El proceso investigativo inició el 12 de noviembre de 2018, por iniciativa del Viceministerio de Minas y Energías, a raíz del expediente en el cual la empresa Latín American Minerals Paraguay comunica que se da por terminado el Contrato de Cesión de Derechos Mineros firmado con la empresa CEMA S.A., y solicita la revocación de la cesión aprobada por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

En septiembre del 2019, se decidió realizar una auditoría puntual sobre las inconsistencias detectadas en las actividades llevadas a cabo por la empresa CEMA S.A.

En mayo de 2020, el Viceministerio de Minas y Energía presentó los descargos referentes a las observaciones realizadas por la Dirección de Auditoría Interna.

Siguiendo con el relato del Viceministerio de Minas y Energías, el 5 noviembre del 2020 se solicitó a la Dirección Nacional de Aduanas una explicación sobre los procedimientos para los trámites de Exportación.

“El proceso investigativo sigue su curso normal hasta la fecha, y la institución se encuentra recabando informes de otros entes vinculados a los procesos con el objetivo de perfeccionar – de la mejor manera – un expediente que eventualmente deba remitirse a instancias de investigación fiscal, para que este llegue a las mismas, conformado lo mejor posible”, dice el descargo del Viceministerio.

Por otra parte, aclararon que desde el año 2014 hasta el primer semestre del ejercicio fiscal 2018 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no percibió ingreso en concepto de regalías mineras, solo se registraron ingresos por medio de los cánones percibidos.

EL NEGOCIO DEL ORO EN PASO YOBÁI: ¿QUIÉN CONTROLA?

El programa de TV, La Caja Negra, dio a conocer un revelador informe de auditoría, realizado por el MOPC y que se mantuvo oculto, revela que la firma CEMA S.A. sin tener permiso alguno para la exploración de cualquier mineral por parte de Estado Paraguayo logró exportar, en los últimos 10 años, casi 3 mil kilos de oro por valor de US$ 100 millones.

Por medio de una nota dirigida a su directora de Asuntos Internacionales, Tatiana García, el Ministerio Público de Paraguay hizo llegar su solicitud, la cual tendría la finalidad de facilitar y coordinar entrevistas presenciales con los investigadores, así como, con quienes esa Fiscalía General de la Nación considere útil para el avance del caso.

En el pedido se expresa, además, que el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, como titular del Ministerio Público “se encuentra particularmente interesado en el avance y conclusión exitosa de este caso, que no solo enluta a la sociedad paraguaya y colombiana, sino a quienes forman parte de los sectores de justicia y seguridad en todo el mundo”.

La propuesta es que las entrevistas sean entre el viernes 26 de abril y el jueves 2 de mayo, por la alta necesidad de adelantar y esclarecer el caso del asesinato de Marcelo Pecci.

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Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

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Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.