Ministro rajado peleará para cobrar jubilación de G. 46 millones mensuales

Faltando un mes para su jubilación, mediante un juicio político fue echado el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, quien de esta manera se queda sin percibir los 46 millones de guaraníes mensuales que pretendía cobrar tras retirarse del cargo. Sin embargo, no se quedará de brazos cruzados.

Su abogado Jorge Bogarín indicó a radio Monumental que la decisión del Senado supone que su cliente deja de ser ministro de la Corte. No obstante, adelantó que podría darse la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad y recurrir a instancias internacionales.

Según la página web del Poder Judicial, Blanco percibía en total G. 49.718.983. En con­cepto de salario G. 24.131.945; gastos de representación G. 6.000.000; responsabili­dad en el cargo G. 9.039.584; bonificación por grado acadé­mico G. 600.000 y por anti­güedad de G. 500.000; viáti­cos G. 13.595.918.

El ministro pretendía recibir más de 46 millones de guaraníes en concepto de jubilación, ya que había presentado una acción de inconstitucionalidad para cobrar todos sus haberes jubilatorios del último año de mandato. Con el resultado del juicio político se queda sin este beneficio.

Sin embargo, según el abogado Bogarín, “la jubilación es una devolución de los aportes que vino haciendo, hay que ver qué normas establecen que pierda eso tras ser sacado. Él dice que va a solicitar su jubilación, porque es su derecho”.

El defensor del magistrado señaló que en este caso analizarán todos los puntos porque no existe jurisprudencia.

 

Extraditan a Barakat a los Estados Unidos

El brasileño de origen libanés Mahmoud Alí Barakat, requerido por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, fue extraditado esta madrugada a los Estados Unidos.

A las 3:00 de esta madrugada partió del aeropuerto Silvio Pettirossi el brasileño Mahmoud Alí Barakat (40), custodiado por la Policía en un operativo supervisado por la fiscal adjunta Teresa Aguirre y el fiscal de Lucha contra el Crimen Organizado y de Lucha contra el Narcotráfico, Marcelo Pecci.

El procedimiento se concretó en respuesta al pedido de extradición presentado por los Estados Unidos, en donde se lo juzgará por supuestamente integrar una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos conexos.

Barakat fue detenido el 25 de junio pasado en pleno centro de Asunción, en una oficina situada en el segundo piso del edificio Líder 4, ubicado en Estrella casi O`Leary. De acuerdo con el oficio, Barakat está procesado junto a Nader Mohamad Farhat.

En tal sentido, Farhat cayó en Ciudad del Este el 17 de mayo pasado, cuando las autoridades allanaron dos casas de cambio que de la firma Unique SA, que figuran a nombre de la ciudadana taiwanesa, Wu Pei Yu, esposa de Farhat.

En aquella ocasión habían incautado US$ 1.338.000, monto que según el fiscal Pecci, es una clara muestra del esquema de blanqueo de capital vinculado al tráfico de drogas.

 

Pillan a policías planilleros: hasta hay car­pinteros que son 'agentes encubiertos'

Efectivos policiales de Mbocayaty y Villarrica en Guairá trabajan en otros rubros o directamente operan como guardias privados para comercios de la zona. El equipo periodístico Tierra de Nadie de GEN confirmó que el esquema funciona con la complicidad de los propios comisarios. Uno de ellos, tratando de justificar la situación, inventó que en su unidad existía una “división de inteligencia”.


Fuente: La Nación

Fueron semanas de seguimiento. El equipo del medio mencionado se instaló en el Departamento de Guairá siguiendo una pista que terminó por confirmarse. Por un lado, policías figurando en nómi­nas de las comisarías locales pero en realidad atendiendo sus negocios y por el otro, agentes policiales haciendo de guardia de seguridad en comercios.


El suboficial Juan Carlos Godoy figura como desta­cado en la Comisaría 9ª de Mbocayaty. Su prima es Norma Godoy, actual inten­denta de la ciudad. Durante los días que el equipo perio­dístico estuvo en Mboca­yaty, Juan Carlos Godoy estaba atendiendo con mucha dedicación su ferre­tería ubicada a metros de la comisaría local.

Suboficial Luis Pereira (recostado, con cartera al frente), de guardia frente a una cabina.

El pasado 8 de noviembre, Tierra de Nadie llamó –justo en el momento en que el agente policial estaba atendiendo su negocio– a la Comisaría 9ª. Atendió el teléfono el subcomisa­rio Osmar Fleitas, quien dijo que Godoy estaba tra­bajando y que de tarde se le podía ubicar. “Él está desti­nado a una cobertura fija en la cancha”, explicó Fleitas.

Al día siguiente, fecha 9 de noviembre, el equipo perio­dístico encaró al subofi­cial Godoy, quien se limitó a decir que estaba traba­jando y prácticamente huyó. No quiso responder cuando se le consultó qué hacía el día anterior en su ferrete­ría. El subcomisario Fleitas trató por todos los medios de cubrir a su subordinado. Dijo que tuvo que decir por teléfono que Godoy estaba patrullando porque no sabía el origen de la llamada que consultó por él.

El suboficial Juan Carlos Godoy, en su ferretería, a metros de la comisaría local.


UNA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA

El comisario Alfredo Ama­rilla es el director depar­tamental de la Policía en Guairá. Amarilla dice que él creó una nueva división dentro de la estructura poli­cial en su departamento, que es la de inteligencia. Este departamento, según los datos oficiales, está inte­grado por el suboficial Arís­tides Garcete.

Pero la historia de Garcete es peculiar. El equipo de Tie­rra de Nadie lo ubicó la pri­mera semana de este mes en su casa, ubicada en la zona urbana de Villarrica. Vestía short, una remera casual y un kepis. Sus manos esta­ban con restos de aserrín y su ropa tenía mucho polvo, algo muy natural para quien trabaja como carpintero. En efecto, Garcete es carpin­tero que trabaja de forma regular y en el barrio todos lo conocen como tal.

Suboficial Arístides Garcete, en su carpintería de Villarrica.

Garcete se encarga de hacer el mantenimiento de mue­bles de la comisaría departamental de Guairá y trabaja todos los días en su casa. A pesar de que todos estos elementos fueron expues­tos ante el comisario Ama­rilla, él siguió insistiendo en que Garcete es agente encubierto del departa­mento de inteligencia que él mismo creó, por lo que siguió defendiendo al car­pintero. Sin embargo, luego de varios minutos, recono­ció que había problemas en su unidad pero que se encargaría de resolverlos.

Para el Departamento de Recursos Humanos de la Policía Nacional, Garcete figura como personal de la comisaría departamental de Guairá, siempre según los documentos que se envían desde la comisaría. Eso sí, no existe ninguna división de inteligencia en dicha unidad policial. Además, el comi­sario Amarilla no tiene la capacidad legal para habili­tar dicha división, confirma­ron desde la propia Comandancia.

Suboficial Antonio Vera, frente a un supermercado.

GUARDIAS PRIVADOS

La situación del oficial Julio Fariña de la Comisaría 3ª de Villarrica es el típico caso de “guardias priva­dos” que hacen efectivos policiales. Según datos ofi­ciales de la Comandancia, todo el departamento de Guairá tiene unos 440 ofi­ciales activos para atender la seguridad de los guaire­ños, algo que ante las evi­dencias, Fariña no cumple.

Lo que sí cumple Fariña es su rutina diaria de esta­cionar una camioneta sin chapa en una estación de servicio ubicada en el cen­tro mismo de Villarrica. El equipo de Tierra de Nadie lo filmó durante días cum­pliendo la misma labor; estacionarse en dicho local de venta de combustible y pasarse las horas tomando tereré, cuidando del local comercial.

Suboficial Julio Fariña, guardia en una Estación de Servicios.

Por lo que se pudo ver, Fariña se hizo conocido de los trabajadores de la esta­ción de servicio, ya que en los días en que el equipo periodístico estuvo por la zona, el agente policial mantuvo efusivas conversaciones con los trabajadores del lugar o con los clientes que llegaban hasta allí.

Otro agente es el suboficial Luis Pereira, que pertenece al Departamento de Investi­gación de Delitos de la Poli­cía de Guairá pero que se pasa prácticamente el día frente a una agencia telefó­nica de la capital guaireña. Allí, hablando con otros guardias de la zona o viendo su teléfono celular, Pereira se pasa como un guardia de seguridad más del local comercial.

El suboficial Antonio Vera es otro agente policial que está todo el día frente a un supermercado de Villarrica.

El suboficial Antonio Vera, otro día, también frente al Supermercado.


LO QUE DICEN LAS AUTORIDADES

La comisaria Elena Andrada, vocera de la Policía Nacional, dijo que requirió sobre estos cuestionamientos al comi­sario Amarilla de Guairá, quien le informó que desde que asumió el cargo encon­tró cosas “que no estaban bien” y que se comprometía a corregirlas.

El equipo periodístico contactó con el propio ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien aseguró que ningún policía puede hacer guardia de forma privada. Solamente los ban­cos pueden recibir cierta ayuda de seguridad, pero con un protocolo previo a ser cumplido, ya que por las características se considera a los bancos como lugares de posibles inten­tos de asalto.

Sobre el caso de los policías “planilleros”, Villamayor dijo que si corresponde, el ministerio realizará de ofi­cio una investigación sobre el tema.

Según la fuente de este equipo periodístico, existen cerca de 40 policías “planilleros” en Guairá y cerca de 120 trabajan como guardias privados. Queda en manos de Villamayor y el ministe­rio investigarlos.

 

Concejal confirma denuncia de desfalco en comuna capitalina

El concejal munici­pal Orlando Fiorotto confirmó que el Sindicato Muni­cipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por un supuesto desfalco de más de G. 75.000 millones, ocu­rrido en el municipio capita­lino. Dijo que los cuestionamientos están sustentados en documentaciones de la propia institución que fue­ron remitidas al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, por cuestiones desconoci­das la denuncia presentada en la Fiscalía y reenviada por esta a la Contraloría General de la República no prosperó.


Fuente: La Nación

“El sindicato había presen­tado una denuncia formal ante delitos económicos del Ministerio Público, acer­cando documentaciones exclusivas presentadas por la propia intendencia muni­cipal, en este caso a la Direc­ción de Contaduría Pública del Ministerio de Hacienda. Ellos tienen sus técnicos especialistas en temas financieros presupuestarios, me refiero a Simuca, y han encon­trado que no hay conciliación entre ingreso y egreso. Ahí determinaron que el ingreso que tuvo en concepto de pago de impuestos inmobiliarios que hicieron los contribuyen­tes no se dio cumplimiento a lo que establece la Constitu­ción y la ley, de transferir el 15% de las recaudaciones para los municipios muy limitados en materia presupuestaria”, señaló Fiorotto durante una entrevista con la 970 AM.

Agregó que pareciera ser que la denuncia no tuvo el eco favorable por razones desco­nocidas, pero que todos los antecedentes del caso fue­ron remitidos a la Contralo­ría General de la República y hasta el momento está “dur­miendo el sueño de los justos”.

“Hasta donde pude infor­marme no hubo una inves­tigación ni un pedido de informe al municipio para cotejar la denuncia remitida por el Ministerio Público a la Contraloría, o sea prác­ticamente durmió el sueño de los justos en la denuncia ahí. Salvo que la propia Con­traloría hoy saque un comu­nicado y diga que la institu­ción ha procedido a realizar los trámites. Salvo que no hagan eso, quiere decir que ahí estuvo durmiendo y sigue durmiendo”, dijo.

Afirmó además que no se trata de una información desprovista de formalidad y seriedad, ya que está avalada con documentaciones feha­cientes. Agregó que hasta el momento las autorida­des municipales no se han pronunciado al respecto de manera institucional.

ADMITEN INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

El licenciado Braulio Ferreira, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, confirmó que efectivamente no están depositando al Ministerio de Hacienda el 15% corres­pondiente a la recaudación de impuesto inmobiliario. Dijo que esta práctica data de 1998 y que están ampara­dos en una medida cautelar otorgada anualmente como respuesta a una acción de inconstitucionalidad pre­sentada año tras año por el municipio.

Señaló que el dinero es utili­zado para financiar todas las necesidades de la institución.

“La municipalidad históri­camente desde 1998 no viene transfiriendo esos recursos al Ministerio de Hacienda con base en acciones de inconstitucionalidad que se van presentando cada año. Si bien esa deuda está expuesta y demostrada en los estados financieros de la municipa­lidad, por esa razón no se hace esa transferencia. Son recursos genuinos munici­pales y lo que nosotros accio­namos es contra la obligato­riedad de la transferencia de esos fondos para poder reci­bir los recursos de royalties y Fonacide, atendiendo la tre­menda escasez de recursos con que cuenta el municipio”, asegura.

VERSIÓN DE FERREIRO

Por su parte, el intendente Mario Ferreiro manifestó ayer en entrevista con la 780 AM que la municipalidad, al ser sede de los tres poderes del Estado, debe contar con mayores recursos y no ceder los suyos, ya que la comuna no puede otorgar fondos que no le sobran.

Intentamos obtener la versión del contralor general, Enrique García, quien supuestamente hizo caso omiso a la denuncia, pero no atendió nuestras lla­madas ni responde los men­sajes a pesar de la insistencia. Su silencio llama la atención considerando que no es poco el monto que la comuna asun­cena no transfiere a Hacienda cada año.