En un comunicado conjunto, el ministro de Educación Enrique Riera y la ministra de Hacienda Lea Giménez presentaron sus posturas respecto al pedido de aumento salarial exigido por los gremios docentes.

En primer momento, aparece Giménez mencionando que desde el Gobierno Nacional proponen a los trabajadores de la educación incrementar de manera gradual y automática el salario básico profesional para pasar de 2 a 3 millones de guaraníes por turno.

Así también, aseguró que pretenden cumplir con el estatuto del educador e incentivar al educador que se capacita, respondiendo a la solicitud ciudadana de mejorar la calidad educativa a través de la continua capacitación docente.

Por su parte, el ministro Enrique Riera recordó que desde el MEC se encargaron de aprobar por resolución la implementación de la carrera docente con un salario profesional progresivo y máximo de G. 3.000.000 por turno y en un plazo máximo de 5 años. Dicho acuerdo había sido firmado con los gremios docentes en agosto del 2016 y febrero del 2017.

Riera expresó que el monto se irá ajustando conforme al salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo y confirmó que el proceso se iniciaría en enero del 2018, incluyendo a los 25.000 docentes que ingresaron por concurso público y hoy prestan servicio en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La ministra de Hacienda señaló que para aquellos docentes que no accedieron al cargo por concurso, existe una propuesta de regularizar su situación conforme a la ley en el mismo plazo de 5 años, con lo que se les permitirá acceder de manera automática a todos los beneficios salariales y también a una jubilación más digna.

Otro punto en el que puso énfasis es en lograr normalizar la situación de más de 14.000 funcionarios del Ministerio de Educación que tienen rubros docentes y administrativos a la vez, buscando transparencia y estabilidad laboral.

En el caso de los funcionarios administrativos, el planteamiento incluye un monto de G. 300.000 por subsidio de salud y G. 800.000 por escolaridad. Así también, para los maestros se ofrecen becas y cursos de excelencia nacional e internacional sin costo, teniendo como incentivo un incremento del 5% para los que aprueben dichos cursos.

“Esta propuesta es realizable y sostenible financieramente en el tiempo, es una propuesta seria, responsable y cumplible a diferencia de otras que responden a criterios electorales o populistas”, expresó Lea Giménez.

“El Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda trabajan conjuntamente y apuestan a elevar la calidad educativa y la dignificación docente. Les pido que sigamos dialogando sin perjudicar a nuestros hijos, ellos no deben perder una sola hora de clases. Trabajemos juntos por la educación”, expresaron finalmente ambos ministros al finalizar el material audiovisual.

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Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

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Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

“Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya estaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.

El hecho ocurrió el pasado viernes 19 de abril poco después del mediodía en el barrio 6 de enero de la ciudad de Itauguá, donde la denunciada Dirma Crechi, atropelló al perro de la familia Medina, dejándolo a su “suerte”.

La familia del animal indica que la mujer ni siquiera se bajó del vehículo y que solo dijo que se le avise sobre los gastos. Inicialmente accedió a pagar la radiografía y la operación del perro, pero tal cosa no ocurrió hasta el momento.

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La misma se acercó hasta el domicilio de la familia afectada e hizo firmar un documento donde constaba que se hacía responsable de los gastos, pero sin entregar el dinero. Esta situación se dejó constancia en una denuncia radicada contra la mujer en la Comisaría 6 Central de Itauguá.

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“Mi mamá firmó pensando que le iba a dar el dinero para la operación, pero no fue así. Literalmente nos estafó”, comentó la denunciante, Sheyla Medina, propietaria del perro.

Dirma Crechi es la exesposa del futbolista paraguayo, Blas Riveros, quien había presentado una acción legal contra la misma por denuncia falsa.