Roberto Salinas, expresidente de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), se refirió en entrevista con la radio Universo / Nación Media al proyecto de ley “Que establece disposiciones especiales y de financiamiento para la ejecución e implementación del Tren de Cercanías en el tramo comprendido entre la ciudad de Asunción y la ciudad de Ypacaraí”, que ayer fue aprobado en la Cámara de Senadores.

Si bien dejó en claro que el proyecto de Tren de Cercanías es muy importante para la ciudadanía, existen cuestiones puntuales que objetar al respecto. “El problema está en el modelo de negocio. Nosotros en su momento analizamos varios modelos, vimos su concesión, su APP (alianza público privada), y en el análisis técnico y financiero vimos que el mejor modelo de negocio era asociarse con un privado que arriesgue capital para que el riesgo sea compartido y así el Estado no daba capital y no se endeudaba”, indicó.

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Señaló que el anterior proyecto, que no incluía un préstamo, era sumamente competitivo, ya que se establecía una licitación, donde el oferente tenía que ofrecer la mejor tecnología a menor costo. “Lo que no se entiende es para qué ahora van a endeudar al país, siendo que el proyecto se puede hacer con inversión privada”, cuestionó.

Por último comentó que en abril del 2019 dejó Fepasa y que expuso ante el mandatario Mario Abdo Benítez que hubo 26 empresas que se presentaron con el financiamiento para este importante proyecto, por lo que todo estaba encaminado para hacer una convocatoria pública a licitación. “Yo tenía entendido que el Presidente iba a llevar a cabo el proceso licitatorio pero algo pasó que se paralizó ese proceso y se entró a otro ataco, poco eficiente, transparente y competitivo; costoso y con mucho endeudamiento”, expuso.

Recordó además que la firma Hyundai llegó a ser uno de los interesados y que en el pasado llegó a proponer un contrato directo en 550 millones de dólares, pero que el Estado paraguayo rechazó por considerar que no ofrecía la mejor tecnología y además el costo era muy elevado. A lo anterior se sumaba la idea de tener un contrato transparente mediante una licitación.

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La implementación de este proyecto que cuenta media sanción del Congreso consta de puntos clave en su redacción:

-Se autoriza a hacer gestiones para financiar el Tren de Cercanías hasta un máximo de 300 millones de dólares.

-Se constituirá un fideicomiso de garantía y liquidez en el MOPC.

-Se hará una concesión por 40 años sin una licitación pública.

Aquí el proyecto del Tren Cercanía

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Desde la Asociación de Guerreros de la Artritis (AGA), manifestaron una profunda preocupación por los casos de pacientes que han debido interrumpir su tratamiento debido a la falta de medicamentos esenciales para tratar su enfermedad, como el original de Adalimumab y el Tocilizumab.

Ambos son anticuerpos monoclonales, incluidos en el grupo de fármacos utilizados en el tratamiento de la artritis reumatoidea.

Señalan que llevan más de tres meses sin recibir los medicamentos indicados por su médico tratante, lo que ya está afectando su salud y bienestar.

Según denunciaron, las últimas dosis de Adalimumab se entregaron en octubre y las últimas dosis de Tocilizumab se entregaron en diciembre.

Aproximadamente 300 pacientes con la enfermedad dependen de estos medicamentos en el IPS y hacen un llamado urgente a las autoridades para que puedan tomar medidas ante la falta de suministros.

Hernán Giménez, director de la Agencia Nacional de Tránsito, expresó que la Ley Nº 7447/2025, es una normativa que si bien ya está en vigencia, se irá aplicando paulatinamente en cada municipio.

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En algunas localidades ya se comenzaron a implementar los nuevos costos de las habilitaciones vehiculares, así como indica la ley, sin embargo, en otras rechazan la medida, como Villa Elisa y Ñemby. Ante eso, Giménez aclaró que la normativa debe ser aplicada sí o sí.

“Tenemos la información de que algunos municipios no quieren aplicar, pero esto es ley hoy día y me obliga a mí al control y aplicación de la misma”, expresó en conversación con la radio Universo 970/Nación Media.

La legislación promulgada el 6 de enero y en vigencia desde el 13 de enero establece el método para fijar los costos mínimos de las habilitaciones de motocicletas, automóviles, autobús, ómnibus, automóvil de carga, camioneta, camión, tractocamión, furgón, maquinaria de transporte y trenes tomando como base el jornal diario.

Giménez xplicó que, cada comuna está en su derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad, así como lo anunció la Municipalidad de Villa Elisa, pero desde la Agencia Nacional de Tránsito también tomarán acciones legales y remitirán los casos a la Procuraduría General de la República.

“Están cometiendo a una falta grave que es no cobrar el impuesto que no corresponde, la Procuraduría tomará el timón e irá a analizar qué es lo que ocurre en el municipio”, agregó el titular de la Agencia Nacional de Tránsito.

Más de 14 organizaciones fueron convocadas para una manifestación pacífica en rechazo a la nueva Ley que unifica costos de patentes y contra las nuevas tarifas de los peajes.

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A las 8 hs de este martes 21 de enero, conductores de diferentes rubros se congregarán en el km 17/5, en zona del ex Aratiri, en Capiatá para exigir que se suspendan las nuevas disposiciones.

“Nuestra posición es firme, que se suspenda. Ya reculó el Gobierno en ciertas cuestiones, este es el momento que tiene que recular y su reculamiento va a tener un alto sentido social porque no podemos estar pagando esa suma que ellos de la noche a la mañana decidieron alzar”, expresó el presidente del Sindicato de Trabajadores en Moto, Federico Ferreira, a la radio 650 AM.

Bajo el lema de “No al aumentazo de habilitaciones y peajes”, se espera que muchas personas, principalmente trabajadores delivery, conductores de plataformas y taxistas, participen de la movilización.

“En su momento también estuvimos en las calles contra la suba del combustible, hoy nos vemos obligados otra vez a convocar a una gran manifestación. Hay mucha gente que depende para vivir trabajando sobre ruedas”, agregó.