Tras más de un año de investigación conjunta entre la SENAD y el Ministerio Público, la Policía Federal  y la Seal of the United States Department of Homland Security, en la fecha se dio inicio a una operación que apunta a la desarticulación de un gran esquema de tráfico internacional de armas de procedencia europea a Paraguay y posteriormente a las facciones criminales más peligrosas del Brasil.

La acción abarca toda la cadena de valor de la organización criminal, desde la empresa (líder y vendedores), el órgano rector para importación y venta (DIMABEL) hasta los intermediarios que servían de nexo con las estructuras criminales del país vecino.

Se desarrollan en estos momentos 20 allanamientos en Central y Alto Paraná, otros 20 allanamientos en Brasil (en 6 estados) y un allanamiento en Kansas, Estados Unidos.

En el centro de la investigación se encuentra la empresa Internacional Auto Suply (IAS) con asiento en Asunción, cuyo presidente Diego Dirisio, de nacionalidad argentina, junto a su pareja Julieta Nardi serían los líderes de la estructura criminal. También figuran como objetivos de captura varios de sus colaboradores y vendedores.

INTERVENCIÓN EN LA DIMABEL

Por otro lado, se desarrolla una intervención en sede central de la DIMABEL en Asunción. En ese sentido, varios militares, algunos de alto rango, forman parte de la lista de personas a ser detenidas. La investigación, en un periodo de dos años, logró determinar la activa participación de los mismos en la autorización irregular para la importación de armas, alteraciones documentales para ajustar a la Ley de armas así como autorizaciones para las ventas irregulares a cambio de grandes sumas de dinero por parte de la empresa en cuestión, entre otras maniobras.

Así también se realizan intervenciones a varias viviendas y supuestos locales de “caza y pesca”, tanto en Asunción como Ciudad del Este.

MODUS OPERANDI

Según la investigación, mediante sus conexiones con DIMABEL, la empresa citada tenía facilidades para importar armas procedentes de Croacia, Eslovenia y República Checa. Las mismas recibían rápidas autorizaciones para la importación y posterior venta.

Seguidamente los lotes de armamentos eran adquiridos por intermediarios con conexiones directas con facciones criminales en todo el Brasil. Para justificar las supuestas transacciones se simulaban pequeñas ventas de 2 a 3 armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchos de ellos empleadas, jornaleros o estudiantes. En algunos caso éstos recibían pequeñas sumas de dinero por acceder a la maniobra, y en otros eran utilizadas sus identidades sin consentimiento.

Previo al envío al Brasil se procedía al borrado de los números de serie de las armas para evitar el rastreo y trazabilidad. Desde el año 2012, dicha empresa ya importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidos en nuestro país, sin embargo van a parar a los polos de violencia del crimen organizado en Brasil y toda la frontera.

De manera a que los pagos no sean rastreados, la estructura criminal hacía uso de “doleiros” que operaban interconectados entre Paraguay y Estados Unidos. Los mismos “pulverizaban” grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones menores a 5 mil dólares en diferentes cuentas que finalmente volvían a agruparse para realizar los pagos desde Estados Unidos.

El proyecto de ley busca regular la utilización e instalación de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, por parte de la Policía Nacional, que es el órgano rector.

En cuanto a la instalación de videocámaras, el proyecto establece que estará sujeta a la autorización de la Policía Nacional, que podrá ordenar de oficio, o ante solicitud fundada de los consejos vecinales o cualquier particular, la instalación de uno o más equipos en determinados sectores.

Otro aspecto principal anunciado por el diputado Ortíz da cuenta que no se requerirá autorización para la instalación de cámaras en las veredas de los domicilios particulares cuando ellas formen parte del circuito cerrado de seguridad de ese domicilio.

Asimismo, establece que la Policía Nacional tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre ulterior destino.

El proyecto deja en claro que serán consideradas faltas muy graves las siguientes infracciones: alterar o manipular los registros de grabaciones y el permitir el acceso de personas no autorizadas a las grabaciones o utilizar estas para fines distintos de los previstos legalmente.

El documento quedó aprobado en base al dictamen de la Comisión de Defensa, Seguridad y Orden Interno, cuyo presidente enfatizó que la iniciativa no pretende modificar estructuras de poder.

Se dispuso la remisión del documento, tras su media sanción, a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

Vicente Capello, director de Transporte y Tránsito de Asunción, señaló que la situación de las empresas de transportes permisionarias de Asunción, se viene analizando ya desde hace tiempo, ya que desde el 2014 reciben un subsidio menor a los que perciben las que operan en el área metropolitana.

“Tenemos que analizar desde la base del costo operativo. Tenemos que basarnos en los datos y en la realidad del sostenimiento del sistema”, sostuvo Capello.

Indicó que el deterioro de los buses y la desaparición de las empresas es consecuencia de una tarija que no fue reajustada, por lo que se prevé un aumento de G. 600, accediendo al pedido de las empresas que hoy operan en Asunción.

Explicó que se trata de una “reanimación urgente” y luego se verá si el paciente (empresas) sobrevive.

Asimismo, dijo que se encuentra en marcha la propuesta de migración del sistema actual al sistema “troncal alimentador con pasaje integrado”. Expresó que su implementación se podría dar en un par de meses.

Se trata del proyecto de ley “Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley Nº 1590/2000 ‘Que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT)’, relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”.

La iniciativa propone modificar y ampliar las disposiciones vinculadas con el Sistema Nacional de Transporte, preservando la naturaleza jurídica y autárquica de la Dinatran; así como establecer la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros.

Puede interesar: Internos de Asunción con “días de vida”: piden reajuste de G. 600 para seguir operando

El texto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referente a las obras públicas y el transporte.

Se crea, además, un Consejo Asesor como instancia consultiva, integrado por las autoridades competentes, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento que se encuentra en su segundo trámite constitucional fue aprobado en general, y a propuesta consensuada de los legisladores, se resolvió postergar por una semana su estudio en particular.

Varios parlamentarios adelantaron que, durante el tratamiento en particular del proyecto, plantearán una serie de modificaciones.