Santiago Cano, representante legal de Reinaldo Cabañas, detenido el día jueves en un operativo encabezado por la SENAD en Alto Paraná, en entrevista con el programa La Lupa de Telefuturo sostuvo que esta mañana pudo conversar con su defendido, quien ayer en horas de la tarde ya fue traído hasta Asunción.

Confirmó que ahora se encuentran pendientes a que la Fiscalía formule la imputación y posteriormente se encargará de aguardar a que el caso llegue a manos del juez de turno para presentar el planteamiento de la defensa.

Asimismo, sostuvo que pedirán tener acceso a la carpeta fiscal para elaborar una estrategia de defensa, ya que hasta el momento aún siguen sin conocer todos los detalles del caso. “Aún no tengo elementos, tampoco sé que presentar y justificar porque no tengo acceso a la carpeta fiscal, a las actas ni a las evidencias incautadas”, indicó.

Cano mencionó que conoce a Reinaldo Cabañas como “un empresario de frontera que se dedica al rubro los moteles” y que el mismo está hace más de 10 años en este negocio, negando enfáticamente que sea un criminal o narcotraficante. Además, confirmó que también posee otros negocios, incluyendo una cancha de césped sintético con karaoke y que eventualmente se dedica a la compra y venta de vehículos.

Sobre los lujosos automóviles y camionetas que fueron hallados en su poder, el abogado defensor precisó que los mismos se compraron de distintas procedencias y a través de intermediarios que se dedican a ese negocio.

La cantidad de dinero que se incautó de la vivienda de “Cucho” es solo de US$ 30.000 y no US$ 800.000 como se había mencionado en un principio, de acuerdo a lo expresado por el letrado a Telefuturo.

Respecto a la imagen que se difundió ayer y en la que aparece el supuesto capo narco posando con Mario Abdo Benítez, el abogado afirmó: “Me habló de eso, él me dice que desconoce esa fotografía y que nunca estuvo en la casa del presidente”.

Su defendido cuestionó la veracidad y la legitimidad de la fotografía, esto a pesar de que ayer el propio presidente de la República confirmó que efectivamente había sido tomada en el quincho de su residencia, aunque aclarando que “no le identifica a esa persona” refiriéndose a Reinaldo Cabañas.

Según Cano, los 21 kg. de cocaína incautadas por la SENAD pertenecían realmente al hermano de “Cucho”, desmintiendo la versión de que pertenecían a su defendido.

Cuestionó el operativo realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Ministerio Público tildándolo de “irregular”. “Es obvio que está mal hecho el procedimiento. Los agentes fiscales allanaron la Fiscalía de Ciudad del Este, si ni ellos confían en su objetividad, cómo nosotros vamos a confiar, cuál es la institución en Paraguay que tiene una credibilidad del 100%”, expresó.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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