La fiscal María José Pérez, solicitó además al Juzgado Penal de Garantías, la presión preventiva para los padres de los pequeños, al considerar la gravedad del hecho denunciado. Los 5 menores ya se encuentran con medidas de protección.

El hecho fue denunciado por la directora de la Codeni, quien dio un informe en el que constaba que cinco hermanos del asentamiento San Blas, se encontraban en estado de extremo abandono.

“Uno de los niños, de 12 años fue llevado al Hospital de Ñemby en grave estado de salud, apenas podía caminar por encontrarse con parásitos. Esto alertó a la trabajadora social de la Codeni de Ñemby, quien reportó el hecho a la Fiscalía”, dijo la fiscal .

Pérez indicó que encontraron a una niña de 9 años a cargo de sus tres hermanos de 4 y 3 años, y uno de 4 meses de edad, quienes presentaban lesiones cutáneas y estaban totalmente desnudos comiendo en el suelo.

“Solamente tenían un termo con té de anís como único alimento del día, los pobladores del asentamiento son quienes colaboran para que estos niños se alimenten” expresó.

Todo comenzó el 19 de abril pasado, cuando el oficial José Gabriel Jiménez de la Comisaría 24 de Asunción, comunicó al Ministerio Público la aprehensión de un adolescente implicado en un supuesto robo de motocicleta, sin embargo, fue rápidamente liberado por disposición de la fiscal Fátima Girala.

Jiménez grabó la conversación telefónica con la fiscal Girala donde la agente ordenaba la liberación del adolescente argumentando que el procedimiento no se realizó en flagrancia y tampoco existía una orden judicial.

Para el oficial Jiménez hay una clara inacción fiscal y lamentó que la liberación se dio a través de una llamada telefónica, en tanto que para la Fiscalía este procedimiento y otros que realiza el uniformado carecen de sustento legal. Inclusive, dicen que se toma atribuciones que no le corresponden al verificar vehículos como si fuera perito.

En ese sentido, la agente fiscal indicó que su unidad recibió el ingreso de otras causas relacionadas a cuatro motocicletas incautadas por el mismo agente en procedimientos realizados durante esa madrugada, sin que exista denuncia previa en la base de datos sobre presuntos robos o hurtos que guarden relación con dichas motocicletas.

De las cuatro motocicletas, solo una presentaba vestigios de posible adulteración, por lo que la agente fiscal solicitó las pericias técnicas correspondientes, cuyos resultados arrojaron un dictamen negativo en 3 de los 4 casos,.

Ante esto, la fiscal Girala pidió que se tomen las medidas para garantizar que los procedimientos policiales sean realizados en coordinación con el Ministerio Público. Además, solicitó que un superior supervise que las grabaciones realizadas por el agente sean utilizadas solo con fines laborales y no para las redes sociales.

Tras detectar el ataque, el MITIC activó el protocolo de respuesta de incidentes del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERT). En entrevista con la radio Universo 970 AM, Martínez explicó que se coordina directamente con los responsables de tecnología de cada institución afectada para garantizar una respuesta rápida y efectiva. El objetivo principal es detener la propagación del ataque y asegurar la integridad de los datos.

Las instituciones vulneradas incluyen el Ministerio de Salud, Justicia, Trabajo, la Secretaría Nacional de Deportes, la Cámara de Diputados, el Gabinete Civil, la Presidencia y la Dirección de Meteorología. El equipo técnico del MITIC trabaja en conjunto con las áreas de tecnología de estas entidades para identificar los puntos de acceso comprometidos y fortalecer la seguridad.

Además de contener el ataque, el MITIC está realizando un análisis profundo para determinar el alcance de la vulneración de datos. Se prioriza la protección de información sensible, especialmente aquella relacionada con datos personales y familiares de ciudadanos paraguayos.

Según Martínez, aunque algunos grupos cibercriminales suelen actuar con fines comerciales o para exponer vulnerabilidades, en este caso aún no se identificó el propósito específico. No obstante, las acciones preventivas buscan evitar cualquier posible uso indebido de los datos.

El director de Ciberseguridad destacó que el MITIC está reforzando la infraestructura digital para prevenir futuros ataques. Esto incluye la implementación de medidas de seguridad adicionales, capacitaciones a los equipos técnicos de cada entidad y la revisión de protocolos para asegurar respuestas más ágiles ante posibles incidentes similares.

En entrevista con el canal GEN, Eduardo Aguayo manifestó su desacuerdo con el método utilizado para la designación de los representantes obreros, ya que estos -según consideró- no fueron elegidos de manera democrática. “No tienen en realidad ningún tipo de representatividad porque no han sido electos por los trabajadores”, expresó y aclaró que ni los trabajadores de su grupo ni de los jubilados presentaron ternas para la elección de los representantes, ya que consideraron de antemano que iban a ser elegidos aquellos afines al oficialismo.

Según el dirigente, tanto el elegido Jorge López de la CUT, como el suplente Ramón Ávalos de la CNT, forman parte de centrales sindicales alineadas con el gobierno actual y carecen de respaldo genuino de la clase trabajadora.

El presidente de la Asociación de Asegurados del IPS afirmó que el Ejecutivo decidió directamente sobre la designación de los representantes, replicando el modelo ya empleado en el Consejo de Administración del IPS. En ese sentido, denunció que esta práctica vulnera el principio democrático de participación, ya que no se permitió una votación directa entre los trabajadores.

La ley establece que el procedimiento debería haberse reglamentado previamente, y en su defecto, se debió recurrir a la normativa electoral para garantizar que todos los trabajadores, afiliados o no a sindicatos, pudieran votar. Aguayo argumentó que al no contemplar este derecho, el sistema discrimina a una gran parte del colectivo laboral.

Aguayo anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad para cuestionar la legitimidad de los representantes electos. Aunque reconoce que el trámite puede ser burocrático y lento, considera que es fundamental sentar postura legal contra lo que califica como una imposición gubernamental.

Además, el gremio planea movilizaciones para expresar su repudio, no solo contra la metodología de designación de representantes, sino también contra el proyecto que plantea aumentar en un 2% el aporte patronal para crear un fondo de desempleo, una medida que consideran injusta para los trabajadores.

En lugar de cargar el costo del fondo de desempleo sobre los trabajadores, Aguayo propone que sectores económicos que obtienen grandes ganancias en el país, como la banca privada, contribuyan mediante impuestos específicos. Argumentó que estas entidades ya utilizan los fondos previsionales del IPS para negocios financieros, por lo que deberían asumir parte del financiamiento.

El Consejo de Seguridad Social será un órgano colegiado que definirá la terna de candidatos para la futura Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.