La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, manifestó que hasta el momento tienen 37 pedidos de suspensión de actividades comerciales de diferentes empresas, lo que implica un total de 1.434 trabajadores afectados. No obstante, 6 de las empresas que presentaron el pedido, lo harán con goce de salario. En ese sentido la ministra aclaró que no siempre las suspensiones se dan bajo esos requisitos.

Bacigalupo señala que las suspensiones están en estudio y que para la semana que viene sacarán un listado. Para la prioridad tendrán en cuenta los que tengan el acuerdo con los trabajadores con los sueldos pagados.

“Nosotros tenemos en cuenta la Ley de equidad. Hicimos el llamado a las pequeñas y mediana empresas para pedirles que sostengan el empleo hasta fin de marzo, en cuanto a las empresas grandes que hagan una disminución pero que garanticen el salario, por lo que no podemos dejar al eslabón mas débil sin sueldo “, enfatizó la ministra.

La titular del Trabajo, mencionó para el efecto utilizaron 5 recursos como: vacaciones remuneradas, aguinaldo proporcional, teletrabajo o trabajo a distancia, anticipo de salario y suspensión colectiva de actividades laborales prevista en el artículo 207 del código laboral. Todas estas medidas han ayudado para que el sector empresarial pueda llegar al mes de marzo con pago de salario.

No obstante, el mes de abril se presenta como un escenario nuevo para los empleadores. Sin embargo, la ministra mencionó que tienen previsto la suspensión de las actividades de las MiPymes pero teniendo el apoyo del subsidio previsto en la Ley de Emergencia.

“Ese subsidio del 50% que va a pagar IPS se va a disponibilizar a través de la suspensión otorgada por el Ministerio de Trabajo, priorizando a las pequeñas y medianas empresas afectadas”, sostuvo.

En cuanto a las empresas que no pueden pagar, Bacigalupo habló acerca de las líneas de créditos y renegociación, alegando que todas los bancos tomaron la misma medida del Banco Central del Paraguay por lo que se otorga créditos muchos más blandos y accesibles.

Con la Ley de emergencia, el Fondo de Garantía de MiPymes y Crédito Agrícola de Administración accederán a USD. 45 millones para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.

“Desde el Gobierno Nacional ayudamos para que el empleo y las empresas se sostengan; en caso de que algún empleador ya no tenga para pagar salario, puede acceder a esta línea de crédito bastante accesible que estamos ofreciendo. Para cuando esto se vaya alargando, se toma las medidas que brinda el Estado como la composición de Tributo, de crédito, fraccionamiento de servicios públicos. Otro ahorro que sacaremos en la semana es que el patrón no pague el aporte patronal a IPS, recién en el mes de julio y en forma fraccionada”, puntualizó.

Guerra contra el Covid-19

Suspensión de empleo con goce de sueldo. Habla @Carlabacigalupo, Ministra de Trabajo.#QuedateEnTuCasa

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.