procesos de desalojo por superposición de títulos.

El acuerdo también señala que las tierras recuperadas del crimen organizado e inscriptas a nombre del Estado paraguayo serán destinadas a la reforma agraria. Se instalaba además una mesa de trabajo que debía reunirse cada 15 días para dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo.

Los campesinos aseguran que el Gobierno no cumplió el acuerdpo y por eso decidieron volver a la capital.

Luis Alberto Franco Báez (37), oriundo de Salto del Guairá, es el fallecido en el accidente aéreo registrado este viernes en Boquerón, Loma Plata.

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El hombre se hacía llamar “El señor de los cielos” y “Vaka resa”. Los fiscales Lorenzo Lezcano, Julio César Yegros e Israel Villalba llegaron a investigarlo por tráfico de drogas, pero no encontraron elementos que confirmen las sospechas.

Franco Báez también registra antecedentes por transgresión de la ley de armas y presunto lavado de dinero. En el año 2016 lo arrestaron con 30 proyectiles de arma de grueso calibre.

Asimismo, el 10 de julio pasado lo detuvieron por una denuncia que presentó su concubina por violencia intrafamiliar, pero posteriormente lo liberaron.

El otro fallecido es Alberto Morínigo Mendoza, 43 oriundo de Horqueta, pero con domicilio actual en Capiatá.

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El personal de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad realizó un operativo que derivó en la detención de un importante eslabón de provisión de drogas que sería parte del “Clan Rotela”. Fue durante el allanamiento a una vivienda localizada en el barrio Roberto L. Pettit de Asunción.

Carlos Alberto Duarte Aguilera, de 45 años, quien fue detenido años atrás por la SENAD y hace 8 meses salió de la prisión, fue sorprendido en el lugar con un paquete de clorhidrato de cocaína que pesaba 907 gramos, equivalentes a unas 2.000 dosis en el mercado final de consumo.

Además le fueron incautados dos aparatos celulares, proyectiles calibre 22, balanzas de precisión y dinero en efectivo.

El detenido se encargaba de proveer a toda una red de distribuidores de drogas que operaban en Asunción y alrededores. El hombre fue remitido a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición fiscal.

El Plan SUMAR se enfoca en la desarticulación de los pequeños focos de narcomenudeo y al mismo tiempo apunta a los microtraficantes que forman parte de las redes de abastecimiento. Con estas acciones se pretende afectar significativamente la oferta de drogas en las calles.

Una mujer de nacionalidad brasileña, de nombre Ivone Franco de Oliveira (54), denunció haber sido víctima de rapto y violencia física por parte de su expareja en la jornada de ayer en el Área 1 de Ciudad del Este.

La acusación involucra a Gustavo Federico Alfonso Godoy (34), quien se había llevado a la mujer en contra de su voluntad para obligarla a realizar una millonaria transferencia a su favor.

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Según refiere el informe de La Clave, Alfonso llegó en la tarde de ayer hasta la vivienda de Franco y le exigió la suma de G. 50 millones para dejar de molestarla y abandonar la casa, a lo que la mujer le respondió que no tenía ese monto consigo.

Esta respuesta provocó la ira del acusado, quien propinó un golpe en el rostro a su expareja y luego la alzó a la fuerza en su propio vehículo, un automóvil de la marca Hyundai modelo Accent, con el que fueron hasta dos sucursales bancarias para realizar las transacciones.

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Vecinos observaron el momento en que la brasileña fue raptada por el hombre y decidieron dar aviso a la Policía Nacional. Posteriormente, se desplegó un operativo en la vivienda de la mujer que acabó con la detención de Alfonso, quien había regresado al lugar para dejarla.

En total, el denunciado logró obtener la suma de G. 23.000.000 a través de distintas transferencias bancarias realizadas por la extranjera, a quien agredió físicamente y retuvo en contra de su voluntad durante varias horas.