Ministerio de Trabajo menciona nuevas medidas con la aprobación de la Ley de emergencia

El ministerio de Trabajo anunció que 37 empresas suspenderían sus actividades laborales, no obstante prevén ayudar al sector empresarial para que sostengan el empleo en el mes de abril con medidas que fueron aprobada en la Ley de Emergencia. La Titular de la cartera, Carla Bacigalupo, señaló que para la semana que viene oficializarán el pago del aporte de IPS recién en el mes de julio y de forma fraccionada.

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, manifestó que hasta el momento tienen 37 pedidos de suspensión de actividades comerciales de diferentes empresas, lo que implica un total de 1.434 trabajadores afectados. No obstante, 6 de las empresas que presentaron el pedido, lo harán con goce de salario. En ese sentido la ministra aclaró que no siempre las suspensiones se dan bajo esos requisitos.

Bacigalupo señala que las suspensiones están en estudio y que para la semana que viene sacarán un listado. Para la prioridad tendrán en cuenta los que tengan el acuerdo con los trabajadores con los sueldos pagados.

“Nosotros tenemos en cuenta la Ley de equidad. Hicimos el llamado a las pequeñas y mediana empresas para pedirles que sostengan el empleo hasta fin de marzo, en cuanto a las empresas grandes que hagan una disminución pero que garanticen el salario, por lo que no podemos dejar al eslabón mas débil sin sueldo “, enfatizó la ministra.

La titular del Trabajo, mencionó para el efecto utilizaron 5 recursos como: vacaciones remuneradas, aguinaldo proporcional, teletrabajo o trabajo a distancia, anticipo de salario y suspensión colectiva de actividades laborales prevista en el artículo 207 del código laboral. Todas estas medidas han ayudado para que el sector empresarial pueda llegar al mes de marzo con pago de salario.

No obstante, el mes de abril se presenta como un escenario nuevo para los empleadores. Sin embargo, la ministra mencionó que tienen previsto la suspensión de las actividades de las MiPymes pero teniendo el apoyo del subsidio previsto en la Ley de Emergencia.

“Ese subsidio del 50% que va a pagar IPS se va a disponibilizar a través de la suspensión otorgada por el Ministerio de Trabajo, priorizando a las pequeñas y medianas empresas afectadas”, sostuvo.

En cuanto a las empresas que no pueden pagar, Bacigalupo habló acerca de las líneas de créditos y renegociación, alegando que todas los bancos tomaron la misma medida del Banco Central del Paraguay por lo que se otorga créditos muchos más blandos y accesibles.

Con la Ley de emergencia, el Fondo de Garantía de MiPymes y Crédito Agrícola de Administración accederán a USD. 45 millones para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.

“Desde el Gobierno Nacional ayudamos para que el empleo y las empresas se sostengan; en caso de que algún empleador ya no tenga para pagar salario, puede acceder a esta línea de crédito bastante accesible que estamos ofreciendo. Para cuando esto se vaya alargando, se toma las medidas que brinda el Estado como la composición de Tributo, de crédito, fraccionamiento de servicios públicos. Otro ahorro que sacaremos en la semana es que el patrón no pague el aporte patronal a IPS, recién en el mes de julio y en forma fraccionada”, puntualizó.

 

COVID19: El Salvador y Paraguay, países similares pero con medidas muy diferentes

Diversos países, como el Paraguay, anunciaron medidas como suspensiones de pagos y ayudas estatales para ayudar a la población a enfrentar al coronavirus, pero fue el plan salvadoreño el elogiado por miles de personas en todo el mundo.

En medio de la pandemia global del coronavirus, una de las estrategias propuestas por un país tan pequeño como El Salvador consiguió llamar la atención de ciudadanos de medio mundo, de acuerdo a lo que destaca BBC Mundo. El país centroamericano, que estuvo entre los últimos en reportar la presencia del covid-19 en América Latina, dio a conocer este fin de semana su ambicioso paquete de medidas económicas que se volvieron virales en redes sociales.

Según el Plan de Respuesta y Alivio Económico ante la Emergencia Nacional contra el covid-19, dicho gobierno suspenderá el pago de los recibos de electricidad, agua, teléfono, cable e internet por los próximos tres meses.

También se aplazará por el mismo período el pago de alquileres y de las cuotas de créditos hipotecarios, de consumo, tarjetas o crédito de vehículo para personas o empresas afectadas por la pandemia. Se regularán los precios para evitar un aumento que afecte a sectores más vulnerables.

Además más de 1,5 millones de personas que consumen menos de 250 kilovatios de energía eléctrica mensualmente recibirían un bono de US$300 para compensar el paro laboral que afectará principalmente a quienes se dedican al comercio informal. De cumplirse esto último, el Estado desembolsaría unos US$450 millones en subsidios para personas afectadas.

COMPARATIVO CON PARAGUAY

En el caso de PAraguay, el Poder Ejecutivo propuso la Ley que declara Estado de Emergencia en todo el territorio ante la pandemia declarada por la OMS a causa del COVID-19 y se establece las medidas administrativas, fiscales y financieras. La iniciativa fue sancionada por el Congreso con ligeras modificaciones.

Uno de los puntos más resaltantes tiene que ver con la exoneración en el pago de los servicios básicos. En el caso de la ANDE, se aprobó exonerar el cobro de la factura durante los meses de marzo, abril y mayo para aquellos clientes cuyo consumo sea menor a G. 250.000. Los que superen ese monto podrán trasladar el pago fraccionado en 18 meses.

En el mismo artículo 17, se decidió que, además de la Essap, también sean incluidas las aguaterías privadas y juntas de saneamiento de todo el país, teniendo en cuenta que varios de los afectados cuentan con la provisión de agua potable de estos proveedores.

De igual manera, la ley también contempla que el incumplimiento en el pago de los alquileres no será causal de desalojo hasta el mes de junio del presente año, siempre que se justifique el pago de cuanto menos el 40% del valor del alquiler mensual.

Además de esto, el Ejecutivo paraguayo dispuso la transferencia de G. 230.000 guaraníes a unas 330.000 familias a nivel país que no reciben actualmente alguna ayuda estatal.

En principio, se hará un primer desembolso a ser acreditado vía billetera electrónica (a través del número de celular). Haciendo el cálculo para un mes completo, el monto que se deberá gastar por día en cada familia es de Gs 7.600. El dinero podrá ser utilizado únicamente para la adquisición de alimentos y productos de higiene

 

Abdo promulga ley de emergencia que autoriza créditos de hasta US$ 1.600 millones

En tiempo récord se convirtió en ley el proyecto de emergencia sanitaria que establece medidas excepcionales y autoriza a la obtención préstamos de hasta 1.600 millones de dólares de organismos internacionales. El Ejecutivo ya cumplió con la promulgación.

“Nuestro agradecimiento al Congreso Nacional. Valoramos el compromiso de toda la clase política en este momento difícil que estamos viviendo todos los paraguayos. Ya estamos trabajando con el equipo para garantizar que cada guaraní sea usado de forma efectiva y transparente Bandera de Paraguay”, comunicó en su cuenta de Twitter el presidente de la República Mario Abdo Benítez.

Con esta anuncio confirmó la promulgación del proyecto aprobado el martes en Senadores, ayer miércoles en Diputados, sin modificaciones y finalmente hoy en el Ejecutivo.

De los 1.600 millones de dólares en créditos y bonos soberanos, se destinarían más de US$ 500 millones para Salud: como por ejemplo para la duplicación de camas para terapias intensivas, inversión para insumos hospitalarios, adquisición de más reactivos para aumentar los test que detectan el COVID-19 y bonificación para los trabajadores de blanco

Se contempla además un programa de contingencia para dar un respaldo a los trabajadores, a las micro y medianas empresas

Se dispondrá de US$ 300 millones para los sectores sociales donde se brindará asistencia a aproximadamente a 1.500.000 trabajadores afectados

Se prevé fortalecer al IPS para dar respaldo a los trabajadores formales, US$ 100 millones para cobertura de salud de trabajadores afectados o ayuda económica

Prorrogar el pago de servicios básicos (ANDE-ESSAP-COPACO) por tres 3 meses (marzo, abril, mayo) y refinanciar el pago sin intereses en 18 cuotas.

Prórroga de pago de impuestos por dos meses a los sectores más afectados.

Incorporar a la SENAC para realizar el control del cumplimiento del plan de emergencia.

 

Comisión Bicameral también controlará uso de US$ 1.600 millones

Seis diputados y seis senadores integrarán la Comisión Bicameral que se ocupará de controlar el correcto uso del préstamo de hasta 1.600 millones de dólares que hará el Estado en el marco la emergencia por el Covid-19.

El diputado Derlis Maidana (ANR), presidente de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, confirmó que se creará una Comisión Bicameral de Control a los créditos de hasta 1.600 millones de dólares a organismos internacionales, para la ejecución del proyecto de emergencia sanitaria.

“Que hagan no solo los pedidos de informe, sino que vayan a las instituciones a corroborar in situ todas las compras”, opinó el diputado Maidana en conversación con la 730 AM.

El legislador recalcó que el monto aprobado es inédito en toda la historia de la democracia y necesariamente habrá que buscar todos los mecanismos para garantizar la transparencia, tomando en cuenta que los controles solo podrán ser posteriores, ya que en lo que respecta a las compras para salud pública, se prevé la contratación por la vía de la excepción, es decir, de manera directa y sin competidores.

El proyecto de ley de emergencia ya fue sancionado por el Poder Legislativo y este jueves se espera la promulgación del Ejecutivo. También queda pendiente la designación de los integrantes de la Bicameral.

El planteamiento también estipula que Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNC), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Auditoría General de la Presidencia, las dos últimas sin autonomía jurídica y con total dependencia del Ejecutivo, serán las encargadas de velar por el buen uso del dinero público que será obtenido mediante préstamos de organismos internacionales para el combate al coronavirus.