La citada cartera estatal de esta manera contestó el oficio N° 95 remitido por la fiscala Natalia Fúster quien está investigando el hecho punible de prevaricato de la magistrada Irún en vista a que la misma violó la ley N° 2532/05 que establece la seguridad fronteriza de la República del Paraguay y prohibe conceder inmuebles a empresas extranjeras.

El documento que ya está en manos de la fiscala Fúster lleva la firma de Luis Alberto Zárate Pastor secretario ejecutivo de la Cizoef dependiente de, Ministerio de Defensa Nacional encargada de resguarda y hacer que se respete la ley de soberanía nacional. Asimismo el citado ministerio remitió a la fiscalía un mapa donde claramente se identifica las fincas que la jueza Irún entrego a extranjeros.

La magistrada Irún fue denunciada en sede del Ministerio Público por prevaricato (actuación contraria a la ley) por hacer lugar a un juicio civil donde dispuso la titulación de 310 mil hectáreas de tierras a favor de extranjeros violando la ley N° 2532/05 que establece la seguridad fronteriza de la República del Paraguay que prohibe conceder inmuebles a empresas extranjeras.

También el denunciante Evaristo Fernández, presentó a la fiscala Fúster varios elementos de prueba como ser la pericia georreferenciada de fincas en la que se demuestra que la magistrada denunciada penalmente entregó los inmuebles ubicados en la zona de seguridad fronteriza a las off shore o empresas de maletín. Asimismo no se descarta que dichos inmuebles estén en manos de brasileros lo cual pone en riesgo la soberanía de nuestro país.

La denuncia penal contra Irún refiere que la magistrada violó expresamente la Ley 2532/2005, que regula la zona de seguridad fronteriza. Dicha norma fue sancionada y promulgada a fin de preservar la demarcación territorial y prevenir la ocupación u obtención de dichas tierras justamente por parte de personas físicas o jurídicas, ya que se encuentran en zonas limítrofes.

El documento explica que las zonas en cuestión son demarcadas por el Ministerio de Defensa Nacional y tal situación también se anota en la Dirección de Catastro y en los Registros Públicos.

La norma legal dice claramente que ni un escribano público ni mucho menos el juez puede autorizar un acto jurídico de transferencia porque viola la ley de territorialidad. Por lo tanto, la determinación adoptada por la magistrada Tania Irún es completamente irregular y antijurídica debido a que la misma ordenó la transferencia de inmuebles que están en zonas fronterizas, sostienen.

Magalí Bazán comentó al canal GEN que, en noviembre del año pasado, desconocidos se habían comunicado con su esposo haciéndose pasar por empleados de la empresa Tigo. “Primero le llamaron de un número y luego le escribieron al WhatsApp de otro número”.

En aquel momento, le habían dicho que supuestamente fue adjudicado con un premio, por lo que le solicitaron algunos datos para cotejar su identidad. Gracias a ello, lograron acceder a su banca web del banco Itaú, entidad de la que la víctima es cliente.

A partir de ese momento, los delincuentes tuvieron posibilidad de hacer la solicitud de un préstamo por la suma de G. 28.300.000, sin que el titular de la cuenta haya dado su consentimiento, indicó la denunciante.

Te puede interesar: Con celular robado, vaciaron cuenta bancaria e hicieron compras, ¿sin su contraseña?

Posteriormente, los estafadores bloquearon el número de la víctima para evitar que haga un nuevo contacto, a lo que Bazán decidió utilizar su número particular para volver a escribirles y reclamarles lo ocurrido.

Según relató, la persona que estaba del otro lado amenazó con “hacer lo mismo con su cuenta”, haciendo alusión a que supuestamente también intentarían acceder a sus datos para robarle dinero.

La mujer cuestiona el hecho de que los ciberdelincuentes pudieran solicitar el préstamo sin que el banco se haya contactado con el titular de la cuenta o hecho las verificaciones de rigor para este tipo de casos. “A él no le llamaron, ni siquiera le mandaron un correo, al entrar en su aplicación recién se dio cuenta”.

Leé también: Acusan a exministro de Abdo por coima, robo y lavado

En este caso, el monto total fue transferido en dos partes, a nombre de Natividad Nancy y Ever Hugo Rodríguez, respectivamente. “Cómo al banco no le llamó la atención que se hizo esa transacción y que automáticamente se transfirió el dinero a otras cuentas”, repudió.

Tras varios meses de este episodio, los afectados siguen sin tener ningún retorno por parte del banco Itaú, por lo que reclaman la falta de interés, así como el hecho de tener que encargarse de pagar mensualmente el préstamo, pese a no haber hecho la solicitud del mismo y no disponer de ese dinero.

#AlAire970 | 📞 Magali Bazán, denunciante

😮Hicieron un préstamo a través de la App del banco y no fue el titular: "Desde el año pasado nos dicen que nos darán una respuesta desde la entidad y nada".

🎙@mikeotr @martidiazm
👥#2EnLaCiudad
📺@SomosGEN📻#Universo970AM pic.twitter.com/L4J8Jbdi85

— Universo 970 AM (@Universo970py) April 25, 2024

Un automóvil de la marca KIA, con chapa paraguaya CDV 798, colisionó frontalmente contra una motocicleta que resultó en la muerte del conductor.

Lea: De templo donde “rezaba” Marset a PC anticrimen, en parajes de Macho y otros

Los datos refieren que el automovilista perdió el control de su vehículo, invadió la pista contraria y se llevó por delante el biciclo que circulaba en sentido contrario. Había dos personas el auto, no obstante, los agentes del vecino país no brindaron más detalles sobre la identidad de las dos personas, pero se cree que serían paraguayos.

El accidente con derivación fatal se registró ayer de las 17:00 horas (16:00 de Paraguay), en las inmediaciones del acceso a la avenida República Argentina, zona céntrica de la mencionada ciudad brasileña. El fallecido fue identificado como Renivaldo Alves Pereira, quien era el conductor de la motocicleta.

Lea más: Camioneta se incendia en el estacionamiento de un local en CDE

El agente fiscal Leonardo Cáceres, de la Unidad Regional de Capitán Bado, representó al Ministerio Público en el juicio oral en el que Elvio Ramón Quiñónez Bogado fue hallado culpable y condenado a 28 años de pena privativa de libertad por la comisión del hecho punible de feminicidio. El hombre tenía prohibición de acercarse a la víctima por una denuncia de violencia familiar.

Según los antecedentes de la causa, Quiñónez mató a su expareja en diciembre de 2020 en el distrito de Capitán Bado. El hombre había llegado a la vivienda de la mujer efectuando varios disparos que impactaron en la víctima que resultó con heridas. Ella ingresó a la casa para refugiarse, luego perdió fuerzas y cayó al suelo, donde falleció.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las juezas Librada Beatriz Peralta Céspedes, Marcelina Quintana de Acosta y Mirna Carolina Soto González.