El fiscal de Sumarios de la Policía, Daniel Monzón, en entrevista con GEN-Nación Media comentó que personal de la División Combustible de la Dirección Administrativa detectó algunas inconsistencias en varias cargas de combustible.

Inicialmente se señaló a más de 500 funcionarios en el marco de esta denuncia, pero conforme avanzó la investigación se pudo identificar plenamente a un total de 424 personas, mencionó.

Todas estas personas fueron objeto de un sumario interno en la Policía Nacional a raíz de las irregularidades que fueron detectadas, confirmó el fiscal.

Según explicó durante la entrevista, las cargas de combustible que se hacían no correspondían al litraje asignado a las patrulleras, ya sean camionetas o motocicletas, superando ampliamente el margen.

“Esta investigación es a nivel nacional, el Comando Institucional dispuso la instrucción de un sumario a fin de que el personal involucrado pueda deslindar responsabilidades en cuanto a las cargas que se hicieron con su PIN”, mencionó Monzón.

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😦 424 funcionarios de la @policia_py fueron sumariados por supuestos malos manejos de tarjetas de combustibles. @minteriorpy

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— GEN (@SomosGENAhora) May 24, 2022

La imputada está identificada como Érika Melgarejo González (28), quien se encuentra privada de libertad y enfrenta cargos por los delitos de producción de riesgos comunes y amenaza de hecho punible.

El hecho ocurrió en una residencia donde funciona un consultorio odontológico ubicado en el kilómetro 5,5 del referido barrio de la capital del Alto Paraná, propiedad de la Dra. Myrian Vanesa Cabral González.

Según la investigación, la presunta autora llegó al lugar con un recipiente en mano que contenía combustible, tras cerciorarse de que nadie estaba dentro del local, derramó el líquido inflamable y le prendió fuego. Todo el movimiento de la sospechosa quedó registrado en la filmación del circuito cerrado del local.

La dueña del lugar, quien pudo observar a través de las grabaciones lo que estaba ocurriendo, acudió rápidamente hasta el sitio, donde fue agredida por la atacante, quien además la amenazó. La afectada alertó a los agentes policiales de la jurisdicción, quienes fueron al sitio y procedieron a la aprehensión de Melgarejo.

El asunto tendría como trasfondo una venganza contra los padres de la doctora Cabral, quienes tiempo atrás le habían alquilado una habitación a Melgarejo -que funciona al costado de la clínica odontológica- y luego la desalojaron por algunos problemas.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.