Ministro responsable de las cárceles: "¿Por qué tendría que renunciar?"

El ministro de Justicia Julio Javier Ríos aclaró que el responsable del penal de San Pedro es el director y anunció que no va a renunciar ya que no tiene la culpa del hacinamiento. Argumentó que la cantidad de miembros del PCC recluidos en el país es inédita.

“¿Por qué tendría que renunciar? El responsable del penal es el director, cada institución tiene su reglamento y organigrama, (…) tengo varias responsabilidades dentro del Ministerio, ¿también voy a ser responsable del hacinamiento?”, se preguntó Ríos y aclaró que todas las instituciones deben responder.

Detalló que existen 400 miembros del PCC distribuidos en las cárceles del país, 250 de ellos, “iniciados aquí”, algo inédito pera el sistema penitenciario, así como lo es la cifra histórica de 16.800 personas privadas de su libertad.

Ríos subrayó que el crecimiento del PCC no es solo un problema de Paraguay sino de la región, pues inclusive causa temor a la Unión Europea. El Brasil lleva 20 años luchando contra este flagelo.

El ministro acudió hoy a la Cámara de Diputados, donde presentó un proyecto de ley que declara estado de emergencia penitenciaria a nivel nacional por un periodo de tres años.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ratificó que el ministro de Justicia seguirá en el cargo y también atribuyó el amotinamiento a una situación inédita que vive el país con la alta cantidad de reos, en especial, del PCC.

 

Ahora la bomba explotó: estaba todo listo pero Gobierno dilató construcción de cárceles

La sangrienta matanza entre reclusos en la cárcel de San Pedro reveló la cruda realidad: nunca se avanzó en la política penitenciaria, pese a que el Gobierno anterior dejó todo listo para la construcción de cuatro nuevas cárceles.

La bomba ya explotó en las penitenciarías, que se encuentran abarrotadas de presos, la mayoría de ellos sin condena todavía. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, constantemente manifiesta la imperiosa necesidad de contar con nuevos centros penitenciarios de alta seguridad.

Llamativamente el nuevo Gobierno tenía todo listo para arrancar la construcción de las nuevas cárceles, pero como primera medida dispuso cancelar todos los proyecto de la administración anterior y arrancar de cero.

Ever Martínez, exministro de Justicia, recordó en charla con la 650 AM que durante los últimos años del gobierno anterior se hicieron muchas inversiones en materia de política penitenciaria y que el primer llamado de licitación para construcción de cuatro nuevas penitenciarías se realizó en marzo del 2018 pero que ante el cambio de gobierno se postergó. “Eran cuatro cárceles nuevas. Quedó todo listo a manos del nuevo gobierno para darle continuidad, con la evaluación y adjudicación“, acotó.

A finales del 2017, el MOPC había llamado a licitación para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en Emboscada y la provisión de equipamientos, en una modalidad Ad referéndum. La inversión estatal iba a ser de G. 397 mil millones y las ofertas fueron recibidas en febrero de 2018.

Sin embargo, el 16 de agosto del 2018, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, decidió cancelar el llamado a licitación pública internacional para la construcción de estos establecimientos, alegando que se iba a realizar una profundización del proceso a los efectos de garantizar que su ejecución reúna los presupuestos de transparencia, eficiencia e igualdad de oportunidades.




El 26 de septiembre de ese año el presidente Mario Abdo Benítez se vio en la necesidad de declarar en “situación de emergencia” a las distintas penitenciarías del país, a raíz del hacinamiento y las deplorables condiciones existentes en las mismas, permitiendo el desembolso más rápido de dinero para dar una solución.

A su vez, el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, anunció la construcción de cinco nuevas cárceles para paliar esta situación. Sin embargo, en los siguientes meses solo se avanzó en tres proyectos de licitación pública nacional, para la instalación de dos sedes en Emboscada y una en Minga Guazú.

Recién en mayo de este año se realizó la apertura de sobre de ofertas de los interesados en construir estas penitenciarías, que poseen un plazo de ejecución de 16 meses con una inversión de USD 36 millones financiado por bonos del Estado.

Sobre el punto, Ever Martínez explicó a la emisora que estos proyectos son parecidos al que propuso el gobierno anterior y que el cambio introducido por las nuevas autoridades fue pasar de una licitación pública internacional a una nacional, permitiendo que solo las firmas paraguayas participen de la disputa.

El entrevistado insistió que existe una mala experiencia con las empresas nacionales en la construcción de penales y recordó que las obras de dos pabellones nuevos tardaron cuatro años, cuando debían estar listos en unos meses. El problema que ve en las firmas paraguayas es que no poseen los recursos necesarios para cumplir con las exigencias requeridas.

Ya casi será un año de mandato del nuevo gobierno y presidente Mario Abdo Benítez sigue echando la culpa a las anteriores administraciones por la desidia en que está asumida la República. Ayer el mandatario habló de la importancia de construir políticas públicas para mejorar el sistema penitenciario y afirmó que espera culminar su gobierno con cinco nuevas cárceles y con mejores condiciones para los guardiacárceles.

 

Militares custodiarán perímetro de la cárcel de Tacumbú

Tras los últimos incidentes registrados en varias cárceles del país, militares empezarán a colaborar para custodiar la seguridad perimetral de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. La medida empezaría a ser implementada a partir de esta semana.

Jorge Fernández, director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en entrevista con la 970 AM refirió que la alerta que se generó ayer por un supuesto incidente dentro del penal fue una falsa información proveniente de los familiares de los reclusos que habían ido de visita.

El mismo descartó que se haya producido algún conflicto entre internos, tal y como se especuló en un principio, y sostuvo que por el momento “está todo calmo” y que la población penitenciaria “está tranquila”.

A raíz de la delicada situación que se vivió en los últimos días, se han tomado ciertas medidas de urgencia como por ejemplo pedir a los guardiacárceles que no están de turno que acudan para ayudar a resguardar la seguridad en el penal.

Así también, se ha solicitado un respaldo extra a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, de manera a que policías y militares puedan colaborar para custodiar la zona perimetral de las cárceles.

Según Fernández, no se puede asegurar en un 100% que allí no se podría registrar un incidente similar al ocurrido este domingo en la penitenciaría de San Pedro -donde un total de 10 reos (entre ellos varios decapitados e incinerados) perdieron la vida-, sobre todo considerando que las cárceles están sobrepasadas en su capacidad y que existe un déficit de guardiacárceles.

Cabe recordar que los agentes penitenciarios emplazaron por 72 horas al ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, para cumplir con la promesa de contratar más personal de seguridad en las cárceles del país, caso contrario, irán a una huelga general.

“Esta gente merece ya hace décadas una reivindicación, siempre fueron ignorados”, sostuvo el director de Tacumbú al referirse sobre los guardiacárceles, con quienes dijo haberse comprometido para mejorar la calidad de vida y salarial.

Los militares empezarían a trabajar en la custodia perimetral del penal de Tacumbú a partir de esta semana.

 

Usar a militares para custodia requiere ley especial, dice Villamayor

Ni la Policía ni los militares tienen el rol de custodiar cárceles, por lo que pretender utilizarlos para esta función requiere de una ley especial, advirtió el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, aunque aclaró que la medida solo será transitoria.

A criterio del titular de la cartera del Interior, Juan Ernesto Villamayor, no basta con hacer “una buena gestión”, cuando en todas las cárceles existe una superpoblación y los recursos son insuficientes.

El secretario de Estado reconoció que la idea de utilizar a la milicia para el resguardo de lasa cárceles ya recibió muchas críticas, pero aclaró que solo sería una solución temporal.

“No es el rol de la policía ni el de la milicia, pero necesita una ley especial una decisión de esta naturaleza, que es lo que el Ejecutivo se comprometió a hacer”, explicó Villamayor.

Argumentó que la sugerencia hecha por el Consejo de Seguridad solo se mantendrá hasta tanto se puedan hacer las reformas de fondo que requiere el sistema penitenciario.

Dicho consejo está compuesto por Fuerzas Militares y Policía Nacional, que en conjunto constituyen la Fuerza Pública, según lo estipula la Constitución Nacional en su artículo 172.