El abogado Carlos Mendoza, defensor de la Tte. Cnel. Quintero, en contacto con nuestra redacción confirmó todos los detalles de este nuevo caso en el que se vio involucrada su defendida.

Según relató Mendoza, la misma cumple funciones habitualmente en la Escuela de Formación de Suboficiales de la Armada (EFSOA) ubicada en Sajonia, pero desde el día lunes fue designada para prestar servicios en la Unidad de Tiro en la localidad de Cerrito, en el Chaco paraguayo.

Debido a que el jueves se suspendió la práctica de tiro por la lluvia, la Tte. Cnel. Quintero se presentó directamente en su unidad de Sajonia. Al llegar allí fue informada de que, tras una revisión de rutina, se percataron que su lugar de trabajo supuestamente no se encontraba en condiciones, además que los funcionarios a su cargo no tenían al día los informes, motivo por el cual fue sancionada con el arresto disciplinario por un plazo de 48 horas.

Tras darse este hecho, acudieron a la comisión del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. La encargada de turno, Soledad Villagra, se hizo cargo del caso y acudió hasta la unidad en la que presta servicio Quinteros de manera a tratar de destrabar la situación.

Después de reunirse con las autoridades militares, la Dra. Villagra consiguió que le firmen un escrito otorgándole permiso a la Tte. Cnel. Quintero para que pueda salir de la unidad el día de hoy a las 07:00, haciendo una excepción ante la coincidencia con el cumpleaños de su hijo.

A pesar de que el permiso tenía ese horario, la salida pudo concretarse recién a las 11:00 debido a unos pedidos de informes que debieron realizarse previamente.

El abogado comentó que en principio, el arresto debía extenderse hasta el día sábado a las 08:00 antes de que le sea otorgado el permiso, por lo que no saben con exactitud si al terminar el festejo de cumpleaños la Tte. Cnel. Quintero debe volver a presentarse en su unidad para completar el arresto disciplinario.

Mendoza también precisó que ella fue sancionada a pesar de no encontrarse en su unidad cuando se cometió la supuesta irregularidad de limpieza, pero que por tratarse de la encargada del lugar y tener otras personas a su cargo recibió la medida disciplinaria.

Un dato importante que señaló es que en la nueva Ley de Feminicidio, que por el momento aún no está en vigencia, existen normativas que se adecuan a lo que está sucediendo a su defendida, por lo que se tendría que velar en todo momento por el cumplimiento de las mismas.

ANTECEDENTES

La Tte. Cnel. Carmen Quinteros había solicitado a través de una medida judicial que se le permita amamantar a su hijo recién nacido, amparándose en la Ley Nº 5508/15 de “Promoción, Protección de la Maternidad y Apoyo a la Lactancia Materna”.

Dicha solicitud habría sido rechazada por las autoridades militares, negándole a la mujer la posibilidad de cumplir con el debido proceso de amamantamiento durante el período de lactancia del menor.

Posterior a este hecho, la misma fue sumariada por supuestas “faltas contra la disciplina militar” y “desacato”.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

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Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.