Mónica Castañe, madre de la joven Belén Whittingslow, explicó que a su hija le aplicaron una orden de captura -en el caso de supuesta compranotas de la UCA- que sigue vigente pero que es totalmente ilegal. La joven se encuentra en carácter de refugiada en Uruguay desde el 2019.

“El país no le ofrece las garantías legales, le dejaron sin personería jurídica. Si llega a venir al país, la meterán presa. Es una aberración”, cuestionó.

Refirió que recién tras tres largos años y 12 urgimientos, la Corte Suprema de Justicia finalmente estudiará la acción planteada por la joven Belén Whittingslow. “Jamás la justicia respetó los plazo, nunca resolvieron la acción de inconstitucionalidad”, agregó.

Castañe exigió que la Corte se expida antes del 8 de marzo sobre la acción de inconstitucionalidad porque luego de esa fecha la Sala Constitucional se desintegrará porque dejará la Corte Antonio Fretes. “No voy a dejar que se pase del plazo. Estoy dispuesta a hacer hasta una huelga de hambre. Pase lo que pase, yo no voy a parar, respetando siempre las leyes”, agregó.

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En la actualidad Belén se encuentra en carácter de refugiada en Uruguay luego que se desestimara la denuncia que hizo por acoso contra Cristhian Kriskovich, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y profesor de la Facultad de Derecho en la UCA.

Su madre indicó que tras la sentencia del tribunal que consideró que el docente solamente la “cortejó y galanteó”, vinieron las represalias, ya que Kriskovich demandó a su hija y exige 450 mil dólares por daños a su imagen. Además el docente incluyó a Belén dentro de un grupo de alumnos que supuestamente compraron notas; es por este caso que existe la orden de captura.

Según la Encuesta Permanente de Hogares, la desocupación descendió notablemente al cierre del año pasado, un logro que el presidente Peña atribuye directamente a la efectividad de sus actuales políticas económicas.

El mandatario informó a la ANR que durante el último trimestre de 2025, el índice de desempleo se ubicó en 3,6%, una cifra nunca antes alcanzada en el país.

Para Peña, este indicador refleja una dinámica positiva en el mercado laboral paraguayo, impulsada por estrategias diseñadas específicamente para multiplicar las oportunidades de inserción para los ciudadanos.

A este panorama, sumó un otro avance en el ámbito del empleo, la formalidad laboral que logró superar el 40% de la población.

Según expresó el jefe de Estado esta dinámica permitió la creación 242.000 nuevos puestos de trabajo en lo que va del actual mandato presidencial.

Durante su intervención en la presentación de su informe ante la ANR, el mandatario señaló que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en el período fue del 2,4%, lo que representaba un aumento cercano a G. 69.000 para los trabajadores que perciben el salario mínimo.

“Un número que claramente es muy bajo para la clase trabajadora”, expresó Peña al justificar la decisión de elevar el porcentaje de ajuste.

En ese sentido, informó que resolvió duplicar el incremento inicialmente calculado. “He tomado la decisión de duplicar ese monto y que el incremento sea del 5%. Es un número equilibrado y no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica que el Paraguay, a lo largo de gobiernos colorados, ha sabido equilibrar”, afirmó.

El anuncio se produce luego de que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) concluyera una serie de reuniones sin alcanzar consenso entre empleadores y representantes de los trabajadores. Mientras los gremios empresariales proponían limitar el ajuste al 2,4% determinado por el Banco Central del Paraguay, las centrales obreras reclamaban un incremento de entre el 20% y el 22%, argumentando una pérdida sostenida del poder adquisitivo en los últimos años.

Las organizaciones sindicales sostenían que el salario mínimo requería un aumento de entre G. 579.000 y G. 637.790 para compensar el encarecimiento del costo de vida acumulado, mientras que los empleadores insistían en ceñirse al mecanismo tradicional basado exclusivamente en la inflación.

Ante la falta de acuerdo, el Conasam decidió recomendar un reajuste que contemplara no solo la inflación, sino también otros factores económicos y sociales, aunque sin revelar el porcentaje sugerido.

Con el incremento del 5% anunciado por el Ejecutivo, el salario mínimo pasaría de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales, lo que representa una suba de G. 144.952 para los trabajadores que perciben el sueldo básico.

El nuevo esquema de integración abarca a un total de 26 empresas permisionarias que ya están habilitadas para interactuar con la flota eléctrica.

Entre las compañías incorporadas a este beneficio se encuentran firmas tradicionales como Automotores Guaraní (líneas 15 y 47), Capiatá S.R.L (líneas 53, 58 y 128), La Sanlorenzana (líneas 45, 50 y 56), Grupo Bene (líneas 11 y 203), La Limpeña (líneas 20, 49 y 220) y TTL S.A (líneas 23, 24 y 33).

Además, se suman al sistema los itinerarios de empresas como Aldana S.A, De la Conquista, Ñandutí, Vanguardia, Ciudad de Limpio, Ciudad de Luque, Cerro Koi, General Aquino, Mariscal López, Puerto Falcón, San José Obrero, GMT y T, 1° de Diciembre, 16 de Noviembre, 3 de Febrero, Asociación de Usuarios, Ciudad de Villeta, El Bus, La Chaqueña y La Lomita.

Para acceder al beneficio, los pasajeros que utilicen cualquiera de las líneas mencionadas podrán abordar posteriormente los buses eléctricos en los trayectos E1, E2 o E3 de forma completamente gratuita.

El sistema establece una ventana de tiempo de hasta 120 minutos desde la validación del primer viaje para realizar hasta dos transbordos sin costo adicional. Las combinaciones se pueden realizar de forma interna entre las tres líneas de electromovilidad para ampliar las opciones de cobertura.

El proceso opera mediante validaciones automáticas que reconocen el historial de viaje del usuario y aplican el beneficio tarifario de manera inmediata.