La ley de Emergencia Nacional creada en marzo del 2020, feneció el 31 de diciembre del 2021, sin haber sido prorrogada antes de su vencimiento pese al pedido del Ejecutivo de extender hasta junio varios de sus artículos.

La Comisión Permanente del Congreso decidió elaborar otro proyecto que recoja exclusivamente los puntos solicitados por las autoridades sanitarias. La senadora Lilian Samaniego tomó la iniciativa, aunque Esperanza Martínez y otros legisladores también presentaron otras versiones.

Finalmente fue aprobado con modificaciones un proyecto de 10 artículos que en su primer punto declara estado de emergencia en todo el territorio hasta el 30 de junio. También amplía hasta esa fecha la ley que declara bien público la investigación para desarrollo y compra para la distribución gratuita de vacunas contra el Covid-19.

En cuanto al Fondo Nacional de Cobertura para pacientes hospitalizados por Covid-19, la extensión es solamente hasta el 31 de marzo.

Además, la autorización al Ministerio de Salud, al IPS, al Hospital de Clínicas, al Hospital Militar y al Rigoberto Caballero para contrataciones para el reemplazo del personal de salud (de blanco y apoyo en salud) también va hasta el 31 de marzo.

La nueva versión también incluye la autorización al IPS hasta el 30 de junio, para el pago de compensaciones económicas a trabajadores formales con suspensión de contrato, aislamiento preventivo, en situación de riesgo (vulnerabilidad) y reposos de salud (que de hecho ya están previstos como cualquier otra enfermedad).

ARTÍCULOS DE TRANSPARENCIA

Los artículos 5,6,7 y 8 hablan principalmente de la Contraloría General de la República y los lineamientos de transparencia que deben ser establecidos, entre ellos, las auditorías, rendiciones de cuenta, canales de denuncias ciudadanas, y la puesta a disposición de toda la información relevante, esto último, a cargo de Mitic.

DISCUSIÓN JURÍDICA

Pese a que este nuevo proyecto de emergencia ya cuenta con media sanción y solamente resta la aprobación en Cámara de Diputados el próximo martes, durante la sesión del Senado se discutió un error jurídico en la redacción de la propuesta.

Inicialmente el artículo uno señalaba que se amplía la ley de emergencia hasta el 30 de junio, sin embargo, dicha legislación feneció el 31 de diciembre del 2021, por lo que, según el senador Juan Ramón Ayala, no se puede extender algo que ya no existe.

Finalmente, ese punto quedó escrito así: “Declárase estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay, ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o Coronavirus, hasta el 30 de junio de 2022”

No obstante, los artículos 2 y 3 sobre la adquisición de vacunas y el Fondo para hospitalizados por Covid, quedaron con el mismo vocablo: “amplíase hasta”, término que tampoco sería correcto para una legislación fenecida. Sin embargo, algunos parlamentarios sostuvieron que estas dos leyes seguían vigentes y otros que no.

Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

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Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.

Magalí Bazán comentó al canal GEN que, en noviembre del año pasado, desconocidos se habían comunicado con su esposo haciéndose pasar por empleados de la empresa Tigo. “Primero le llamaron de un número y luego le escribieron al WhatsApp de otro número”.

En aquel momento, le habían dicho que supuestamente fue adjudicado con un premio, por lo que le solicitaron algunos datos para cotejar su identidad. Gracias a ello, lograron acceder a su banca web del banco Itaú, entidad de la que la víctima es cliente.

A partir de ese momento, los delincuentes tuvieron posibilidad de hacer la solicitud de un préstamo por la suma de G. 28.300.000, sin que el titular de la cuenta haya dado su consentimiento, indicó la denunciante.

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Posteriormente, los estafadores bloquearon el número de la víctima para evitar que haga un nuevo contacto, a lo que Bazán decidió utilizar su número particular para volver a escribirles y reclamarles lo ocurrido.

Según relató, la persona que estaba del otro lado amenazó con “hacer lo mismo con su cuenta”, haciendo alusión a que supuestamente también intentarían acceder a sus datos para robarle dinero.

La mujer cuestiona el hecho de que los ciberdelincuentes pudieran solicitar el préstamo sin que el banco se haya contactado con el titular de la cuenta o hecho las verificaciones de rigor para este tipo de casos. “A él no le llamaron, ni siquiera le mandaron un correo, al entrar en su aplicación recién se dio cuenta”.

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En este caso, el monto total fue transferido en dos partes, a nombre de Natividad Nancy y Ever Hugo Rodríguez, respectivamente. “Cómo al banco no le llamó la atención que se hizo esa transacción y que automáticamente se transfirió el dinero a otras cuentas”, repudió.

Tras varios meses de este episodio, los afectados siguen sin tener ningún retorno por parte del banco Itaú, por lo que reclaman la falta de interés, así como el hecho de tener que encargarse de pagar mensualmente el préstamo, pese a no haber hecho la solicitud del mismo y no disponer de ese dinero.

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😮Hicieron un préstamo a través de la App del banco y no fue el titular: "Desde el año pasado nos dicen que nos darán una respuesta desde la entidad y nada".

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