Un documento filtrado a nuestro medio revela al menos 23 transferencias bancarias del Instituto José P. Guggiari, ONG que recibe los recursos provenientes del subsidio electoral, realizadas a favor de un grupo que gira en torno a unas seis personas princi­palmente, coincidentemente todos operadores del presi­dente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, derrotado por ter­cera vez en elecciones presi­denciales de la República, el pasado 30 abril.

Los documentos que llegaron a nuestra redacción muestran transferencias bancarias del instituto José P. Guggiari rea­lizadas entre los meses de noviembre de 2021 y mayo de 2022. Cabe recordar que el pedido de este informe se había remitido al Banco Nacional de Fomento (BNF), cuando el extesorero del Par­tido Liberal Dionisio Amari­lla denunció en enero del año pasado la supuesta extracción irregular de dinero para sol­ventar la convención liberal de marzo de 2022 y que gira en torno a unos G. 600 millones.

El mismo Amarilla había rei­terado en su cuenta de Twit­ter que existió la extracción irregular de la suma men­cionada más arriba. Precisa­mente, en los tiempos en que se activaba el evento partida­rio, es decir, la convención del PLRA, iban millones de gua­raníes a las cuentas de algu­nos leales a Alegre, gracias a transferencias desde la caja de ahorro del Instituto José P. Guggiari.

Cabe recordar que el referido instituto recibe los fondos consistentes en los subsidios provenientes del Tribunal Superior de Justicia Electo­ral (TSJE), que corresponden al PLRA, y se encarga de ejecu­tar los recursos en capacita­ciones, etc. Sin embargo, estas transferencias detalladas en el documento adjunto a este artículo no figuran como gas­tos de rendición de cursos y se convierten en verdadero mis­terio que fueran a parar a las cuentas de estos operadores.

Entre los beneficiarios apa­rece Marlene “Chispita” Orué, conocida operadora de Alegre, una de las proce­sadas en su momento por la quema del Congreso Nacio­nal. Según el informe del BNF, la mujer recibía importantes transferencias por parte del citado instituto, los montos incluso alcanzaban el tope establecido para los envíos de dinero y se realizaban en tiempo récord, algunos hasta en una misma fecha.

Aparece también el nombre de Alexandra Sara recibiendo G. 20 millones en abril de 2022. Ella es una odontóloga a quien se la ve muy activa en el grupo de Chispita; Stiben Patrón, otro de los cabecillas del PLRA sindicado en la quema del Con­greso Nacional.

Otros operadores, dirigen­tes del PLRA como Martín Cogliolo, César Izquierdo, apa­recen en la nómina de benefi­ciarios. (Ver documentos).

¿Qué hicieron con la plata?, es la gran pregunta porque estos montos no figuran en las ren­diciones de gastos en el portal del Tribunal Superior de Jus­ticia Electoral.

No hay que olvidar que Mar­lene “Chispita” Orué es una de las capacitadoras prefe­ridas de la administración Alegre. Junto con Armando Sosa Traverzzi, identifi­cado en redes sociales como pareja de la misma, suman por honorarios el valor total de G. 172 millones entre 2019 y 2021.

No tuvieron compasión a la hora de gastar en cursos que, según lo observado en redes sociales, reunía al grupo de amigos de siempre. Sin esca­timar recursos, en los regis­tros del TSJE obran facturas de Chispita y Traverzzi emi­tidas hasta en víspera de Año Nuevo, es decir, con fecha del 31 de diciembre. (Ver infografía).

La gestión inmisericorde no solo generó una repartija de honorarios por curso de capacitación entre leales que, según las ejecuciones publi­cadas en el portal del TSJE, asciende a G. 2269 millones entre el 2019 y el 2021, sino también se llevó al PLRA a un profundo endeudamiento incumplido que lo sometió a 91 embargos judiciales oca­sionados durante la adminis­tración Alegre.

Los montos revelados, tanto de las transferencias reali­zadas a las cuentas particu­lares de los operadores del PLRA, como los cursos y los embargos son montos obteni­dos a pulmón mediante pro­visión de información con fuente reservada desde los órganos pertinentes, debido a que la administración Ale­gre no cumple con la trans­parencia de los gastos, por lo que resulta todavía un difí­cil desafío acceder al movi­miento financiero total de su partido durante su gestión.

En entrevista con la radio 650 AM, el juez Darío Báez señaló que la causa contra Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, “era muy simple”.

“Ambos terminaron condenados, con 4 años la señora Patricia y el señor José con 3 años y 9 meses, por el famoso caso de agua tónica de Petropar. Muy pocas veces tenemos tanta claridad desde el principio. El Ministerio Público creyó conveniente y presentó todo el argumento que existía, pero ya desde el principio era demasiado evidente que estas compras nunca se hicieron. Desde el principio era muy claro que nunca se realizaron estas compras y únicamente se utilizaron documentaciones para cumplir con lo que hace a las carpetas. Finalmente, es una compra disimulada con documentos”, señaló.

La condena se dio en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. Ese dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada con el único fin de cubrir una deuda que tenía el esposo de la titular de Petropar.

“Todo el tiempo estamos teniendo juicios de corrupción pública, pero este es mucho más ofensivo porque en ese momento de desesperación de cada paraguayo prácticamente, aprovecharon estas personas para poder pagar sus propias deudas”, cuestionó el magistrado.

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Por su parte, el fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

La constitución de esta región en zona roja, de alta movilidad de agrupaciones narco, empujó al gobierno a definir una mayor presencia, permanente, en el departamento que está siendo azotado por una guerra de pandillas que disputan territorios para producción de marihuana, y de pistas clandestinas para trasporte de cocaína.

La idea general de la nueva estrategia de seguridad para Canindeyu, contempla el uso de unidades especializadas en combate, inteligencia y el uso de nuevas tecnologías de control y detección de actividades irregulares.

La gran extensión del departamento, amplias zonas boscosas, lo convirtieron en escenario ideal para operaciones de grupos criminales. Entre estos resaltan que existen seis bandas, dos de las cuales: la liderada por Felipe Santiago Acosta, alias Macho, y la otra comandada por Benicio Silva, alias Silva hu, son las que disputan por la hegemonía.

En el caso del fugitivo Acosta, ahora se sabe que cuenta con el apoyo de una banda de sicarios, supuestamente liderada por Selva Portillo Rodas, alias ña Selva.

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La parte delantera de una camioneta donde se encuentra el motor, ardió en llamas esta mañana, pero gracias a la rápida acción del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, se logró sofocar las llamas antes de que el rodado sea consumido completamente por el fuego.

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De acuerdo al informe policial, se trata de una camioneta de la Marca Ford modelo Escape de clor negro, chapa UAE 592, propiedad de María Elena Barrios (47), de nacionalidad argentina, domiciliada en el barrio San Roque de Ciudad del Este.

La afectada manifestó a los intervinientes que minutos antes del incidente dejó su vehículo estacionado, poco después el guardia del recinto le avisó que su rodado se incendiaba.

Rápidamente se dio aviso a los bomberos voluntarios que lograron evitar que el fuego consuma por completo el automóvil.

Por el momento se desconoce cómo se originó el incendio, por lo que se procederá a la revisión para encontrar la causa.

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