El 22 de mayo de 2020 el joven Bruno Javier Marabel Ramírez, principal sospechoso de haber matado a cinco integrantes de una familia, enfrentará juicio por los hechos punibles de homicidio doloso y feminicidio.

El Tribunal de Sentencia está integrado por Rossana Maldonado como presidenta, Alba González y Gloria Hermosa como miembros.

En el caso de la otra implicada, Araceli Sosa por frustración de la persecución y ejecución penal, omisión de dar aviso de un hecho punible y reducción afirmó en la audiencia preliminar que quiere probar su inocencia en el juicio y no quiso someterse al procedimiento abreviado.

Marabel es sindicado como el responsable de matar a cinco integrantes de la familia Benítez hecho ocurrido el 29 de setiembre de 2018 en la vivienda donde residía sus integrantes ubicada en la calle Oliva casi Montevideo conocida como La Casa del Terror.

Según la investigación fiscal, Marabel habría acabado a punta de arma blanca, con la vida de su esposa Dalma Rojas, así como de la madre de ésta última, Elva Rodas. Además habría matado a dos niños de 4 y 5 años, hijos de Dalma.

Días después habría matado a Julio Rojas, padre de su pareja, ya que éste no se encontraba viviendo en la misma casa.

Presuntamente tras consumado el hecho, enterró a las mujeres y los niños en un sanitario en desuso ubicado al fondo del patio de la misma casa, cubriendo todos los cuerpos con arena y cemento.

La victima fue identificada como Jorge Manuel Medina, quien contaba con antecedentes por violencia familiar y robo agravado en el año 2018.

Medina se encontraba en el patio de su casa al momento en que irrumpieron dos hombres encapuchados a bordo de una motocicleta.

Intuyendo la intención de los extraños, el hombre corrió hacia su habitación, pero lo alcanzaron y comenzaron a realizar disparos con arma de fuego.

El asesinato se verificó a las 00:30 de hoy, martes en 35 Proyectadas y Napoleón Ortigoza, del barrio San Ignacio de la capital. Los intervinientes levantaron algunas imágenes de de circuitos de cámaras de la zona, para intentar llegar hasta los criminales. Se estima que el crimen se encuadra dentro del esquema de “ajuste de cuentas” entre madinales, principalmente ligados al tráfico de estupefacientes.

Este nuevo episodio se verifica luego de varios meses de “paz” instaurada después del desmantelamiento del clan Rotela en la cárcel de Tacumbù, que desde el reclusorio controlana episodios de sicariatos en barrios de bañados de Asunción. Si bien los casos criminales se redujeron drásticamente en la zona, las autoridades policiales sostienen que quedaron varios elementos dispersos de la pandilla Rotela.

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El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, habló del tercer desembolso de Taiwán para las viviendas destinadas a las parcialidades indígenas y explicó de qué manera se trabaja con las demás instituciones.

“Este es in trabajo integral en equipo. Antes se reducía a la distribución de tierra, pero para poder generar arraigo, se necesitan las viviendas. A nosotros nos aboca la provisión de una vivienda digna”, expresó Baruja, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Por su parte, el INDI se encarga de informar cuáles son las comunidades con mayor necesidad habitacional y en base a eso, se establece un parámetro de prioridades.

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Además, el diseño de las viviendas se realiza en base a las costumbres y a la cultura, conforme a los conceptos y criterios del INDI. Una vez aprobados, se procede a la ejecución.

“Es un abordaje integral, no es simplemente la construcción de vivienda, sino el entorno los accesos, los conceptos de educación, de salud, para que el arraigo se genere en estas comunidades”, indicó el ministro.

Todos los ministerios y secretarías, entre ellos, Niñez, están incluidos en la misión de que las comunidades indígenas permanezcan en sus tierras y no tengan la necesidad de deambular por la capital en busca de atención.

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El subjefe de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Encarnación, Adolfo Duarte, explicó que la Ordenanza 110/24, aprobada la semana pasada, establece nuevas disposiciones para los vehículos que operan en plataformas de transporte alternativo.

Una de las medidas tiene que ver con la utilización de ploteados y logotipos alusivos al servicio prestado (Bolt, Uber, etc.), que con esta nueva disposición se encuentran prohibidos en la ciudad itapuense.

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“No pueden tener ningún logo por el vehículo, tampoco pueden hacer paradas en ningún lugar”, manifestó en entrevista con el medio Más Encarnación.

De igual manera, resaltó la importancia de que estos trabajadores del volante se encuentren registrados en la Municipalidad de Encarnación y que cuenten con habilitación y licencia de conducir de dicho municipio.

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Duarte señaló que ya se encuentran haciendo la debida comunicación sobre esta exigencia a los conductores que operan con plataformas digitales, antes de empezar a aplicar las sanciones correspondientes.

En caso de incumplimiento posterior al periodo de socialización, los mismos se exponen a multas administrativas, adelantó.