Mas de 1.300 niños y adolescentes lograron vacunarse tras intervención de la Defensa Pública

Más de 1.300 niños, niñas y adolescentes lograron vacunarse contra el COVID-19 durante esta jornada del “Día A” gracias a la intervención de funcionarios de la Defensa Pública, quienes gestionaron constancias de acta de nacimiento y autorizaciones de los padres.

Según el reporte brindado por el Ministerio de la Defensa Pública, un total de 1.394 niños, niñas y adolescentes con enfermedad de base se pudieron vacunar este viernes en los distintos vacunatorios del país gracias a la intermediación de sus funcionarios.

Específicamente, los Defensores y Defensoras Públicas se encargaron de gestionar las constancias de certificados de nacimiento de aquellos que no tenían consigo dicho documento, además de certificar la autorización de los padres para la inmunización.

Hasta el corte realizado a las 15:00 horas se diligenciaron 652 constancias de Acta de Nacimiento a través del sistema Gestión de Documentos en Línea (GDL) junto con 64 solicitudes de autorizaciones conseguidas a través de medios telemáticos.

De igual manera, se tuvieron 678 casos que incluyen la gestión de ambas situaciones a las que se sumaron otras cuestiones que requirieron intervención judicial en algunos casos para que se pudiera concretar la vacunación.

Los defensores del interior del país explicaron que fue crucial la presencia del Equipo de la Defensa Pública en los centros vacunatorios para resolver los casos relacionados, principalmente, la falta de presentación del Acta de Nacimiento y autorización de parte de padres o tutores para la vacunación.

En las ciudades de Encarnación, Natalio, Coronel Bogado, Capital Miranda y Tomás Romero Pereira lograron vacunarse 253 niños, niñas y adolescentes con la asistencia de la Defensa Pública, de acuerdo con los datos de la Coordinación de la Circunscripción de Itapúa.

Asimismo, en la localidad de J. A. Saldívar se tuvieron 97 casos resueltos para la vacunación; en San Lorenzo, 94 casos; Misiones 84; Luque 74, Concepción 72; Capiatá 64, y en similares cantidades las demás sedes de la institución.


 

"Misión humanitaria" que buscaba a hija de líderes del EPP será expulsada del país

Los integrantes de la misión humanitaria que vino desde Argentina para buscar a la hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez finalmente serán expulsados del país debido a que incursionaron en la zona de influencia del EPP sin contar con acompañamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, confirmó al canal C9N la expulsión de siete ciudadanos extranjeros que habían ingresado al país el pasado 19 de julio bajo la figura de una “misión humanitaria”.

El objetivo de esta comitiva era dirigirse hacia la zona norte del país para buscar a Carmen Oviedo Villalba, conocida como “Lichita”, quien es hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, líderes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Arriola confirmó que estas personas contaban con autorización de la entidad migratoria argentina y presentaron todos los documentos para avalar su ingreso al territorio paraguayo de manera legal.

Pese a ello, se les había aclarado previamente que para poder incursionar en la zona de influencia del EPP debían contar con autorización o un acompañamiento del CODI, organismo encargado de la seguridad interna en dicho sector, condición que incumplieron.

Durante un control realizado por miembros de la FTC al mediodía cerca de la estancia Cerro Guasu, integrantes de esta misión humanitaria fueron demorados al movilizarse sin autorización de los organismos competentes, detalló la directora de Migraciones.

Este hecho se considera como una trasgresión a la soberanía del Estado paraguayo y una violación a lo establecido en el Art. 81 - Inciso 7 de la Ley de Migraciones vigente en nuestro país.

La expulsión de estos activistas -que incluye a argentinos y un ciudadano colombiano- se hará por vía terrestre en las próximas horas.

 

Plantean exonerar multas para que propietarios retiren sus autos y motos del corralón

Desde la Junta Municipal de Asunción plantean exonerar por un plazo de 120 días las multas a los propietarios de automóviles y motocicletas que estén retenidas en el corralón. Con esto se busca descomprimir estos espacios que hoy día se encuentran abarrotados.

Humberto Blasco, presidente de la Junta Municipal de Asunción, manifestó a Unicanal que la minuta fue presentada el jueves y aprobada por unanimidad por los concejales asuncenos.

Según explicó, lo que se pretende es establecer una amnistía por 120 días a los propietarios de rodados de todo tipo para que se les puedan exonerar las multas y recargos que hayan surgido por una infracción de tránsito y que hayan derivado a su vez en la retención de sus respectivos vehículos.

Recordó que los corralones municipales se encuentran saturados, sobre todo por la gran cantidad de motocicletas que están abandonadas y siguen sin ser retiradas por sus dueños.

Igualmente, Blasco enfatizó que el remate de estos vehículos puede llegar a demorar años y es un trámite muy burocrático, por lo que la mejor alternativa es gestionar su recuperación.

Esta situación genera una complicación logística, ambiental y hasta presupuestaria al municipio ya que lo obliga a disponer de custodios en el predio, además de encargarse de poner un seguro, sin dejar de mencionar que se convierte en potencial foco de criaderos de mosquito.

De momento, la propuesta apunta a beneficiar a quienes tengan sus vehículos retenidos desde hace 3 años o más, aclaró.

La minuta se encuentra en instancias de la intendencia de Asunción, donde se debe definir su promulgación o veto.

 

Plantean modificar el Código Penal y dar 70 años de prisión a secuestradores

Hoy se presentó un proyecto de ley que busca aplicar penas carcelarias duras contra secuestradores. Se plantea modificar el Código Penal y aumentar el tiempo de prisión a 70 años.

Actualmente, el Código Penal establece penas privativas de libertad de hasta 30 años y otros diez en concepto de garantía, totalizándose 40 años como pena máxima en Paraguay.

Sin embargo, hoy se trató en Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar los artículos 38 y 126 del Código Penal para aumentar las penas.

El plan inicial es de 70 años. Aseguran que el secuestro en el país y en el mundo constituyen una violación a la libertad individual que socava los derechos humanos.

El artículo 38 se refiere a la duración mínima que es de seis meses. En el 126 se plantea incrementar de 15 a 50 años a la persona que con la intención de obtener para sí un beneficio patrimonial privara a otro de su libertad.