Con el fallo que blanqueó el proceso del caso “coquitos de oro” la Sala Penal de la Corte ordenó que las copias del expediente sean remitidas a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, para investigar las actuaciones procesales que llevaron a cabo en el presente caso los abogados y auxiliares de justicia, así como de los órganos jurisdiccionales en lo ateniense a su adecuación a los plazos legales de la resolución, por las dilaciones indebidas, retardo injustificado o ejercicio abusivo del derecho.

En pocas palabras se quiere saber si a lo largo de casi 12 años de proceso el caso donde Camilo Soares y Alfredo Guachiré fueron juzgados y condenados, hubo dilaciones indebidas, retardo injustificado o ejercicio abusivo del derecho. Todas estas respuestas la Corte las tiene al alcance de las manos, hay un rosario de chicanas que los dos procesados fueron planteando a lo largo de más de una década.

En el 2014 el entonces juez penal de Garantías Pedro Mayor Martínez, sancionó a Camilo Soares y su entonces abogado Álvaro Arias, con una multa por ejercicio abusivo del derecho. También el el 2020 el Tribunal de Sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zuñiga y Héctor Capurro, decidió sancionar a Camilo Soares, Alfredo Guachiré y a sus abogados por ejercicio abusivo del derecho.

Sin hacer sumarios la corte tiene a mano dos resoluciones donde se aplicaron multas a los procesados por chicaneros, también se puede hacer una simple revisión y se tendrán una cataratas de incidentes meramente dilatorios que se fueron presentando a lo largo del proceso.

La ministra Carolina Llanes mató el proceso de los “coquitos de oro” con un fallo altamente cuestionado por su propio colega de la Sala Penal Alberto Martínez Simón, quien le hizo notar que en un caso similar el año pasado votó en forma diferente. También se le recordó a Llanes que ella a toda costa benefició a los condenados pasando por cuestiones ya juzgadas en dos instancias y donde no habían dudas, ni violaciones a los derechos de los procesados.

Además las auditorías que lleve adelante la Dirección General son secretas, nunca se dan a conocer los resultados, por dar un ejemplo en marzo del año pasado se auditó la causa de Sorares y Guachiré, ya pasó más de un año y medio, pero hasta hoy no se conoce el resultado de ese sumario. Nadie sabe que se resolvió en ese caso, es más ahora el proceso fue blanqueado por Carolina Llanes y Gloria Benítez y no se conoce el resultado. Qué hace suponer que este nuevo sumario va a tener algún resultado.

Ejemplos de predisposición, servicio y entrega son dignos de destacar, sobre todo cuando se trata de asuntos que redundan en un beneficio para la ciudadanía.

Este es el caso del licenciado Ariel Casco, enfermero de la Unidad de Salud Familiar (USF) Juan XXIII de Concepción, quien decidió implementar una modalidad práctica e ingeniosa para la vacunación.

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Se trata del recorrido casa por casa en bicicleta, teniendo en cuenta que el mismo forma parte de las brigadas de vacunación que tienen a su cargo las visitas en el barrio Inmaculada de dicha ciudad.

Todo empezó tras un pedido de un poblador de la zona, quien le había solicitado que vaya a su casa para vacunarlo a él y a su esposa. A partir de allí, este enfermero decidió continuar con las visitas en biciclo, logrando una buena recepción de parte de otras habitantes.

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Cabe recordar que actualmente se desarrolla la campaña de vacunación Invierno 2024, impulsada por el Ministerio de Salud Pública, la cual también involucra a agentes comunitarios de las USF y centros de salud distribuidos a nivel país.

Casco decidió ir en bici a cada uno de los hogares, principalmente de personas adultas mayores o quienes poseen problemas de movilidad, para facilitarles el acceso a las dosis contra la influenza y el COVID-19, destaca el portal Concepción al Día.

La Dra. Águeda Cabello, directora de Vigilancia de la Salud, comentó que Paraguay se está preparando ante la alerta por casos de fiebre de Oropouche que se reportaron en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú.

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Se trata de otra infección que es transmitida a los humanos a través de insectos infectados, algunos de ellos de diversas especies de mosquitos. Normalmente, ubicados en zonas boscosas, como en el Amazonas, según explicó la Dra. Cabello a la 650 AM.

“Estamos atentos y en alertas en la región, debido a eso vamos a empezar un taller este lunes, sobre el dengue y otras infecciones. Uno de los temas a abordar es Oropouche, participarán países como Brasil y Bolivia, donde presentarán sus vivencias debido a que dentro del Mercosur ellos tienen experiencias en brotes”, expresó la titular de Vigilancia.

Semanas atrás, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió la alerta epidemiológica a raíz del aumento en la detección de casos de fiebre de Oropouche en algunas áreas de América y emitió una serie de recomendaciones como reforzar las medidas de control vectorial y de protección personal de la población a mayor riesgo.

De acuerdo a la OPS, el cambio climático, la deforestación y la urbanización favorecieron a la propagación del patógeno en la región.

La Corte Suprema de Justicia comunicó que, a partir de este lunes, la Dirección General de Registros Públicos requerirá a los escribanos la presentación del Certificado de Antecedentes de Deudores Alimentarios Morosos para la gestión registral de escrituras públicas de compraventa de bienes registrables.

Se trata del conocido comúnmente como “Certificado REDAM”, expedido para aquellos padres o madres que se encuentran adeudando la prestación alimentaria de sus hijos y forman parte del Registro de Deudores Alimentarios (REDAM).

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La exigencia rige tanto para la oficina central de Registros Públicos, ubicada en Asunción, como así también para todas las oficinas registrales distribuidas en el territorio nacional.

Esta medida se enmarca en el cumplimiento de la Acordada N° 1743 de la Corte Suprema de Justicia y la Disposición Técnica Registral N° 02/2024 emitida por la Dirección de Registros Públicos.

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Desde la institución aclaran que no se darán curso a las escrituras públicas de compraventa cuyos otorgantes no cuenten con el Certificado REDAM vigente al momento de la formalización del acto. Por su parte, quienes figuran en el REDAM ya no podrán registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades.

Cabe recordar que, en la actualidad, también se restringe la expedición y el otorgamiento de registros de conducir a los deudores alimentarios en las distintas municipalidades del país.