Antes de la presentación del Presupuesto General de la Nación ante la Sala Bicameral del Congreso, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, fue consultado sobre algunos incrementos planteados en el proyecto.

Uno de ellos es el de los salarios del Ejecutivo, donde, según Fernández Valdovinos, el último aumento fue en el 2011, a lo que se agrega que hubo una buena cantidad de recortes de rubros en el 2015 para ambos cargos.

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“Quedó totalmente desfasado el salario del presidente y del vice, entonces, se hace un ajuste de tal manera a que, no cualquier director ente, que existen en el presupuesto, estén ganando más que el presidente y vice”, comentó el ministro.

Señaló que, no le parece razonable que un presidente de la República, con todas las responsabilidades que acarrea, tenga que ganar menos que unos gerentes.

Sostuvo que esta medida no quebrará al presupuesto, pero sí permitirá valorar un poco más el cargo. “Me parece poco razonable que un presidente gane por debajo de otros funcionarios que están bajo su mando”, insistió.

En cuanto a los viceministros, sostuvo que, en su mayoría son funcionarios de carrera y que, como tales, estaban impedidos de cobrar varios rubros.

“Había un desequilibrio, acá es, el que tiene más responsabilidad debería cobrar un poco mejor, a mí me parecía súper injusto que los viceministros… creo que ganaban 15 millones, había gente que ganaba menos siendo su subordinado”, afirmó.

El presidente de la República, de G. 38 millones al mes, pasará a ganar G. 40 millones

El vice de la República, de G. 36,7 millones, pasará a 39,7 millones

Los ministros de G. 22 a G. 26 millones

Los viceministros de G. 15 a G. 22 millones.

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Con la comparecencia del ministro de Justicia, se pretende que brinde detalles sobre tres ejes principales: la gestión ministerial (algunos diputados señalan que la misma deja mucho que desear); inconsistencias en las asignaciones presupuestarias; y supuestos indicios de vínculo con el crimen organizado.

Cabe recordar que días atrás, el ministro de Justicia desmintió sus vínculos con el prófugo narco Sebastián Marset, y solicitó a la Cancillería que pida informe a Bolivia sobre el referido caso, para deslindar responsabilidades.

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El pedido fue presentado por 12 diputados del bloque opositor.

En la fecha, el mandatario paraguayo mantuvo una reunión bilateral con el presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Lorenzo Fontana, y tras el encuentro se trasladó hasta el pleno que se encontraba en sesión.

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Su llegada fue anunciada y, posteriormente, los diputados aplaudieron a Santiago Peña quien se encontraba en compañía de Fontana y de la comitiva paraguaya.

Peña, además, participó de la audiencia con Sergio Mattarella, presidente de la República italiana, en donde expresó su deseo de estrechar los vínculos con Italia.

“Vengo a este país con tantas historias, con tantos presentes, pero principalmente con tanto futuro para construir juntos. Estamos convencidos de que Italia hoy puede jugar un rol muy importante en un mundo complicado”, sostuvo el mandatario paraguayo durante el encuentro.

Se prevé que la agenda del jefe de Estado se traslade hasta la ciudad de Dubái para participar de la 28ª Cumbre del Clima, donde se desarrollarán reuniones claves sobre la lucha contra el cambio climático.

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La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, bajo la presidencia del diputado Yamil Esgaib (ANR-Capital), en la fecha, analizó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 67 de la Ley Nº 1.160/97 “Código Penal Paraguayo”.

El proyecto tiene la intención de incorporar al ordenamiento jurídico de nuestro país la figura de la “devolución premiada”,

La finalidad, según la exposición de motivos, es la de perseguir, penalmente, a los que cometen hechos punibles, haciendo hincapié en aquellas personas involucradas en el crimen organizado y en delitos contra el erario público.

Asimismo, se propone el agregado al citado Art. 67, que establece los marcos penales en casos de circunstancias atenuantes especiales: “Cuando se trate de hechos punibles contra el erario público cometidos por funcionarios, la pena podrá ser atenuada hasta el 50% (cincuenta por ciento) del marco penal máximo, en caso en que la persona devuelva el dinero”.

La comisión asesora decidió no emitir su dictamen al respecto y decidió solicitar dictámenes técnicos a diferentes ministerios a fin de ampliar el debate en relación a esta propuesta legislativa.