Motochorro es condenado a 29 años de cárcel por doble homicidio

Un Tribunal de Sentencia encontró culpable de un asalto con derivación fatal a un hombre quien en el 2021 irrumpió en compañía de otros dos cómplices (hoy todavía prófugos) a robar en una despensa.

Se trata de Merced Daniel Herrera, quien fue condenado a 29 años de cárcel, tras haber sido hallado culpable de un doble homicidio doloso, tentativa de homicidio doloso y robo agravado con resultado de muerte o lesión grave.

El agente fiscal Samuel Valdez representó al Ministerio Público durante el juicio oral en el que logró que un Tribunal condenara a Merced Daniel Herrera a 29 años de cárcel, tras haber sido hallado culpable de un doble Homicidio Doloso, Tentativa de Homicidio Doloso y Robo Agravado con resultado de Muerte o Lesión Grave.

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Los antecedentes datan del 20 de agosto de 2021, cuando aproximadamente a las 18:30 en una despensa ubicada en la localidad de Aguyje Pyahu de la Colonia Aquidaban Cañada, del departamento de Concepción estaban los dueños José Campo Salles, su esposa De Belén Chávez de Campos y el hijo de la pareja, cuando llegaron tres hombres en dos motocicletas armados y los redujeron.

Los desconocidos exigieron que entreguen todo el dinero que tenían y en eso el hijo de la pareja trató de huir y Herrera abrió fuego contra el joven, José Campos y su esposa, trataron de intervenir y también fueron heridos de bala. La pareja falleció y el hijo resultó herido, pero sobrevivió.

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Los asaltantes se llevaron G. 10 millones y huyeron. Con el correr de las investigaciones fue detenido Merced Herrara, quien fue imputado por el fiscal Samuel Váldez, que también lo acusó y pidió la eleva pena en el juicio oral, donde finalmente fue condenado a 29 años de cárcel. El proceso queda abierto para los otros dos prófugos.

En audiencia pública, debaten sobre alcances de proyecto que pretende frenar la criptominería

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

La Cámara de Senadores convocó para este martes a una audiencia pública, con representantes tanto del sector público como privado, para analizar los alcances del proyecto de ley “Que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”.

Durante el evento, los senadores e invitados especiales expresaron sus posiciones respecto a esta propuesta legislativa, que plantea una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

El senador Enrique Salyn Buzarquis afirmó que, más que prohibir la actividad, se debe establecer un marco regulatorio más efectivo para impedir el robo de energía eléctrica. “Sería un trágico error castigar a las empresas legales”. En otro momento, habló sobre el impacto positivo mediante los ingresos obtenidos por las empresas legalmente constituidas, que abonan un precio diferencial por la energía suministrada.

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Uno de los que se expresó en contra del proyecto es el senador Eduardo Nakayama, quien considera imprudente la aprobación de una propuesta que impediría obtener más recursos para el país y promover el aumento de inversiones. “Tiene que haber un análisis previo”.

Por su parte, el senador José Oviedo explicó que no se puede prohibir la tenencia de criptomonedas, lo cual es uno de los errores conceptuales planteados en el documento. A su vez, adelantó que prepara otro proyecto que buscará regular el uso intensivo de energía eléctrica en el país.

Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía, dijo que se debe analizar si es que los empresarios del rubro de criptominería quieren realizar una inversión a largo plazo y si quieren darle un valor social. “Es intolerable en un país como el nuestro el robo de energía, el que lo hace tiene que tener una sanción criminal”, añadió.

Asimismo, resaltó que desde el gobierno se apunta a promover una política tarifaria para esta y cualquier tipo de industria, además de fijar un marco normativo que permita determinar cuál es el tipo de inversión para promover el desarrollo del país. A su criterio, no será oportuno tomar una determinación tan radical como esta, por lo que insta a que se haga un análisis minucioso sobre los beneficios que podría traer la criptominería.

Víctor Arévalos, técnico especialista en máquinas mineradoras, aseguró que la suspensión de la criptominería podría poner en riesgo la inversión y generación de fuentes de trabajo, además del potencial de innovación que este sector puede aportar al país. “Las medidas propuestas podrían perjudicar a las empresas que intentan cumplir con las regulaciones, afectando a toda la industria detrás de ella”.

Ricardo Prieto, de la Cámara Paraguaya de Blockchain, sostuvo que un proyecto como este prácticamente “podría destruir todo lo que ha construido en este rubro”, tanto en Paraguay como a nivel mundial, por lo que lo considera como “un contrasentido”. Desde el gremio buscan aportar conocimiento y desarrollar el sistema de este nuevo modelo de negocios, agregó.

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Los representantes de la ANDE volvieron a hacer énfasis en la sustracción ilegal de energía, que genera pérdidas millonarias. En ese sentido, destacaron que las empresas legalmente constituidas y registradas permiten obtener un importante flujo de caja a la institución, por lo que el debate debe centrarse en el combate a la actividad ilegal.

Derlis Gregor, investigador en tecnología, aseguró que la suspensión de actividades de criptominería supondría pérdidas para las empresas y también para la propia ANDE, además de sobrevenir en disputas legales y demandas por incumplimiento. Concentrar los esfuerzos para combatir la ilegalidad sería mucho más efectivo, a su parecer, además de establecer un marco regulatorio para las nuevas granjas de criptominería.

Histórica inversión: dos nuevas embarcaciones potencian flota mercante nacional

Esta mañana, en las instalaciones de la Terminal Portuaria S.A. (Terport) de la ciudad de Villeta se llevó a cabo el bautismo de 2 nuevas embarcaciones que desde ahora fortalecerán el liderazgo de la flota mercante paraguaya en la hidrovía.

Se trata del remolcador “Belén B” y una barcaza portacontenedores denominada “PAR 13001″ (la más grande, hoy día, en operación), cuyas incorporaciones representan la mayor inversión de la historia del sector naviero local, de unos USD 13 millones.

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Autorizadas en fecha 6 de marzo por la ministra Claudia Centurión mediante resolución ministerial N.º 206/2024, la firma Paranave S.A. de esta manera pone en operación sus dos nuevas unidades importadas de Malasia y que están pensadas para el transporte de contenedores de carga seca y refrigerada. Además, cuentan con tecnología de punta y cumplen estrictamente con las últimas reglamentaciones que rigen para la navegación internacional.

El director de la Marina Mercante, Patricio Ortega, informó que hoy día, la flota paraguaya cuenta con más de 2.500 unidades, por lo que es considerada la más grande en la modalidad de transporte de contenedores que actualmente navega la Hidrovía Paraguay – Paraná. “Paraguay y su comercio internacional dependen del 80% con la modalidad fluvial para la importación y exportación de productos, hecho que hace muy significativo el aporte de estas unidades”, subrayó.

El remolcador Belén B cuenta con una eslora (longitud) de 34 metros, una manga (ancho) de 10,5 metros y una potencia de 3.600 HP, mientras que PAR 13001 posee una eslora de 106 metros y una manga de 30 metros y cuenta con una capacidad de transporte de hasta 748 TEUs (unidad de medida expresada en contenedores) o unas 13.000 toneladas.

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Fiscalía se desmarca de policía acusado de acoso en evento de UE

El Ministerio Público recibió una nota de la Unión Europa, donde se comunica que el jefe de seguridad asignado a la Fiscalía fue denunciado por acosar y tocar a una funcionaria extranjera. Emiliano Rolón alega que es responsabilidad de la Policía Nacional.

El Crio. José Luis Noguera Orrego, asignado a la jefatura policial del Ministerio Público, participó del evento “El PAcCto 2.0″ en Panamá, durante el cual, según la denuncia, acosó a una funcionaria de la delegación y hasta la manoseó.

Al respecto, el Ministerio Público comunicó que el comisario pertenece a los cuadros de la Policía Nacional, por lo tanto, la que debe brindar atención es la institución policial.

La Fiscalía reconoce que una nota “descriptiva” del hecho fue enviada el 18 de abril pasado al embajador de la Unión Europea y, posteriormente, de la UE al Ministerio Público, a través de Relaciones Exteriores.

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A esta notificación “se dio atención positiva el mismo día”, mediante la remisión de los antecedentes a la Comandancia de la Policía. Todo lo realizado fue nuevamente comunicado a la UE.

Ante esto, la Comandancia derivó el caso a la división de Asuntos Internos para la implementación de medidas legales. La Fiscalía anuncia que se mantendrá atenta a nuevas peticiones y a la propia denunciante.

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