​“No soy médico, moopio che aikuaapata”, atinó a responder riendo y en tono burlón el presidente de la República Mario Abdo Benítez, ante la consulta sobre la situación de la falta de medicamentos en los servicios sanitarios públicos, específicamente en el Hospital Regional de Villarrica donde un hombre reclamó ayuda desesperada ante los millonarios gastos diarios para el tratamiento de su hermano, paciente de COVID-19.

Abdo afirmó que no es médico del servicio y no tiene idea de qué insumos y medicamentos faltan.

Joel Oviedo, familiar que apareció llorando de impotencia ante la situación fue apartado por los guardias mientras las autoridades participaban de un acto oficial en el centro asistencial. Cada día gasta más de G. 1.000.000 en medicamentos e insumos que no proveen en el servicio.

Su hermano Adalberto Oviedo se encuentra internado en terapia intensiva en el centro asistencial.

“No soy médico de acá”, respondió el presidente Mario Abdo Benítez al taxista que reclamó medicamentos para su hermano internado en terapia intensiva por #COVID en Villarrica. Derivó el pedido al ministro de Salud. #650AM pic.twitter.com/ZF3Q0MOQ4C

— Radio Uno 650 AM (@UNO650AM) February 4, 2021

El ingeniero Juan Carlos Wasmosy presentó en entrevista con el programa Cara o Cruz de Unicanal su más reciente trabajo, denominado “Itaipú, la respuesta pendiente”, en el que analiza todo lo concerniente a la Itaipú Binacional.

En su libro, el exmandatario aborda cuestiones sobre el costo real de la obra de la hidroeléctrica, cuya estimación original de USD 2.033 millones se multiplicó de forma considerable, además de la financiación del proyecto, el mecanismo de pago, la renegociación de la deuda, entre otros aspectos.

Te puede interesar: Deuda cero en Itaipú: protagonistas de la renegociación resaltan logro histórico

“La gente habla sin conocer los temas, hay que hablar con documentos”, enfatizó el expresidente de la República, quien adjunta varias documentaciones dentro de su libro, mediante las cuales aclara asuntos que estuvieron en cuestionamiento durante años.

Uno de los puntos sobre los que hizo mención fue la financiación de la megaobra, que no fue pagada por ninguno de los Estados que firmaron el tratado sino directamente por Itaipú Binacional a través de préstamos. “Lógicamente los dos países pusieron el agua, pero ni Brasil ni Paraguay no pagaron, la que pagó fue Itaipú como entidad”.

Leé también: Fijan tarifa de Itaipú para el 2023

Enfatizó que la inspiración del Tratado de Itaipú fue para desarrollar los países, por lo que hubo exenciones y consideraciones especiales. “El precio por el cual Brasil compra ese excedente de energía es al precio de costo más una compensación por la sesión que se logra. La ANDE paga el mismo precio que pagaba Eletrobras”.

Sobre el punto, sostuvo que “es una fantasía” decir que Paraguay le está regalando algo a Brasil, recordando que el vecino país adquirió el 50%. “Dejen de mentir y decir disparates estos pseudo técnicos que jamás desviaron un arroyo y vienen a opinar acá de hidroeléctrica”.

A meses de concluir una administración, el Instituto de Previsión Social apura de forma llamativa una licitación de lavado y planchado que pretende adjudicar por un plazo de 10 años, por un valor de 67 millones de dólares.

Al respecto, el secretario general del Sindicato de Profesionales del IPS, Sergio Lovera, denunció que el manejo de este caso es totalmente irregular, al igual que otros como limpieza y seguridad y uso del combustible.

“Es una aberración, al firmar por 10 años un contrato, están comprometiendo el fondo de jubilación, el artículo 25 dice que el uso indebido de fondos jubilatorios es un crimen de lesa humanidad”, expresó Lovera, en una entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media.

Al respecto, anunció que presentará un amparo constitucional, con el objetivo de frenar la licitación en curso y evitar así que se concrete el llamado.

“Teniendo disponibilidad, solamente pueden comprometer el 20 %, esto es descabellado y es un asalto a mano armada”, denunció Lovera.

Puntualizó que Vicente Bataglia es el que se ocupa de las licitaciones y que, el verdadero presidente es el director de recursos humanos, que es el que decide todo.

Los agentes fiscales Fabiola Molas e Isaac Ferreira lograron la elevación a juicio oral y público del “Caso Navis”, que investiga un esquema criminal conformado por ciudadanos paraguayos y un ucraniano, quienes se dedicaban a la comercialización y el tráfico internacional de drogas peligrosas (cocaína clorhidrato), aproximadamente desde el año 2019.

El juez Gustavo Amarilla tomó la decisión con relación a los acusados Fernando Enrique Balbuena Acuña, Reinaldo David Delvalle Mendoza, Julio Antonio Acevedo Hauron, Julio Alejandro Acevedo Spaini, Viktor Melnyk por tenencia, comercialización, tráfico de drogas peligrosas y asociación criminal en calidad de autores, mientras que el procesado Críspulo Monzón Acosta fue acusado por tenencia de drogas peligrosas en calidad de coautor y asociación criminal en calidad de autor.

Según las investigaciones, las sustancias eran recepcionadas en pistas irregulares para su ingreso al territorio nacional y desde aquí su acondicionamiento para el envío mediante cargas lícitas en contenedores, que fue la principal modalidad utilizada por los mismos. La base de operaciones estaba en la ciudad de Eusebio Ayala y la droga supuestamente tenía a Europa como destino final.

Cabe resaltar que estas personas estaban encargadas de la organización y logística para preparar el alijo de cocaína, coordinar los transportes y la recepción del cargamento en nuestro país, para su posterior envío al extranjero.

La estructura criminal, tanto la asentada en nuestro país como la establecida en el exterior, hacía uso de aplicaciones de mensajería encriptada, para proteger mensajes, llamadas y comunicación entre la aplicación y los servidores (threema, signal, entre otros) logrando con ello ocultar la información respecto a las actividades ilícitas.

Es noticia hoy: Gobierno pagará subsidio al transporte, excepto “casos sospechosos”