La ministra de la Mujer, Nilda Romero viajó catorce veces en lo que va de su primer año de gestión. Para el total de sus viajes, se asignaron G. 90.058.917 en viáticos. Lo más llamativo es que Romero asistió a eventos que poco y nada tienen que ver con su cartera, como por ejemplo la XXIV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realizó en Polonia y para la que se desembolsaron G. G. 27.995.083.

Hasta la fecha, existen nueve decretos presidenciales que autorizan la ausencia de la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo. Hay nueve viajes aprobados, pero en la página web del Ministerio del Trabajo solamente figuran los viáticos de cinco de ellos y hasta el momento, no hay una versión oficial sobre los cuatro restantes. Para todas sus excursiones, le fueron asignados G. 32.480.572

El ministro de la Vivienda, Urbanismo y Hábitat, Dany Durand, también se encuentra entre los viajeros del Gabinete. Todos los viajes que realizó tendrían que ver con su cartera, pero lo que llama la atención es que solamente figura uno de los ocho que realizó en su primer año de gestión. Desde el MUVH, aseguran que los siete viajes que no figuran en la página web no fueron financiados con fondos públicos. Según el portal de la institución, el viático que se desembolsó para el tour Lima – Santa Cruz – Cochabamba fue de G. 4.244.994.

Con cinco viajes en su haber, Alejandro Peralta Vierci estuvo recorriendo el mundo con jugosos viáticos acompañado de varios miembros de su gabinete. Además, en el portal de la Presidencia de la República no existe ningún decreto por el cual se apruebe la ausencia del ministro y se designe un sustituto. Esto implicaría que no se comunicó al jefe estado de estas expediciones y que existe la posibilidad de que el Ministerio haya quedado acéfalo. El total desembolsado para el ministro del Mitic fue de G. 25.228.709

LOS MINISTROS INVESTIGADOS POR LA CONTRALORÍA

La Contraloría General de la República (CGR) halló inconsistencias en las declaraciones juradas de tres de estos cinco ministros viajeros.

En el caso de Nilda Romero, las incongruencias están en la declaración presentada en el 2015, donde manifestó que tenía un patrimonio de 1.800 millones de guaraníes y la del 2019, donde por los mismos inmuebles declaró tener 8.000 millones de guaraníes. Según Romero, el incremento de su patrimonio -en cerca del millón de dólares- se debe a que recién en su última declaración jurada de bienes ajustó el valor de su casa de hace 30 años, que está ubicada en el barrio Carmelitas. Aseguró que solo posee su vivienda y un automóvil que cambia cada cinco años a través de préstamos.

Por otro lado, investiga las discordancias en la declaración jurada de la ministra de Trabajo, debido a la no declaración de inmuebles y la no declaración de las posesiones de su cónyuge, con quien se encuentra casada sin separación de bienes. Por otro lado, existe una variación patrimonial no sustentable de G. 54 millones de abril del 2006 hasta agosto del 2007, tiempo en la que se desempeñaba relatora de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y para el que sostiene que pidió permiso a la Fiscalía General del Estado.

Dany Durand también está en la mira de la CGR porque, aparentemente, el ministro tiene una lancha y dos automóviles que no constan en el documento. Además, el arquitecto cuenta con un aporte de capital de G. 1.000 millones a las empresas Cris­tal Créditos SA e Inmobilia­ria Atenas no declarado.

En su defensa, Durand culpó a la Armada y al Registro de Automotores por no informar de la lancha y los rodados de su propiedad.

La empresa Insumos Médicos S.A. (Imedic) presentó una demanda contenciosa administrativa contra el Ministerio de Salud, impugnando dos resoluciones: una que rescindió el contrato para la adquisición urgente de insumos y camas en el marco de la pandemia de COVID-19; y otra que rechazó el recurso de reconsideración presentado por IMEDIC contra la rescisión del contrato, argumentando que fue injustificada, alegando fuerza mayor debido a las dificultades logísticas y de suministro generada por la pandemia.

La Procuraduría defendió la validez de las resoluciones, argumentando que Imedic incumplió con las especificaciones técnicas y los registros sanitarios de los bienes entregados.

Además, sostuvo que la fuerza mayor alegada por la empresa no era válida, ya que la pandemia era conocida al momento de ofertar y no justificaba los incumplimientos. También señaló que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no declaró la nulidad del proceso licitatorio, lo que hacía improcedente el planteo de Imedic.

Los incumplimientos de Imedic que llevaron a la rescisión del contrato por parte del Ministerio fueron: las actas de verificación detectaron que los bienes entregados no correspondían a los ofertados y adjudicados.

Por ejemplo, las camas manuales para pacientes no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas tales como: debían contar con 3 funciones, tener una capacidad de 200 kilos, lecho de red de metal, colchón forrado de tela vinílica y altura de la cama; los trajes de protección entregados no coincidían con la marca establecida en el contrato; algunos bienes entregados carecían de registro sanitario o este fue presentado de forma extemporánea, lo que contravenía las exigencias del contrato.

Así también, las mascarillas entregadas no cumplían con las especificaciones técnicas según algunos informes, aunque Imedic entregó las KN95 (China) supuestamente eran equivalentes a las N95 (EE.UU.) y FFP2 (Europa); y, finalmente, Imedic alegó fuerza mayor debido a la pandemia, pero el Ministerio consideró que las dificultades logísticas y de suministro eran previsibles al momento de ofertar y no justificaban los incumplimientos.

Estos incumplimientos llevaron al Ministerio a rescindir el contrato N° 197/20, argumentando que IMEDIC no cumplió con sus obligaciones contractuales.

El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, rechazó la demanda de IMEDIC y confirmó las resoluciones impugnadas. Consideró que los actos administrativos estaban ajustados a derecho, fundamentados y producto de un proceso administrativo que respetó el debido proceso.

El Tribunal concluyó que no se comprobó la vulneración de derechos administrativos preestablecidos ni irregularidades que desvirtuaran la presunción de legitimidad de los actos del Ministerio. Además, impuso las costas del juicio a la parte perdidosa (IMEDIC).

Alrededor de las 07:00 hs de este lunes se registró un hecho de arrollamiento sobre las calles 12 de Junio y Soldado Desconocido, en el barrio Molino de Luque.

La víctima es un niño de 11 años de edad, identificado con las iniciales J.A.M.V., quien se encontraba en compañía de su hermano. Ambos son estudiantes de la Escuela Básica “Fulvio Ramón Cubilla”.

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Imágenes de circuito cerrado muestran el momento en que estos niños se disponían a cruzar la franja peatonal cuando una motocicleta -que circulaba a alta velocidad- impactó contra uno de ellos.

A raíz del choque, la víctima fue arrastrada unos metros, aunque por fortuna solo sufrió heridas leves. Luego de unas horas en el hospital, recibió el alta médica.

“El susto de mi vida me llevé”, afirmó al canal C9N Bernardina Vera, madre del niño. La misma confirmó que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en esa zona.

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Por otra parte, el motociclista involucrado en el percance, identificado como Rodrigo Manuel López Díaz (19), fue demorado por la Policía. El mismo dio negativo a la prueba de alcotest.

Padres, docentes y demás miembros de la comunidad educativa repudian la falta de respuestas de las autoridades locales ante los reiterados pedidos de cobertura, tanto de la PMT como también de la Policía Nacional.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), el Dr. Lino López y el Dr. Gerardo Acosta; por la Secretaría Nacional de Deportes, la Dra. Silvia Patiño y el jefe de Federaciones, Mario González; así como representantes de Futbolistas Asociados del Paraguay, Gerardo Planás, Pablo Sosa y Rogelio Delgado.

En la apertura de la sesión, el senador Derlis Maidana subrayó que el objetivo principal del encuentro fue habilitar un espacio de diálogo abierto y constructivo para recibir opiniones, sugerencias, observaciones y críticas respecto a la propuesta legislativa.

Asimismo, el parlamentario destacó la relevancia de la participación activa de todos los sectores involucrados para asegurar que el proyecto sea implementado de forma inclusiva y consensuada, con miras a garantizar su eficacia.

Durante la exposición de motivos se explicó que la iniciativa plantea modificaciones a la legislación laboral deportiva con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica en las relaciones laborales entre clubes y futbolistas.

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Entre los principales cambios propuestos se encuentra la universalización del contrato escrito, que pasaría a ser obligatorio para todos los jugadores, sin distinción de la categoría en la que participen. También se establece que serán considerados profesionales todos aquellos jugadores que cuenten con contrato formal y perciban una remuneración igual o superior al salario mínimo legal. Además, se busca garantizar el pago de salarios y beneficios acordados, así como proteger los intereses deportivos de los futbolistas.

En el plano regulatorio, se enfatizó la intención de armonizar la legislación nacional con las normas internacionales establecidas por la FIFA, promoviendo coherencia y transparencia en los contratos y en la protección de los derechos de los jugadores.

“El proyecto cuenta con el respaldo total de la APF y de la Secretaría Nacional de Deportes; los futbolistas también manifiestan su acuerdo, aunque proponen algunas modificaciones”, expresó el senador Maidana.

A su vez, el presidente de la Comisión de Deportes, Juan Carlos Galaverna (h), informó que se resolvió postergar el tratamiento del proyecto por un plazo de ocho días, a fin de consensuar el texto y atender las observaciones planteadas por Futbolistas Asociados del Paraguay.