Durante la sesión en la Cámara Alta, el legislador de Hagamos, Tony Apuril, recordó que el Congreso aprobó el préstamo de US$ 130 millones a través del BID para el Mitic, de modo a potenciar la conectividad del Estado mediante la fibra óptica, pero finalmente no se terminó el proyecto y se desconoce si llegó siquiera a avanzar algo.

El congresista resaltó que recientemente el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) aprobó un total de 62.145.436 dólares para el proyecto educativo que busca llevar internet a 2.123 instituciones públicas de varios departamentos del país, beneficiando a 239.000 estudiantes, siendo que los 130 millones anteriores ya estipulaba esto.

“Durante la pandemia, el Mitic y el Fondo de Excelencia para la Educación destinaron más de 62 millones de dólares para una Red de conectividad de banda ancha en los colegios. No sabemos cómo está con certeza la famosa red de fibra óptica. La información que tenemos es parcial y que no está en funcionamiento”, resaltó.

Semanas atrás, el viceministro del Mitic, Miguel Martin, indicó que para el resto de este año y el próximo se prevé adjudicar unos 78 millones de dólares para poder desarrollar la cuestionada Agenda Digital.

FESTÍN CON EL DINERO

Pese a las denuncias y a las irregularidades detectadas el proyecto Agenda Digital se llevó a acabo, al parecer, a tambor batiente. La primera tanda del préstamo, unos US$ 32 millones, estipulaba contratar a más funcionarios, regalar sobresueldos a directores y gerentes del MITIC, y para pagar montos injustificables por alquiler de oficinas.

El préstamo del BID de US$ 130 millones será pagado por todos los paraguayos en un plazo de 24 años. Al respecto la Contraloría General de la República alertó en su momento sobre el impacto que tendría asumir el compromiso. El ente contralor alertó el efecto de este préstamo en los índices de liquidez para el año 2023 debido al vencimiento previsto de una parte de los bonos soberanos equivalente a unos 780 millones de dólares.

El gerente general de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Gilles García, admitió que la operadora de telefonía móvil Vox enfrenta una delicada situación financiera. Al mismo tiempo, descartó de forma tajante que la empresa se encuentre en quiebra y ratificó que se buscan aliados estratégicos para inyectar capital.

“Vox no está en quiebra, pero está muy mal financieramente. Es algo innegable. Por eso estamos desde el 2024 con el proceso de buscar inversionistas que quieran ayudar a inyectar flujo de dinero para poder levantar la empresa", explicó el directivo. El gerente de la estatal negó rumores sobre un eventual alquiler o liquidación de la misma, asegurando que cualquier acuerdo se hará manteniendo el 100 % de la soberanía de la compañía.

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REESTRUCTURACIÓN Y SANEAMIENTO DE COSTOS

“Lo que se está haciendo dentro de Copaco es una reestructuración. Ni siquiera se aumentó el gasto ni se crearon lugares dentro del organigrama; al contrario, se están borrando algunas dependencias y creando otras”, afirmó a Radio Ñanduti, destacando que luego de cuatro años se logró regularizar el pago al día del salario del personal.

Por otra parte, reveló que el balance correspondiente al ejercicio 2025 aún no fue aprobado debido a observaciones formuladas por auditorías externas, las cuales detectaron irregularidades en los registros contables anteriores. Actualmente, un nuevo equipo técnico revisa los números para transparentar la situación contable.

Respecto al rumbo estratégico, el ejecutivo señaló que Copaco busca reorientar sus prioridades y centrarse en la conectividad del país en lugar de competir directamente en el segmento de telefonía móvil e internet residencial.

Entre los proyectos destacados, mencionó la provisión de conectividad satelital Starlink a 2.100 escuelas públicas en todo el territorio nacional y el avance en una interconexión mediante la infraestructura de Itaipú para enlazar digitalmente Asunción con São Paulo.

Ruiz Díaz habló con ABC Color sobre el fin del plazo para la entrega de las declaraciones de ingresos y gastos de campaña (DIGC). El funcionario aclaró que las agrupaciones políticas registran los aportes posteriores para la rendición final de cuentas.

El director reconoció un problema crítico: la ley vigente no frena la infiltración del crimen organizado en la política. El diseño jurídico posterga la detección de infracciones hasta una etapa posterior a los comicios. Por este motivo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) halla las irregularidades recién tras el cierre de las urnas. La institución carece de garras legales para identificar dinero ilícito en tiempo real durante el proselitismo.

El sistema de fiscalización responde al Código Electoral (Ley 834/96) y sus cambios recientes como la Ley 6501/2020. El artículo 281 de la norma fija la entrega de la cuenta documentada final dentro de los sesenta días posteriores a las elecciones. Ruiz Díaz pidió una reforma integral del control público. Según él, el trabajo requiere la ayuda coordinada de más instituciones para atacar el origen mismo del dinero sucio y no solo su distribución.

El incumplimiento de estas reglas de transparencia quita subsidios estatales a los partidos y movimientos. Esta sanción llega incluso al cien por ciento del monto total que corresponde a la organización política. Sin embargo, el marco jurídico actual no castiga de forma directa a los candidatos infractores.

Como parte de los esfuerzos de mejora, el TSJE ahora usa herramientas de inteligencia artificial para hallar perfiles de riesgo en las candidaturas.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) días atrás informó sobre el hormigonado del primer dintel perteneciente al futuro viaducto de Luque.

Dicha obra, que forma parte de la Red Vial Estructurante, requerirá 58 metros cúbicos de material y tendrá un peso aproximado de 160 toneladas, ubicándose a unos 10 metros de altura.

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Este elemento de hormigón armado se ubica sobre las columnas de cada pila y cumple la función de distribuir uniformemente las cargas, sirviendo de apoyo a la plataforma elevada por donde circularán miles de vehículos al concluir la obra.

El Ing. Agustín Cabrera, fiscal de Obras del MOPC, comentó al canal GEN que, a la fecha, ya cuentan con 40 pilares construidos en el marco de este ambicioso proyecto que permitirá mejorar la conectividad entre Asunción, Luque e Ypacaraí.

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“Estamos sobre el cronograma aprobado, no hay problemas en ese sentido”, indicó, confirmando con ello el normal avance de los trabajos en este megaviaducto, cuya extensión total será de más de 3 kilómetros.

El plazo estimado para la culminación de las obras es de 30 meses, conforme al plan aprobado por el MOPC a la empresa contratista Rutas del Este.