Cira Novara, de la Articulación de Ollas Populares, sostuvo que desde la aprobación de la Ley de Comedores y Centros Comunitarios aún no se ha podido efectivizar ante la falta de un manual operativo que sigue pendiente de aprobación.

Luego de haber hecho la solicitud para participar en la redacción del documento, el Ministerio de Desarrollo Social les confirió esta posibilidad, a fin de que puedan hacer las observaciones que consideraron pertinentes.

La idea -explicó Novara- es que se pueda garantizar la llegada efectiva de los insumos a los diferentes responsables de estos centros comunitarios y comedores, además de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos y la rendición de cuentas.

Pese a ello, la reglamentación de la ley salió sin haberse considerado ninguna de las observaciones, lamentó, además de que hasta el momento no se ha hecho el desembolso. “No sabemos dónde está la traba en el proceso”, refirió a Radio Uno.

La dirigente social confirmó que, luego de insistir, consiguieron que el ministerio les entregue una pequeña cantidad de insumos para mantener las ollas populares, aunque no en cantidad suficiente para cubrir toda la demanda.

Novara reveló que, debido a la cantidad limitada de recursos e insumos, se ven forzados a reducir la cantidad de platos de comida que entregan a las familias de escasos recursos.

Hernán Giménez, director de la Agencia Nacional de Tránsito, expresó que la Ley Nº 7447/2025, es una normativa que si bien ya está en vigencia, se irá aplicando paulatinamente en cada municipio.

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En algunas localidades ya se comenzaron a implementar los nuevos costos de las habilitaciones vehiculares, así como indica la ley, sin embargo, en otras rechazan la medida, como Villa Elisa y Ñemby. Ante eso, Giménez aclaró que la normativa debe ser aplicada sí o sí.

“Tenemos la información de que algunos municipios no quieren aplicar, pero esto es ley hoy día y me obliga a mí al control y aplicación de la misma”, expresó en conversación con la radio Universo 970/Nación Media.

La legislación promulgada el 6 de enero y en vigencia desde el 13 de enero establece el método para fijar los costos mínimos de las habilitaciones de motocicletas, automóviles, autobús, ómnibus, automóvil de carga, camioneta, camión, tractocamión, furgón, maquinaria de transporte y trenes tomando como base el jornal diario.

Giménez xplicó que, cada comuna está en su derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad, así como lo anunció la Municipalidad de Villa Elisa, pero desde la Agencia Nacional de Tránsito también tomarán acciones legales y remitirán los casos a la Procuraduría General de la República.

“Están cometiendo a una falta grave que es no cobrar el impuesto que no corresponde, la Procuraduría tomará el timón e irá a analizar qué es lo que ocurre en el municipio”, agregó el titular de la Agencia Nacional de Tránsito.

Más de 14 organizaciones fueron convocadas para una manifestación pacífica en rechazo a la nueva Ley que unifica costos de patentes y contra las nuevas tarifas de los peajes.

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A las 8 hs de este martes 21 de enero, conductores de diferentes rubros se congregarán en el km 17/5, en zona del ex Aratiri, en Capiatá para exigir que se suspendan las nuevas disposiciones.

“Nuestra posición es firme, que se suspenda. Ya reculó el Gobierno en ciertas cuestiones, este es el momento que tiene que recular y su reculamiento va a tener un alto sentido social porque no podemos estar pagando esa suma que ellos de la noche a la mañana decidieron alzar”, expresó el presidente del Sindicato de Trabajadores en Moto, Federico Ferreira, a la radio 650 AM.

Bajo el lema de “No al aumentazo de habilitaciones y peajes”, se espera que muchas personas, principalmente trabajadores delivery, conductores de plataformas y taxistas, participen de la movilización.

“En su momento también estuvimos en las calles contra la suba del combustible, hoy nos vemos obligados otra vez a convocar a una gran manifestación. Hay mucha gente que depende para vivir trabajando sobre ruedas”, agregó.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que canceló la deuda pendiente del Estado a los proveedores y acreedores.

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La Tesorería General realizó las gestiones de transferencias para aquellas solicitudes procesadas entre el 7 y el 14 de enero de este año.

En este último desembolso que realizó el Ministerio de Finanza para ponerse al día, fueron destinados G. 49.122.078.208, con esto.

Con esto Paraguay está libre de deuda flotante del 2024, el cual consiste en aquellos pagos que las instituciones del Estado no pudieron realizar a acreedores y proveedores hasta diciembre del año pasado.

El acceso al calendario detallado de pagos se encuentra en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gov.py), o bien ingresando directamente en el siguiente enlace: https://lc.cx/elA43b.