Marcet ordenó matar a Pecci: la “bomba” de Petro obliga a fiscales viaje urgente a Colombia

Lo dicho por el presidente colombiano Gustavo Petro, de que Sebastian Marcet fue el autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, no está corroborada por la fiscalía ni Policía de Colombia.

Esto lo dijo el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán, quien puntualizó que ni bien se publicó las expresiones de Petro, se puso en comunicación con sus pares de Colombia y la policía de ese país, que le aseguraron que no sabían la fuente del presidente, y que no estaba en conocimiento de ellos.

“No puedo confirmar ni desmentir esa información (dada por Petro). A la fecha de hoy, hablé con autoridades fiscales de Colombia y me aseguraron que no tienen conocimiento de esa versión”, declaró a la 730 AM el fiscal Doldán.

subrayó que la próxima semana, o la siguiente, irá a Colombia para reunirse con autoridades fiscales y policiales, a fin de corroborar in situ el estado actual de las investigaciones (desde la perspectiva de ellos) sobre el expediente del crimen del fiscal Marcelo Pecci.

Doldán significó que Marcet entró en la órbita de las investigaciones, con el caso A Ultranza, y que a partir de allí comenzó el fichaje relacionado al mismo.

Más de 275.000 adultos mayores son asistidos mediante el pago de pensiones

Al cierre de noviembre, un total 275.590 personas reciben pensiones, a través de la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), del Ministerio de Hacienda.

Los beneficiarios activos están compuestos por diversas áreas. El grupo más numeroso lo componen los adultos mayores del Programa de Pensión Alimentaria con 98% (269.602) del total, los cuales demandan una inversión mensual promedio de G. 154.302 millones.

El grupo de menor cantidad está compuesto por 12 veteranos de la Guerra del Chaco; mientras que existen 5.262 herederos de excombatientes. Igualmente, la planilla del sector de pensiones no contributivas está conformada por 312 beneficiarios de pensiones graciables; 402 herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio.

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Estos beneficiarios, sumados los adultos mayores, en su conjunto demandan una inversión mensual promedio de G. 166.646 millones.

Sobre el sector pueden realizarse las consultas mediante la página web institucional: www.hacienda.gov.py/portalspir/dpnc.jsp y a través del Sistema de Consulta Ciudadana en línea sobre Pensiones No Contributivas en www.hacienda.gov.py/ConsultaAMPEN/index.jsf, para lo cual el usuario debe ingresar en el sistema el número de cédula de identidad del consultado y su fecha de nacimiento, así como también del consultante.

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O, llamar al Call Center (021) 419-8056 de la Dirección de Pensiones No Contributivas para las consultas pertinentes.

En la web institucional también se encuentran disponibles los requisitos necesarios para acceder a un beneficio del sector no contributivo y otros datos del sector, los cuales se puede consultar a través de la sección Pensiones, ubicada en la parte inferior de la página web www.hacienda.gov.py

Buscan procedimientos simples para liquidación de cooperativas

En la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley “Que establece el proceso de liquidación de cooperativas y deroga los artículos 97, 98 y 99 de la Ley 438/94, que regula la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo, e incorpora nuevos artículos”.

El documento tiene como impulsor al legislador Edwin Reimer (ANR-Boquerón) y el objetivo es determinar el procedimiento para la liquidación de una cooperativa, de tal forma que se simplifique el proceso, garantizando la oportunidad y efectividad de la realización del activo, y la cancelación del pasivo (deudas de la cooperativa y otras obligaciones: Ahorro – Aporte, etc.), en igualdad de condiciones con los demás acreedores.

Se establecen normas de liquidación de las cooperativas constituidas conforme a la Ley 438, cuyo proceso se regirá por las disposiciones de la norma y la reglamentación dictada por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).

A su vez, se habla de tener en cuenta, supletoriamente, las disposiciones del Código Civil, relativas a “convocatoria de acreedores” que a criterio del INCOOP fueren compatibles con el Derecho Cooperativo y la naturaleza de las entidades reguladas por el ámbito.

El proyecto dice que disuelta cualquier cooperativa, por las causales previstas en los incisos a), c) y f) del artículo 95 de la mencionada Ley 438, el INCOOP nombrará un “Liquidador” o una “Comisión Liquidadora”, que procederá a liquidar el activo.

La personería jurídica subsistirá en la medida de que lo requiera la liquidación, para concluir los asuntos pendientes, iniciar operaciones nuevas y para administrar, conservar y realizar el activo.

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La designación de los liquidadores será realizada por el INCOOP y puede recaer en los funcionarios de la cooperativa o en profesionales externos nombrados a ese solo efecto y sin relación de dependencia laboral con la entidad en liquidación, ni con el INCOOP.

La remuneración será fijada por la autoridad de aplicación y podrá ser pagada con los fondos de la entidad en liquidación.

Para que los acreedores se presenten se establece un plazo no menor de 20 días, ni mayor de 40.

Los liquidadores quedarían facultados, resolución mediante, a admitir o rechazar los pedidos de verificación; y en el caso del rechazo, los afectados podrán recurrir las resoluciones por la vía ordinaria.

Un artículo expresa que durante la liquidación no se dará curso a pedidos de quiebra formulados por acreedores; y que desde la resolución que declara la liquidación, los acreedores, por título o causa anterior, no podrán iniciar o proseguir acciones ejecutadas contra el patrimonio de la cooperativa, salvo las que correspondan a los trabajadores (según leyes laborales).

“El dinero y los bienes de una cooperativa declarada en liquidación no serán susceptibles de embargos, ni de otra medida cautelar. Los embargos decretados con anterioridad a la respectiva resolución serán levantados por imperio de ésta. Los liquidadores quedan legitimados para requerir al Juez correspondiente, el levantamiento de las medidas cautelares o los embargos, así como la interrupción de los procesos judiciales en trámite”, refiere.

Menciona que los administradores deben entregar a los liquidadores los bienes y documentos sociales y contables, y presentarles la cuenta de la gestión relativa al periodo siguiente a la última asamblea ordinaria; y que los liquidadores se harán cargo de los bienes y documentos, redactando y firmando, conjuntamente con los administradores, el inventario del cual resulte el estado activo y pasivo del patrimonio de la cooperativa.

También se esgrime que los liquidadores no podrán disponer de los bienes de la entidad sin expresa autorización del INCOOP; y que esta institución reguladora, por motivo fundado, en cualquier momento, puede ordenar la intervención, como también el cambio del liquidador.

Se determina que los liquidadores no pueden distribuir aportes ni remanentes, ni siquiera parcialmente, mientras no hayan sido pagados los acreedores de la cooperativa.

“Si los fondos disponibles resultan insuficientes para cubrir el pasivo, los liquidadores podrán exigir compulsivamente a los socios, las sumas todavía no integradas sobre los aportes suscriptos hasta la fecha de la última publicación de la resolución de Liquidación de la Cooperativa. El monto máximo exigible en este concepto no puede superar el equivalente a doce meses de aportación”, manifiesta el proyecto.

Distribución de remanentes

El artículo 9° señala que realizado el activo y cancelado el pasivo, el remanente se distribuirá en el siguiente orden:

-Reintegro a los socios del valor nominal de los certificados de aportación.

-Si no fuere posible su reintegro total, se prorrateará el dinero en función al capital individual.

-El saldo tendrá el destino que fije el Estatuto Social y en ningún caso podrá distribuirse entre los socios, ni destinarse a actividades o entidades con fines de lucro.

-Terminada la liquidación del patrimonio de la cooperativa, los liquidadores elevarán al INCOOP un informe final solicitando la cancelación de la personería jurídica.

Finalmente, otro artículo dice que una vez dictada la resolución de liquidación, y mientras dure, en ningún caso, se podrá solicitar quiebra.

Mario Ferreiro y grupo asado de fin de semana palpitan sus penas

El caso conocido como "asado de fin de semana" (caja paralela del primer anillo del ex intendente de Asunción Mario Ferreiro, con anuencia de éste, según Fiscalía) va entrando a su fase decisiva.

 

Las acusacones contra Ferreiro y otros son por lesión de confianza y tráfico de influencia.

Y es por la supuesta recaudación paralela durante su administración que operaba a través de un grupo en Telegram.

Los demás acusados en el mismo caso son Carlos Marcelo Mancuello Ríos, exjefe de Gabinete de Ferreiro, por lesión de confianza y tráfico de influencias; por el mismo hecho también fue sindicado Víctor Ocampos, funcionario que ocupaba la Dirección de Talento Humano de la comuna capitalina; el ex funcionario Aureliano Servín Maldonado, por tráfico de influencias, coacción y coacción grave.

También contra la exdiputada por Avanza País Rocío Casco, por tráfico de influencias, coacción y coacción grave; contra los sobrinos del comunicador Mario Ferreiro, Roberto Mauricio Ferreiro Paz y Fernando Arturo Ferreira Ayala, por tráfico de influencias.

LA DENUNCIA

Como se sabe, la denuncia fue presentada por Camilo Soares el 27 de noviembre del 2019, por los delitos de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, soborno, coacción, coacción grave y tráfico de influencias contra personas innominadas.

Soares dijo que hace tiempo denunciaba la situación, pero siempre se buscó desviar el tema llevándolo al ámbito personal. Incluso, dijo que el entonces intendente, aunque lo quiera negar, estaba al tanto del esquema de recaudación paralela que involucra a sus dos sobrinos.

“Yo escuché a Mario (Ferreiro) decir que no sabía nada, pero es mentira. Mario Aníbal Ferreiro, yo te desafío a que muestres tu Whatsapp. Vos sabías demasiado bien que tus sobrinos eran recaudadores. Vos me pediste silencio por favor y yo no tenía las pruebas nomás Mario, pero ahora tengo las pruebas y la persona que dio la prueba, que ya se fue a declarar, que es el señor Francisco Florentín”, había manifestado Soares.

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