En el programa A Fuego Cruzado, emitido por Canal GEN, el secretario de Estado calificó de mentiras, las acusaciones de que el plan apunta a cambiar el sistema actual por uno de capitalización  individual, y del sistema en general.

“Los que iniciaron la redacción fueron los sindicatos y empresarios. Nosotros nos metemos al último, para proponer qué cosas se puede agregar. Y terminamos con un consenso. Entonces, mal podríamos decir que vamos a hacer tal o cual cosa, cuando nosotros no redactamos ese proyecto de ley”, refiere el titular de Economía.

Respecto al destino que debe dar IPS a sus fondos, subraya que el historial en ese sentido, ha demostrado que la entidad ya se ha quemado prácticamente en todos los sectores y que, en contrapartida, el Estado es un buen pagador, por lo que, resulta absurdo desdeñar la posibilidad de poner recursos en sus bonos.

“¿Dónde vas a meter?, porque en donde metió perdió plata, o acaso no metió en bancos. Si vamos a decir por qué el Estado es mal pagador, por qué el Estado es buen pagador, si es que es por eso, con todos ya se quemó el IPS”, dice.

El ministro subraya que la situación económica de Paraguay se encuentra cerca de poner al Estado, al grado de inversión, máximo estatus a que acceden muy pocos países, y cuyo fundamento es un Estado confiable.

“Si la cosa más valiosa que hay, lo dicen sofisticados inversionistas, son los bonos de Paraguay, no tiene sentido que no le dejes comprar algo que tiene, como decís,  grado de inversión”,  apunta.

Fernández Valdovinos indicó en cuanto a la puesta en venta de bienes inmobiliarios de la previsional (se estima en más de 2.000 millones de dólares en existencia) que la reglamentación estaría a cargo de los implicados en el sistema, esto es, tres representantes del gobierno, y tres por el sector comprendido de jubilados, asegurados y empresarios.

“Los parámetros no se tocan en esta ley, se refiere a la supervisión, que no afecta la administración de las diferentes cajas”, consigna.

El ministro de Economía insiste en que el proyecto de superintendencia es una figura que todos los sectores concuerdan que hace falta para que cesen los robos al Instituto.

“Hay dos cuestiones, una es que hay que poner réferis, que es lo que estamos haciendo ahora. Y a futuro tenemos que crear un sistema universal de seguridad social. Hay gente que no está y no va a estar con jubilación. Ese es un debate mucho más amplio”, agrega.

El ministro Fernández Valdovinos refiere que los sectores que critican el plan, son los que fueron invitados para discutir y definir los términos del proyecto, y que ahora exponen oposición.

“Es fácil tirotear contra un proyecto para lo cual se te invitó y no quisiste concurrir, y decir que esto va a una capitalización individual, que no me parece luego lo mas acertado”, añade.

Luis Benítez y Alfonso Peña, directores de Yacyretá por la margen derecha e izquierda, respectivamente, junto con el presidente de la ANDE, Félix Sosa, y el titular de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería de Argentina, Daniel González, el día de hoy suscribieron el “Acuerdo Operativo de la EBY”.

Se trata de un documento de suma importancia para la entidad compartida por Paraguay y Argentina, ya que permitirá ordenar la operación y el flujo financiero de la binacional.

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Uno de los aspectos claves de este acuerdo es la fijación de una tarifa única de USD 28 por megavatio/hora como retribución por la energía generada y comercializada por la EBY.

De igual manera, se destaca la definición de aspectos operativos que permitirán a ambos sistemas contar con mayor previsibilidad en el despacho de cargas para abastecer las demandas.

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Este acuerdo, a su vez, allana el camino para la reactivación de las obras en el brazo Aña Cuá, fundamentales para ampliar la capacidad de generación de la central hidroeléctrica.

Desde la Presidencia de la República celebraron la firma del acuerdo entre ambas partes, afirmando que el mismo representa “un avance que fortalece la equidad en la distribución de los beneficios energéticos entre Paraguay y Argentina”.

Para el abogado Ricardo Preda, la Contraloría General de la República tiene toda la facultad de solicitar la intervención de un municipio, amparándose en la ley 317 del año 1994 “Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/o municipales”.

“No hay mucho margen para la interpretación. Sin lugar a dudas, la Contraloría tiene la facultad de solicitarle al Poder Ejecutivo que inicie los trámites de intervención”, explicó el abogado Preda en conversación con Universo 970.

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Dijo además que en el caso de la Junta Municipal es la que no puede pedir una intervención sin un dictamen previo de la Contraloría.

Asimismo, sostuvo que la falta de transparencia es una puesta en peligro de irregularidad en la gestión y que en el caso de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, el pedido de intervención es una decisión plenamente jurídica por parte de la Contraloría.

“La Contraloría si detecta un delito, hace el reporte de hecho punible. Lo que acá pide es que se intervenga porque hay una situación fuera de control y se detectaron irregularidades que pueden poner en riesgo el patrimonio”, subrayó.

Agregó que no hace falta llegar al perjuicio patrimonial, sino que basta con el hecho de poner en riesgo el patrimonio.

La fiscal Gladys González imputó por los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa y transgresión a la Ley de Armas a Juan Manuel Bogarín Domínguez.

Este sujeto se encuentra acusado de intentar asesinar a su expareja, Isabel Margarita Dávalos, y a su novio, Alexis Javier Rodríguez Paredes, aparentemente motivado por los celos y el despecho.

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El hecho se registró en el año 2023, en jurisdicción del barrio La Lomita de la ciudad de Ñemby. En aquella oportunidad, Bogarín había interceptado a la pareja cuando estaba a punto de llegar a su vivienda.

Tras descender de un vehículo con un arma de fuego, este sujeto intentó disparar contra la humanidad de la mujer, quien en ese momento iba con un bebé en brazos. Por fortuna, la pistola se trabó y no logró dispararse.

Esta situación fue aprovechada por Dávalos y Rodríguez, quienes huyeron rápidamente hasta su domicilio, ubicado a pocos metros del lugar donde fueron interceptados.

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Decidido a continuar con su plan, Bogarín persiguió a las víctimas mientras continuaba intentando disparar, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el imputado.