El ministro del MUVH, Carlos Pereira, en comunicación con Radio Uno, expresó que solicitó al Gobierno un millonario presupuesto para culminar las obras de las viviendas sociales, y que el jueves la Presidencia de la República sacó un decreto para una asignación de dinero para G. 27 mil millones para continuar con los subsidios para los sectores vulnerables.

“De los recortes presupuestarios que nos hicieron, hicimos el esfuerzo para terminar las viviendas. Pudimos dinamizar la gestión para dar respuestas a las familias que están aguardando”, refirió.

Sobre el reclamo de los oleros de Tobatí, quienes están prácticamente sin trabajar, la autoridad indicó que la solución se podría dar por otra vía. “Recibo todos los días a los diferentes actores involucrados en la construcción de viviendas. Ellos creen que el Ministerio construye y compra materiales, pero les explico que el Ministerio no tiene participación directa en la compra de materiales ni en la contratación de operarios, albañiles y constructores. Se ordena todo el proceso y la asignación de recursos”, aclaró.

Pereira indicó que su institución se encarga de velar por la buena administración de los recursos públicos de tal manera que los constructores tengan la seguridad de que los materiales a utilizar son de las características que necesitan.

El Secretario de Estado prometió que hablará con las constructoras para que prioricen la compra de los materiales que los oleros de Tobatí fabrican. “Lo que nos queda por hacer por los tobateños es que se organicen, vamos a hablar con las constructoras para que prioricen la compra de los materiales que ellos fabrican. Me ofrecí para mediar y que puedan tener un mercado seguro”, agregó.

Por último recordó que durante su paso por el Banco de Fomento otorgó líneas de créditos a los oleros y los asesoró para que se formalicen y garanticen la buena calidad de sus productos.

Esta etapa marca uno de los hitos más importantes de la obra, ya que concretará la conexión física entre ambos países tras cuatro años de construcción. No obstante, el paso internacional aún no será habilitado, debido a que restan trabajos de pavimentación, terminaciones y otras obras complementarias.

El Puente de la Bioceánica forma parte del Corredor Vial Bioceánico, considerado estratégico para la integración regional. La infraestructura permitirá conectar por vía terrestre los puertos brasileños del océano Atlántico con los puertos chilenos sobre el Pacífico, atravesando Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

La estructura tendrá una longitud total de 1.294 metros, con un tramo atirantado de 632 metros y un vano principal de 350 metros, características que permitirán mantener la navegabilidad del río Paraguay y el paso de embarcaciones de gran porte.

La construcción representa una inversión de G. 684.615.904.566, equivalentes a unos USD 103 millones, financiados con recursos de la margen paraguaya de Itaipú Binacional. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es el organismo ejecutor del proyecto.

Las obras están a cargo del Consorcio Binacional PYBRA, integrado por las empresas Tecnoedil S.A., Paulitec Construções y Construtora Cidade Ltda., bajo la fiscalización del Consorcio Prointec.

Con esta infraestructura y el desarrollo integral del Corredor Bioceánico, el Gobierno apunta a consolidar a Paraguay como un centro logístico multimodal, fortaleciendo la conectividad regional y generando nuevas oportunidades para el Chaco y la economía nacional.

Personal de la Comisaría 1ª de Ciudad del Este anoche tomó intervención ante un episodio de lesión con arma blanca registrado sobre las calles Abay esq. Adrián Jara de la capital departamental.

La víctima fue identificada como Ángel Rodrigo Díaz López, de 33 años, encargado del edificio Guaraní, quien sufrió un corte en la mano derecha.

El presunto autor de este ataque es Liao Hung Chung, de 49 años, de nacionalidad china, quien fue arrestado por los efectivos policiales tras recepcionar la denuncia.

Al momento de su detención, este extranjero no contaba con documentos de identidad, según detalla el informe.

En su poder incautaron un cuchillo de mesa de la marca Tramontina, con mango de color lila, que sería el arma utilizada en la agresión.

El caso fue comunicado a la agente fiscal Julia González, quien dispuso que el sospechoso permanezca a disposición del Ministerio Público.

El planteamiento fue realizado durante una reunión de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Yamil Esgaib, en el marco del análisis de la iniciativa que regula la actividad y la seguridad de los prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto.

Los representantes del sector manifestaron su preocupación por la demora en el estudio del proyecto y señalaron que la ausencia de reglas claras dificulta la implementación de mecanismos que garanticen mejores condiciones de seguridad, protección y desarrollo para los trabajadores de plataformas.

Explicaron que la propuesta aún se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, donde permanece pendiente de dictámenes e informes solicitados a diversas instituciones. En ese sentido, pidieron el acompañamiento de la comisión asesora para impulsar su avance.

El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico uniforme para la prestación de servicios mediante plataformas digitales en todo el territorio nacional. La iniciativa busca otorgar seguridad jurídica a usuarios, conductores, repartidores, empresas y organismos públicos, además de evitar diferencias regulatorias entre municipios.

La propuesta también apunta a acompañar el crecimiento de la economía digital en Paraguay, reconociendo que miles de personas obtienen ingresos mediante plataformas bajo modalidades de trabajo flexible e independiente, promoviendo al mismo tiempo la formalización del sector.

Entre los principales ejes del proyecto figura el fortalecimiento de la seguridad mediante la verificación de identidad de conductores y usuarios, la creación de un Registro Nacional de Prestadores de Servicios, mecanismos de denuncias y reclamos, protección de datos personales, protocolos de emergencia y políticas de no discriminación.

Además, la iniciativa contempla la conformación de un Grupo de Trabajo Permanente integrado por representantes del Estado, las empresas y los prestadores de servicios, con el objetivo de evaluar la evolución del sector, proponer mejoras regulatorias y buscar un equilibrio entre la innovación tecnológica, la seguridad y la protección de los usuarios y trabajadores.