Gustavo Irala, director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), confirmó a Nación Media que el día de hoy recibió el informe de la Dirección de Recursos Humanos en relación al caso de Beatriz León.

Según el informe de la VII Región Sanitaria, la profesional asistió a su puesto de trabajo hasta mayo pero, según el registro diario de consultas, se observa productividad hasta febrero de este año, según mencionó a la corresponsal Rocío Gómez.

Irala indicó que todas las situaciones que consten en el informe de RRHH y las posibles irregularidades que pudieran detectarse serán objeto de estudio por parte de la cartera de Salud.

La persona que estará a cargo del expediente es el abogado Julio Colmán, director de Dictámenes.

La doctora Eusebia Beatriz León Vera, actual directora del Instituto de Previsión Social (IPS) de Encarnación, fue denunciada por supuesto planillerismo al haber firmado planillas de asistencia en la USF de Santa Rosa de Guaviyú, pero sin asistir a trabajar a dicho puesto de salud.

Desde el Ministerio de Salud Pública, el IPS y la VII Región Sanitaria confirmaron a Nación Media no contar con ningún documento de comisionamiento que permita justificar sus ausencias.

La fiscal Lisa Martínez, de la Unidad Penal Especializada en Delitos Ambientales, fue asignada para impulsar la investigación en relación a los últimos incendios en el Banco San Miguel.

Más de 40 hectáreas de esta reserva ecológica, ubicada en la Bahía de Asunción, fueron consumidas por el fuego entre el sábado y el domingo, afectando a cerca de 200 familias.

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Diversas compañías de bomberos voluntarios, con apoyo de las Fuerzas Armadas y pobladores de la zona, trabajaron de manera incansable para sofocar las llamas en esta área protegida.

En el marco de esta causa penal, el Ministerio Público solicitó la colaboración de la Policía Nacional para identificar a los responsables del inicio de los focos de incendio.

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Cabe mencionar que en la tarde del sábado, una comitiva de la Fiscalía se constituyó en la zona del Banco San Miguel, a fin de constatar la situación y recabar algunos testimonios.

Para la Municipalidad de Asunción, estos incendios fueron provocados de manera intencional, presumiblemente por algunos vecinos que quemaron basuras en la zona del exvertedero ubicado en el lugar.

Una mujer en total estado de ebriedad protagonizó un incidente violento en el Hospital Distrital de Presidente Franco al agredir física y verbalmente al personal de salud que atendía a su pareja, quien había consumido una dosis significativa de clonazepam en un aparente intento de autoeliminación.

De acuerdo a la denuncia, el hecho ocurrió cuando la mujer, identificada como Karen Dahiana Benítez Afara (38), llegó al hospital en un vehículo, acompañando a su pareja, María Leticia Franco.

Mientras los médicos realizaban un lavado gástrico a Franco y la conectaban a un suero, Benítez fue solicitada a abandonar el área de urgencias por el personal de seguridad.

En eso, la mujer reaccionó violentamente, empujando al guardia e hiriendo a tres personas, entre ellas una enfermera, a quien también mordió.

En medio del caos, María Leticia cayó al suelo durante el procedimiento médico y fue retirada del hospital a la fuerza por Benítez. Sin embargo, horas después, ambas regresaron al centro asistencial alegando que un anillo había sido sustraído, lo que desató una nueva confrontación.

La directora del hospital, Dra. Marta Sosa, denunció los hechos y solicitó la intervención policial. Los agentes aprehendieron a Karen Benítez frente al hospital y realizaron una prueba de alcotest, que arrojó un resultado positivo de 0,400 mg/L.

El agente fiscal a cargo, Thais García, ordenó la incautación del vehículo utilizado por la denunciada y notificó a su audiencia. Tras los procedimientos legales iniciales, Benítez fue liberada, pero los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación.

En entrevista con el canal GEN, Pablo Seitz indicó que este siniestro afecta directamente la calidad del agua, crucial para la práctica del remo, al ser un elemento esencial para los clubes deportivos de la región.

“El año pasado, trabajamos en conjunto con la escuela de remo paraguayo-alemana para retirar 100 toneladas de basura del tramo final de uno de los arroyos que desemboca en la bahía. Esto es solo una muestra de los efectos negativos que genera la actividad no regulada sobre la naturaleza”, comentó Seitz, refiriéndose al impacto de la contaminación y la falta de control sobre las actividades en la zona.

El incendio, que se sospecha fue causado por prácticas inadecuadas relacionadas con el reciclaje de basura y el acopio de materiales, resalta la falta de control en esta área. “Toda actividad no controlada en esta zona es sumamente peligrosa para la población en general, y para quienes practicamos remo en particular”, enfatizó Seitz, refiriéndose a la creciente preocupación sobre la seguridad y las condiciones ecológicas de la Costanera.

A pesar de los informes previos de la municipalidad de Asunción, que revelaron la situación precaria en la que se encuentran algunas empresas en la zona, Seitz lamentó la falta de acción efectiva tanto del sector privado como de las autoridades locales. “Existen graves problemas de falta de mantenimiento, acopio masivo de basura y la presencia de actividades ilegales como el robo de cables, lo cual pone en riesgo a toda la comunidad”, agregó.

Seitz también destacó que el acceso a la Costanera es complicado debido a la urbanización de la zona y la instalación de la Avenida Costanera, lo que generó accidentes entre vehículos y deportistas. Además, mencionó que la falta de espacios adecuados para la práctica del remo está afectando el desarrollo deportivo, especialmente en preparación para eventos internacionales como los de Asunción 2025.

Por último, resaltó la importancia de cumplir con los estándares ecológicos, como los implementados en la sede de la escuela de remo paraguayo-alemana, que es un ejemplo de buenas prácticas en la región. Sin embargo, cuestionó por qué no se exige el mismo nivel de responsabilidad a las empresas privadas que operan en la zona, quienes a menudo no cumplen con las normativas ambientales, poniendo en riesgo la seguridad y el medio ambiente.