Mario “regala” 22,7% de impuestos a una empresa por trabajo que pueden hacer funcionarios

La Junta Municipal de Asunción homologó este miércoles el contrato de tercerización del cobro de impuestos de los 460.000 contribuyentes capitalinos. Por 10 años, una firma privada se llevará el 22,7% de lo que se ingresen a las arcas comunales. El trabajo podrían haberlo hecho los funcionarios que suman más de 8.000.

Por 17 votos a favor, seis en contra y una abstención, el pleno de la concejalía asuncena homologó el contrato firmado por el intendente de Asunción Mario Ferreiro, por el cual se terceriza la gestión tributaria, es decir, el cobro de impuestos y otros datos de los contribuyentes.

El único oferente fue el consorcio entre el Grupo TX y Gaudí SA sobre las cuales poco y nada se maneja a nivel municipal, según manifestaron concejales. El contrato se extiende por 10 años lo que significa que lo que resta de la gestión de Ferreiro, de la del siguiente intendente y de los tres primeros de un tercer jefe comunal, se tendrá que lidiar con el consorcio.

Básicamente, la empresa podrá acceder a la base tributaria de la Comuna y a través de la misma identificar a los contribuyentes que tienen deudas. Además, la concesión incluye una actualización del mapa catastral de la ciudad que implicará, a través de drones, identificar a las construcciones nuevas para que estas puedan ser inscritas como tal en el sistema informático.

Hoy en día existen propiedades que figuran como baldíos donde están erigidos grandes edificios e incluso parques industriales. De todo lo recaudado, la empresa se llevará el 22,7%.

Al respeto, el concejal Daniel Centurión (ANR), quien votó por el rechazo, sostuvo que la concesión muestra una total falta de gestión y de compromiso además de una ausencia de políticas públicas por parte del intendente Ferreiro. Dijo que es “la ley del menor esfuerzo” ya que bien pudo haberse instruido a funcionarios que en total suman más de 8.000 en la Comuna capitalina, además de invertirse en tecnología.

“Ellos mismos (la Intendencia) puede hacer ese trabajo. Por la ineficiencia del municipio entra una tercera empresa. Evidentemente hay una debilidad institucional y amén de la debilidad de materiales técnicos”, manifestó Centurión a la 970 AM.

Por su parte, la edil Rossana Rolón dijo a la 650 AM que está decepcionada de sus colegas concejales por haber aprobado la tercerización. “Se le adjudicó a una empresa que no da la cara, no tiene rostro. El nuevo contrato es diferente al original. Prácticamente son más de US$ 19 millones de dólares los que se recaudan por año”, indicó.

Sostuvo que se realizó un estudio para que sea la propia Municipalidad la que aplique el cobro de impuestos y que la erogación económica iba a ser mucho menor en relación a lo que la empresa privada se va a embolsar.

Sostuvo que actualmente hay unos 460.000 contribuyentes de los cuales 144.000 pagan sus impuestos.

La sesión fue seguida por gremios de funcionarios de la Municipalidad de Asunción que en todo momento criticaron a la tercerización porque ese trabajo, según sostienen, bien pueden hacerlo ellos.

La homologación va a la Intendencia y allí Mario Ferreiro deberá firmar la orden de trabajo para que la empresa empiece a operar.

Presentan el Plan Anticontrabando 2025 para fortalecer la lucha contra el comercio ilícito

El director nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, encabezó este jueves una reunión interinstitucional en la que fue presentado el Plan Anticontrabando 2025, una estrategia coordinada que busca reforzar la lucha contra el comercio ilícito en el país.

El encuentro contó con la participación del ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y del viceministro de Defensa, Gral. (R) Lilo Cardozo, además de representantes de otras instituciones estatales y del sector privado, como la Asociación de Importadores y Comerciantes de Papas y Cebollas (ASICOPACE).

Durante la apertura, el titular de la DNIT, destacó la importancia del trabajo conjunto en la lucha contra el contrabando y la directriz clara del presidente de la república Santiago Peña al respecto. “Vamos a continuar la lucha contra el contrabando, que es muy compleja y no lo podremos hacer sin apoyo de todas las instituciones”, precisó Orué.

Por su parte, el titular del MIC, reiteró el respaldo de su cartera a las acciones contra el comercio ilegal. “Desde el MIC nos ponemos a disposición para aportar nuestro grano de arena y trabajar juntos en esta causa”, subrayó.

El combate al contrabando ha logrado resultados significativos en el último año, con incautaciones que superaron los USD 20 millones en productos ilegales durante el 2024. Con la implementación del Plan Anticontrabando 2025, el Gobierno busca fortalecer estos esfuerzos, optimizar la coordinación interinstitucional y garantizar un mayor resguardo del comercio formal y la seguridad de la ciudadanía.

Fiscalía reporta más de 22.500 casos de hechos punibles contra niños en el 2024

De acuerdo con los registros de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, de enero a diciembre del año 2024 fueron atendidas 22.540 víctimas de varios hechos punibles que afectan a niños, niñas y adolescentes.

El informe señala que unas 61 víctimas por día fueron asistidas en este período, incluyendo casos de abuso sexual en niños, maltrato, estupro, pornografía infantil, actos homosexuales en personas menores, abuso por medios tecnológicos, violación del deber de cuidado, coacción sexual en menores de 18 años, hechos de violencia familiar y denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario.

Del total de casos, entre 8 y 9 víctimas por día correspondieron a abuso sexual en niños.

De la cifra global se desprenden: 3.521 víctimas de abuso sexual en niños, 2.943 hechos indagados sobre pornografía relativa a niños, 511 víctimas de coacción sexual (Art. 128, inc. 3, menores de 18 años), 1.680 hechos de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, 848 casos de estupro, 2.784 denuncias sobre violencia familiar (menores de 18 años), 2.302 casos de violación del deber de cuidado (Art. 226), 10 casos de abusos por medios tecnológicos, 13 de actos homosexuales con personas menores y 7.928 denuncias de incumplimiento del deber legal alimentario.

Los datos reflejan que se registraron 3.521 casos de abuso sexual en niños, distribuidos de la siguiente manera: enero 252, febrero 197, marzo 265, abril 300, mayo 286, junio 292, julio 249, agosto 306, septiembre 383, octubre 391, noviembre 354 y diciembre 246.

Los departamentos con más denuncias de abuso sexual en niños fueron: Central (1.360 hechos), Alto Paraná (403), Asunción (314), Itapúa (194), Caaguazú (182), San Pedro (145), Cordillera (106), Presidente Hayes (106), Canindeyú (96), Amambay (121), Paraguarí (109), Guairá (98), Concepción (91), Misiones (56), Caazapá (50), Boquerón (60), Ñeembucú (23) y Alto Paraguay (7).

Pornografía relativa a Niños y Adolescentes

Se registraron 2.943 víctimas de pornografía relativa a niños y adolescentes: enero 5, febrero 13, marzo 318, abril 557, mayo 661, junio 241, julio 386, agosto 358, septiembre 355, octubre 30, noviembre 11 y diciembre 8.

Las zonas con más reportes registrados fueron Asunción, Central, Alto Paraná, Concepción, Guairá y Caaguazú.

JEM solicitará informe a Fiscalía para avanzar en proceso contra jueza y fiscales

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitará un informe a la Fiscalía sobre el estado procesal de la jueza Sadi López y las fiscalas Stella Mary Cano y Katia Uemura.

Durante la sesión ordinaria desarrollada este jueves, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados analizó el caso vinculado al diputado Orlando Arévalo.

En tal sentido, resolvieron solicitar a la Cámara de Diputados la designación de un nuevo representante en su reemplazo, a raíz de la solicitud de permiso que había presentado días atrás.

Por otra parte, fueron analizados los casos relacionados a la jueza Sadi López y las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano, quienes también fueron relacionadas con el legislador colorado.

Finalmente el pleno del JEM decidió solicitar un informe al Ministerio Público para conocer el estado procesal de las magistradas denunciadas, de modo a determinar si las mismas ya fueron imputadas y conocer su situación procesal.

Esto permitirá avanzar en el enjuiciamiento de las acusadas por hechos punibles, conforme al artículo 13 de la ley que rige el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.