“Él no necesita ninguna advertencia, o sea yo, como oficial responsable de una unidad policial no puedo delegar aunque este de vacaciones la responsabilidad”, sostuvo el funcionario.

De esta forma el ministro del Interior ratificó que el Crio. Talavera, quien era cabeza de la Jefatura de Amambay, tuvo responsabilidad administrativa en la desaparición de la cocaína, guardada en la armería de la dependencia policial.

“Es una cuestión de sentido común, aunque sea cierto lo que él dice nadie debe decirme a mí que 252 kilos de droga son una evidencia sensible y que puede ser rescatada en una zona de frontera”, expresó.

“El senador (Robert) Acevedo más de una vez anunció la posibilidad de rescate (…) eso echa por tierra la declaración de Talavera, a quien debo decir algo: nadie lo responsabilizó penalmente. Acá él tiene responsabilidad administrativa como jefe de policía, él no tomó el debido cuidado de custodia de la evidencia”, enfatizó.

De Vargas reveló que antes de viajar a Bolivia, el presidente de la República Horacio Cartes le pidió que se haga “el máximo esfuerzo” para determinar quiénes son los responsables del gravísimo hecho y que se los ponga a disposición de la justicia con pruebas.

PAGO POR LOS PECADORES

Días atrás, Sebastián Talavera negó tener implicancia en el robo de la cocaína. “Pagamos por los pecadores, pero no me considero cómplice de la desaparición de la droga”, se defendió.

“Me esperan cosas peores”, proclamó y explicó que esto es debido a que “la maldad de mis colegas no tiene límites”. Categóricamente desmintió que haya recibido algún aviso que le prevenía de que la droga iba a intentar ser recuperada.

En la madrugada de este domingo se registró un hecho de hurto en la capilla Niño Jesús, ubicada en el Km 26 lado Acaray de la localidad de Minga Guazú, Alto Paraná.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría 52 por el coordinador de la capilla, Fabian Espínola Salinas (35), quien tomó conocimiento de lo ocurrido al abrir el templo esta mañana.

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Según su reporte de Radio Concierto, los delincuentes ingresaron a la iglesia a través la ventana lateral luego de haberla violentado. A partir de ese momento, buscaron todo objeto de valor que pudiera resultarles llamativo.

Fue así como se apropiaron de un libro litúrgico, una biblia, el custodio y hasta las hostias consagradas que se encontraban resguardadas en el sagrario de la capilla.

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Este acto, además de ser considerado como un acto de sacrilegio para los católicos, genera mucha preocupación en la comunidad local, pues demuestra cómo la inseguridad sigue permeando cada vez más y cómo los malvivientes no tienen respeto siquiera por las iglesias.

Cabe recordar que en la semana también se había reportado un hecho similar en la capilla Santa Catalina de Siena de San Lorenzo. Allí los ladrones se llevaron varios objetos de valor, incluyendo una cruz de 100 años de antigüedad y un cáliz traído de Italia.

La Cámara de Senadores había sancionado un proyecto de ley que modifica los artículos 187 y 192 del Código Penal, el cual tenía como objetivo elevar las penas carcelarias en los casos “especialmente graves” referentes a corrupción pública.

Los senadores se ratificaron en dejar a 8 a 10 años la sanción para los casos especialmente graves de estafa y lesión de confianza, reduciendo la propuesta planteada en Diputados que había elevado a 15 años la pena privativa de libertad por corrupción pública.

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Desde la Coalición por la Legalidad -que aglutina a varias organizaciones de la sociedad civil- creen que, con esta medida, se beneficiaría a los corruptos condenados y a los difíciles procesos en curso, además de beneficiar a todos lo que serán procesados en el futuro.

El pedido puntual es que el presidente de la República pueda vetar la “Ley que modifica los artículos 187 y 192 de la Ley 1.160/97 Código Penal, modificado por la Ley 3.440/08”, sancionada por el Senado, puesto que sería una ley “más favorable a los corruptos”.

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Los Asesores Jurídicos de la Presidencia, Renato Angulo y José Figueredo, días atrás recibieron la solicitud de la Coalición por la Legalidad, representados por Francisco Alcaraz y Lissy Sánchez.

Durante la semana comprendida entre el 21 y el 27 de mayo, la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera efectuó diversos controles en las principales rutas del país.

Como resultado de dichos procedimientos viales, los inspectores de la institución demoraron a unos 529 vehículos, de los cuales 73 eran motocicletas, por infracciones a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial.

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La lista está encabezada por un total de 206 conductores que dieron positivo al alcotest, de unas 370 pruebas efectuadas en todo el país, según el informe.

Nuevamente, el departamento Central registró la cifra más alta de automovilistas bajo la influencia del alcohol, llegando a 129 casos.

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Asimismo, fueron demorados 11 conductores cuyos vehículos carecían de chapa, 55 por adelantamiento indebido y 2 por exceso de velocidad. El resto corresponde a personas con alcotest positivo y otras infracciones.

En la última semana, la Patrulla Caminera tomó intervención en 39 accidentes de tránsito, de los cuales 19 no resultaron en lesiones personales, 17 provocaron heridas y 3 tuvieron consecuencias fatales. El saldo final es de 24 personas heridas y 3 fallecidas.