En el país, alrededor de 28.000 personas viven con ceguera ya sea por haber perdido totalmente la visión o que nacieron con esta situación y de esta cifra se estima que 15.000 tendrían la posibilidad de recuperarla accediendo a una cirugía de cataratas.

Mientras, las graves dificultades para ver también afecta a 250.000 personas y de esta entre 30.000 y 50.000 no tienen la posibilidad de recuperar su capacidad visual, y necesitan de rehabilitación y de apoyo, de un sociedad capaz de incluirlas en el contexto y goce pleno de sus derechos, afirma Alexander Páez, coordinador de la Unidad de Proyectos de Fundación Visión.

Recordó el impacto que tiene para una persona y su familia la recuperación de la capacidad visual lo que repercute directamente en una mejor calidad de vida porque al hablar de una deficiencia visual es más que un aspecto biológico porque tiene que ver con la participación, inclusión, capacidad de desenvolverse, trabajar, mantener una familia.

“Estadísticamente hablando, la ceguera es una situación que afecta en mucho mayor medida a las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Su prevalencia se ve principalmente en zonas de escasos recursos y en el interior del país. Esto tiene que ver con diversos factores, y no solo con una cuestión de precio de la cirugía de catarata; hay cuestiones relacionadas con el desconocimiento al tratamiento, el miedo al procedimiento o la falta de acceso a un lugar de atención cercano”, explicó Páez.

Los más afectados por esta condición son los bebés recién nacidos y adultos mayores que viven en el interior del país y a quienes se brinda un tratamiento y atención desde la fundación.

“Si pensamos, por ejemplo, en una persona de nuestro campo de 60 años, ciega por catarata, es probable que no conozca el tratamiento, o que tenga miedo de afrontarlo. Es por ese motivo que es fundamental, mediante una estrategia centrada en la promoción comunitaria, proveer de educación, proveer de un tratamiento de calidad entre otros aspectos”, agregó.

Páez destacó que son cuatro las áreas en las que se debe seguir trabajando para disminuir la discapacidad visual en los próximos años entre ellas: cataratas, retinopatía diabética, retinopatía de la prematuridad, baja visión y ceguera.

“Para atender esta creciente demanda tendremos que trabajar fuertemente en disponer como país de profesionales médicos especializados, y en crear alternativas que nos permitan llegar a cada persona del Paraguay, allí en donde estén. Insistimos en el hecho de que las personas ciegas por catarata de nuestro país viven en contextos rurales de escasos recursos y necesitamos saber en dónde están, y proveerles salud a cada uno de ellos y a sus familias”, puntualizó.

Hoy y mañana, la Clínica Central de la Fundación Visión realizará atención oftalmológica y cirugía de cataratas sin costo para personas a partir de 60 años. El horario de atención está fijado entre las 7:00 y 17:00 horas.

Los adherentes del diputado Ulises Quintana decidieron solicitar su liberación, a través de un escrache frente a la residencia de la fiscal general del Estado, Sandra Quinóñez.

Los manifestantes indicaron en la oportunidad que al no ser recibidos por la autoridad, decidieron arrojar huevos. “No le garantizamos que mañana le arrojemos huevo, puede que desayune otra cosa. Para vos Sandrita”, dijo una mujer que portaba un altoparlante.

#Movil970 @angelicagesama Adherentes del diputado Ulises Quintana escrachan a la fiscal general del Estado Sandra Quiñónez frente a su vivienda #970AM pic.twitter.com/gJwdN5BD4u

— 970 AM (@Radio970AM) 11 de octubre de 2018

"No cumplió con su promesa, entonces a las malas. Hoy le tiramos huevo, mañana puede desayunar otra cosa", decía una de las adherentes del diputado Ulises Quintana frente a la residencia de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez. Vía @angelicagesama #970AM pic.twitter.com/JR2jExr0Dc

— 970 AM (@Radio970AM) 11 de octubre de 2018

Ayer, el cuestionado diputado colorado del movimiento Añetete que está en prisión preventiva en el penal militar de Viñas Cué remitió una nota al titular de la Cámara de Diputados para denunciar supuestas “graves violaciones” de sus derechos procesales perpetrados por el Ministerio Público. En ese sentido dijo que faltan méritos para dictar su prisión preventiva.

Lamentó, según publica el diario La Nación, que la Fiscalía no procedió a realizar algunas diligencias básicas, como pedidos de informes a la Dirección General del Registro Público, Registro del Automotor, Banco Central del Paraguay, Contraloría General de la República, Secretaria de la Función Pública, Seprelad y Senad, además de tomar la declaración testifical de los agentes fiscales antidrogas de Alto Paraná, Elvio Aquilera y Manuel Rojas, y del Director de Inteligencia de la SENAD, Juan Manuel Jara.

“No es común que el Ministerio Público haga brazos caídos en una causa de tanta trascendencia como esta; no es común que el Ministerio Público no tenga interés en investigar los hechos punibles atribuidos a un Diputado Nacional que se encuentra privado de su libertad en forma cautelar; no es común que el Ministerio Público descaradamente ignore el pedido de diligencias de un imputado, más todavía cuando las diligencias que se solicitan son básicas”, dijo el diputado con permiso.

Ulises Quintana está imputado por tráfico de drogas (en carácter de cómplice), tráfico de influencia, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:30 de ayer miércoles, sobre la ruta V General Bernardino Caballero, de la colonia Raúl Ocampos Rojas, departamento de Amambay.

Los agentes antinarcóticos persiguieron a un automóvil de la marca Hyundai, con chapa brasileña, cuyos ocupantes se percataron de la presencia policial y aceleraron la marcha.

Después de un buen tramo se detuvieron, descendieron del vehículo y posteriormente huyeron a pie, logrando burlar a los intervinientes.

Durante la verificación del habitáculo hallaron 1.146 kilos de marihuana prensada, distribuidos en panes y bolsas. El rodado estaba repleto de esta carga.

El automóvil y los elementos fueron trasladados a la oficina regional del departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, por disposición de la Fiscalía de la Unidad número 2.