El pasado viernes 12 de marzo, la magistrada Alice González falló a favor del periodista de la Nación Jhojhanni Vega e intimó a la EBY a que en un plazo de 10 días proporcione el listado de pagos en concepto de publicidad, eventos y propaganda hecho por la binacional.

Esta medida judicial se dio luego de que el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, se negara a dar estos datos que son públicos. El abogado José Prono, representante legal del Grupo Nación, explicó que la odisea inició en octubre del año pasado, cuando el comunicador solicitó formalmente a la binacional que proporcione información pública, pero esta comenzó a poner trabas, pasando la pelota a otras instituciones del Estado y alegando que debía tener la autorización del lado argentino.

Con esta decisión de la justicia, Duarte Frutos tiene una semana para juntar los documentos y darlos a conocer a la opinión pública. No obstante, el abogado resaltó que el titular de la EBY puede accionar en contra a la resolución ante el Tribunal de Apelaciones, por lo que deberán aguardar hasta la próxima semana para ver si se llega a esa instancia.

Sobre el punto, Ezequiel Santagada, abogado y director ejecutivo de la organización IDEA, que promueve y apoya la transparencia de la gestión del Estado, el acceso a la información y a la participación ciudadana, expresó que al haber una sentencia de primera instancia que hace lugar al amparo, debe cumplirse por más que se apele. La apelación en este caso no tiene efecto suspensivo, según explicó.

“Lo más relevante de esta resolución es que deja en claro que la Información Pública no es patrimonio documental protegido de ninguna institución pública ni de sus funcionarios”, destacó el letrado.

Pasaron casi cinco meses del pedido realizado por el equipo de investigación del diario La Nación para que la Justicia resolviera que la hidroeléctrica debe rendir cuentas sobre el listado de pagos en concepto de publicidad, eventos y propaganda, al igual que las rendiciones de las transferencias económicas hechas a organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales durante el 2019 y el 2020.

Vale recordar que a fines del mes de febrero, la EBY liberó datos parciales al agregar una categoría a su pestaña de “Acceso a la información pública” en su página web, donde dio a conocer los primeros datos sobre los gastos en publicidad que realizó la hidroeléctrica en los últimos años. Sin embargo, esta información era parcial y Duarte Frutos buscó así confundir a la jueza.

La magistrada del caso, quien escuchó a la contraparte y supo que debía aplicar la Ley, expuso en su resolución final que los datos requeridos no afectan al tratado internacional en el que se quiere escudar y ratificó que son de carácter público.

Tras el revés sufrido por Nicanor, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, expresó que la decisión está correctamente ajustada a la ley y recordó que su institución informó al juzgado sobre todos los pedidos de información pública que le fueron solicitados sobre la EBY. “Nosotros ya habíamos recomendado a través de nuestro dictamen no vinculante, que la información se debía entregar, porque así lo determina la Ley de Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario”, mencionó.

Coincidió el doctor Óscar Tuma, quien afirmó que la decisión de la Justicia se encuentra ajustado a derecho.

Por su parte, el diputado del partido Patria Querida, Sebastián García, vicelider de bancada y presidente de la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara Baja, lamentó que se tenga que recurrir a la Justicia para hacer cumplir lo que exige la ley.

En tanto que, el senador liberal Fernando Silva Facetti argumentó que los políticos que estén al frente de las instituciones públicas, incluyendo las entidades binacionales, como la EBY y la Itaipú, tienen no solo la obligación legal, sino moral de transparentar su gestión. Agregó que deben responder a las solicitudes de acceso a la información las veces que sean solicitadas dentro del marco de la ley.

Agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD esta mañana encabezaron un operativo en el barrio San Miguel de la ciudad de Nanawa, como parte de la lucha contra el microtráfico.

Durante el procedimiento, que contó con el acompañamiento de la fiscal Norma Paredes, fue allanada una vivienda de la zona que funcionaba como foco de expendio de drogas al menudeo.

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Tras hacer la verificación del inmueble, los intervinientes lograron encontrar varios paquetes que totalizaron 341 gramos de cocaína, equivalentes a unas 700 dosis de la droga, además de 35 dosis de crack.

En el lugar fue detenido un hombre de nacionalidad argentina, de nombre Nelson Mario Rodriguez, de 31 años, oriundo de la vecina localidad de Clorinda. El mismo sería el responsable de la venta de drogas.

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El informe de la SENAD refiere que este extranjero surtía de estupefacientes tanto a ciudadanos paraguayos como argentinos, quienes cruzaban la frontera para adquirir la droga.

La fiscal interviniente dispuso la detención del extranjero y la incautación, junto con las drogas, de una motocicleta, un celular, balanza de precisión, entre otros elementos.

El informe policial refiere es que el accidente se registró ayer, en horas de la noche, sobre la avenida Monseñor Rodríguez casi Ruta PY07 de la mencionada ciudad.

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Se trata de un tractocamión de la marca Scania, modelo R124, color blanco, del año 1997, con semirremolque marca Guerra, conducido por Alberto Daniel Velaztiqui García (32).

Los agentes de la comisaría 7° se constituyeron en el lugar encontrando el camión de gran porte volcado y recostado hacia el lado izquierdo, con la carga esparcida sobre el asfalto.

El camionero relató a los intervinientes que circulaba sobre la avenida Monseñor Rodríguez en dirección este, y al llegar en la intercepción con la Ruta PY07, perdió el control del tractocamión, lo que ocasionó el vuelco.

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Silvio Corbeta, fiscal de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos, formuló acusación y solicitó juicio oral y público para Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube.

Roa fue acusado por cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

En cuanto al empresario Koube, la acusación es por lavado de dinero, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

El documento consta de 117 páginas y queda a cargo del Juzgado Penal de Garantías, que, una vez recibidas todas las pruebas, deberá fijar fecha para el inicio del juzgamiento.

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El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Según la pesquisa, Koube entregó el yate al exministro de Emergencia Nacional como para de una coima para ganar al menos 10 licitaciones entre los años 2018 y 2021 por una suma que ronda los G. 16.000.000.000.

El empresario y el exministro abdista se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos, la obtención de una embarcación AZ 42, valuada en USD 450.000 y sumas de dinero.

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