Menos presupuesto para hacer frente a violencia contra la mujer, feminicidios y otras lacras

El Ministerio de Hacienda prevé un recorte de 5% para el Ministerio de la Mujer y con esto, cuatro centros regionales, tres albergues e incluso Ciudad Mujer podrían dejar de funcionar.

El presupuesto actual es de US$ 3.597.684, lo que representa el 0,2% del total. Con este recorte que se tiene planeado para el 2020, el ministerio invertirá menos de un dólar por mujer. La viceministra de Protección de los Derechos de las Mujer, Lilian Fouz, manifestó que el observatorio de la Mujer para una vida libre de violencia, es una iniciativa que opera sin recursos.

El Ministerio de la Mujer piden la reposición de este 5% y además, solicitan una adenda de US$ 782.105. Desde la institución aseguran que el recorte pone el peligro el funcionamiento de varios centros asistenciales del interior y de albergues que acogen a mujeres con sus hijos. Con la disminución, aseguran que no podrán comprar alimentos, pañales o medicamentos suficientes.

Otro servicio que está en peligro debido al recorte es Ciudad Mujer en Villa Elisa, que atiende en promedio a 350 mujeres por día. Solamente por el alquiler del predio de IPS deben pagar G. 10.000.0000.

El ministerio invierne 1,1% de su presupuesto en campañas de prevención de la violencia de género. Estas iniciativas también se verán afectadas por el recorte.

En 2018, se reportaron 59 feminicidios y en lo que va de este año, ya son 32, con más de 60 niños que quedaron huérfanos a raíz de esta situación. Según los datos oficiales, el año pasado fueron recibidas 5.916 llamadas al 137 S.O.S. mujer y 1.087 mujeres solicitaron Servicios de Atención a la Mujer por algún tipo de violencia sufrida.

 

Insólito: narco sale de Tacumbú para ir a alentar a Olimpia y ver a su novia

El reo Aldo Ramón Moreno Ledezma, condenado a 13 años por tráfico de drogas, salió de manera irregular de la cárcel de Tacumbú para ir a un partido de fútbol y visitar a familiares. Los guardiacárceles fueron sumariados y denunciados ante la Fiscalía.

El Ministerio de Justicia dio a conocer la información y denunció el caso ante el Ministerio Público para aclarar la grave situación ocurrida el pasado 25 de septiembre, cuando el narcotraficante condenado Aldo Ramón Moreno Ledezma salió de la Penitenciaría Nacional de manera irregular.

El reo alegó que a las 9 de la mañana, el custodio Mario Bulquin y un chofer de la cárcel lo trasladaron hasta un centro oftalmológico para una consulta. Allí supuestamente solicitó a ambos que lo dejen y lo buscaran recién al día siguiente parare tornar al penal, ya que quería visitar a sus familiares. Esto efectuivamente ocurrió tal cual, porque el interno recién volvió a prisión al día siguiente.

Lo llamativo del caso fue que el propio recluso publicó fotografías en su estado de la aplicación de mensajería WhatsApp. Mediante las instantáneas se pudo observar a Moreno Ledezma sentado en la gradería de un estadio deportivo, burlando así toda medida de seguridad, y otra fotografía en compañía de una mujer en el patio de una vivienda particular.

En el cuaderno de traslado a hospitales no consta la orden de consulta médica para el mencionado interno y tampoco figura en la carpeta de salidas por órdenes judiciales de la sanidad. Esto hace sospechar que la salida solo pudo haberse dado bajo la complicidad de los funcionarios del penal.

La administración de la cartera de Justicia remarcó que está en contra de éste tipo de hechos, por lo que procedió a la denuncia penal ante el Ministerio Público e instruyó sumario administrativo, a fin de determinar las responsabilidades y la totalidad de los implicados.

 

Caso Bonifacio Ríos: ven como extraño que ujier haya notificado sobre resolución vieja

No existen motivos para enviar una nueva notificación al Congreso Nacional, por lo que resulta muy llamativa la actitud del ujier, a criterio de la Procuraduría General de la República.

Como si hubiese ocurrido algo nuevo, un ujier notificó al Congreso sobre una resolución del año 2009, en la que se ordenaba la reposición del doctor Bonifacio Ríos Ávalos, en su cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia y el pago de los salarios caídos.

“No sé por qué se realizó una notificación al Senado, quizás haya sido un acto fallido del propio ujier”, comentó el procurador general de la República, Sergio Coscia en contacto con la 730 AM.

En cuanto a la aboga Sara Parquet y la información de que ella pagó al ujier para que lleve esta notificación, el procurador aclaró que esto sería algo muy natural, ya que Parquet es defensora legal de su esposo, Bonifacio Ríos.

Ríos había presentado la demanda junto a su colega Carlos Fernández Gadea (+) en el año 2004, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto atentado a la independencia de poderes.

Recién en el 2009 se admitió la denuncia y la Comisión Interamericana recomendó una solución amistosa, mediante la reposición en el cargo y el pago de los salarios caídos.

Aquella vez Paraguay no aceptó esta “recomendación”. No obstante, al cumplirse una década de esto, la misma CIDH encuentra que existe violación de la independencia del Poder Judicial.

 

Si no renuncia, Torres se expone a interpelación: diputados preparan cuestionario

El pedido de interpelación al titular del Indert, Horacio Torres, será estudiado el miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados. De aprobarse, el presidente del ente estatal deberá responder sobre el esquema de coimas instalado en su institución.

El diputado liberal Celso Kennedy indicó a la radio Universo 970 AM que el miércoles será tratado el pedido de interpelación al titular del Indert, Horacio Torres. Indicó que el motivo se debe a las denuncian que recibían constantemente contra los malos manejos de la institución y a eso se sumaron las publicaciones periodísticas que hablan de una rosca mafiosa coimera.

De momento cada bancada está elaborando su propio cuestionario, para luego unificar las preguntas y aprobar, para lo cual se requiere de mayoría absoluta de votos. De darse los números necesarios, luego se deberá llamar a una sesión extraordinaria para proceder a la interpelación.

Kennedy detalló que la autoridad del Indert deberá responder cuáles fueron las medidas administrativas implementadas en su administración para prevenir, descubrir y sancionar a los funcionarios corruptos, en atención a que fue habilitada una oficina anticorrupción, pero que, a su parecer, no atiende las denuncias.

Otra pregunta que deberá responder es cuál es la situación en que se encuentran las tierras fiscales. En ese sentido deberá indicar las compras realizadas, las expropiaciones, los arrendamientos, etc. “Muchos tienen extensas hectáreas pero no pagarían ningún tributo porque no están a su nombre”, aseguró el legislador al respecto.

En el caso de que Torres presentara su renuncia al cargo, no tendría sentido seguir con la interpelación, de acuerdo con el entrevistado. De darse ese escenario, se dejará al Ministerio Público seguir con su investigación.

US$ 7 MILLONES PARA FAMILIA ANTEBI

Este martes, salió a luz que la actual administración del INDERT a cargo de Horacio Torres, ordenó el pago de Gs 44 mil millones en concepto de “intereses” por las tierras de Antebi Cue. El pago por intereses a favor de la familia Antebi mantiene una larga controversia entorno a su legitimidad.

De acuerdo a los registros de contabilidad del INDERT a los que accedió el equipo de la Caja Negra, se procedió al desembolso, en tiempo récord y sin medidas judiciales de por medio, de 3 pagos en total a favor de la empresa vinculada a la familia Antebi.

El empresario Roberto Antebi y su hijo Alberto Antebi Duarte mantienen conocidos vínculos de amistad con el Ministro Rodolfo Friedmann. Este último acusado de manejar el INDERT a su antojo. Como si fuera un feudo de su propiedad, logró ubicar en puestos clave a sus leales y más cercanos colaboradores. El nombre del ministro saltó además en los escándalos de coima y apriete que afectan a la institución.