El viceministro de Tributación, Óscar Orué, mencionó a la radio 650 AM que ante los dictámenes de Contraloría y Secretaría Anticorrupción, que determinaron que la resolución de Conajzar a favor de iCrop fue irregular, la Conajzar debe hacer la suspensión, porque “ellos fueron quienes le otorgaron la responsabilidad a esta empresa”.

Aclaró que en este caso la SET no puede anular el RUC a esta empresa, al no tener esa atribución legal. Solo si hay problemas en la nominación de la sociedad o una deuda con el fisco, se puede suspender temporalmente para que no emita facturas. “Lo que sí se puede hacer es inhabilitarla para prestar servicios en la función pública”, agregó.

Explicó que la empresa puede tener RUC y registrar hasta cinco actividades económicas en el Registro Único del Contribuyente, pero el que le otorgó el contrato es Conajzar y por lo tanto es la institución que debería dejar sin efecto el cuestionado contrato, basándose en los dictámenes de Contraloría y Anticorrupción. “Yo desconozco esas resoluciones, pero si es que hay esos dictámenes, Conajzar debería anular automáticamente ese contrato”, expuso.

“El Ministro de Hacienda pidió un informe y se le hizo sobre la actividad de la empresa. Es un contribuyente más, pero el que tiene que tomar decisiones es la Conajzar. Además existe una denuncia penal presentada por algunos legisladores”, dijo por último.

La Contraloría dictaminó días atrás que la adjudicación de Conajzar a favor de la empresa iCrop, para la legalización de las máquinas tragamonedas, se realizó violando varias leyes, como la que imposibilita a autorizar la explotación de estos aparatos en lugares de accesos públicos, la no realización de un proceso licitatorio y la delegación de las competencias de una institución pública a una empresa privada.

A su vez, la Secretaría Anticorrupción consideró que la licitación para la “regularización” de los tragamonedas debió licitarse.

Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

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Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.