El ingeniero Rodolfo Segovia, director de Caminos Vecinales del MOPC, explicó que la zona en cuestión se encuentra en estado emergencia, con alrededor de 650 km caminos en malas condiciones; por ello, se recurrió a un convenio con el Ministerio de Defensa, para tener una respuesta rápida en los primeros 75 km en el tramo desvío Carmelo Peralta-Toro Pampa, que será un alimentador del futuro camino asfaltado Carmelo Peralta – Loma Plata, que ya fue adjudicado. Luego se pasará al tramo Toro Pampa Fuerte-Olimpo y, por último, Toro Pampa Bahía Negra.

Como se trata de un terreno plano, una de las tareas principales será elevar el carril de circulación entre 60 a 80 centímetros; además, se instalarán obras de drenaje, de manera que las aguas se puedan deslizar el rio Paraguay. También se verá la posibilidad de implementar un producto que ayude a que el camino reparado pueda ser más resistente, lo que alargará su vida útil. Los trabajos serán fiscalizados y supervisados por el MOPC.

Los miembros del Comando de Ingeniería se quedarán en Toro Pampa y la inversión inicial será de G. 20 mil millones. El plazo del convenio con el Ministerio de Defensa es de dos años, pero el contrato con el Comando de Ingeniería tiene un plazo de ejecución de entre 12 a 15 meses.

Una de las ventajas que tiene este convenio, es que los del Comando de Ingeniería colaborarán para solucionar cualquier problema que suceda en la localidad

El repelente está indicado para utilizarlo al aire libre, cubriendo las superficies expuestas de piel. Al momento de la adquisición, se debe verificar que contenga hasta 30% de D.E.E.T. como principio activo.

Su aplicación debe realizarse de acuerdo con la transpiración de cada persona y las especificaciones en la etiqueta del producto. Así también, se recomienda su uso posterior al protector solar.

La cartera sanitaria exhorta a no rociar el repelente en espacios cerrados ni directamente sobre el rostro, por debajo de la ropa, en heridas abiertas, piel irritada o mucosas (boca, nariz, ojos).

Una barrera de protección complementaria es el uso de prendas de vestir de colores claros que cubran la mayor parte del cuerpo, para reforzar la protección contra picaduras de mosquitos y otros insectos.

Rolando De Barros Barreto, ministro del Ambiente, en conversación con la radio Universo 970/Nación Media, destacó la importancia de la nueva comisión creada por el Ejecutivo.

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Explicó la iniciativa nació tras una convención internacional de la ONU que recomendó a cada país que cuenten con una comisión Nacional para que establecer acciones, mecanismos y estrategias para reducir riegos de desastres en el suelo.

“Lo que permite el decreto del presidente es asumir un compromiso para proteger el ambiente y hacer que diferentes instituciones del Estado puedan trabajar en una misma línea y se complementen entre sí para la protección del medioambiente”, expresó De Barros.

La Vocería del Gobierno anunció esta mañana la firma del decreto 2990 por el cual se crea la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que trabajará con la Oficina Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, dependiente del Mades.

Tiene la responsabilidad de acompañar el diseño de políticas públicas para combatir la desertificación y todos sus efectos que son transversales y que tienen también un impacto directo sobre la economía.

Se trata de un intento por combatir las actividades delictivas organizadas desde las cárceles. La iniciativa corresponde al diputado colorado, José Rodríguez, cuya propuesta subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y, hasta riesgo de planificación de fugas.

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El proyecto de ley propone penas privativas de libertad que oscilan entre dos y siete años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta siete años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

La exposición de motivos resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

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Datos oficiales revelan que hasta agosto del presente año se incautaron más de 500 celulares en las cárceles, evidenciando la gravedad del problema.

La propuesta fue derivada a las comisiones de Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; Ciencia y Tecnología; y Reestructuración y Modernización del Estado. En estas instancias, se analizarán sus implicancias legales y prácticas antes de su posible debate en el pleno.