La agente fiscal Estela Mary Ramírez de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes, formuló imputación en contra de un hombre (49) por la presunta comisión de los hechos punibles de Maltrato de Niños y Adolescentes bajo Tutela y Abuso Sexual en Niños.

Desde la recepción de la denuncia, en la ciudad de J. Agusto Saldivar, el Ministerio Público ha realizado diversas diligencias.

La causa fue remitida a Caaguazú el 8 de abril de este año, sin embargo había iniciado en marzo en la unidad zonal mencionada. Entre las primeras diligencias, la presunta víctima fue inspeccionada por profesionales del Centro de Atención a Víctimas. También fue convocada la madre del menor para que preste su declaración testimonial. El niño, asistió a varias sesiones de Evaluación Psicológicas para obtener un relato de los hechos que presuntamente ocurrieron.

Se trata de un niño de 7 años y se sindica a un tío materno como presunto autor del abuso sexual que habría sufrido el menor. La madre había dejado a su hijo bajo la tutela de la abuela, en Caaguazú, cuando la mujer se mudó a J. Augusto Saldivar para trabajar. En una ocasión en que la abuela enfermó y fue traída a Asunción para un tratamiento médico, madre e hijo se reunieron y el niño habría relatado lo ocurrido.

El menor le comentó a su madre que en una ocasión, cuando su abuela estaba enferma, su tío lo llevó a la chacra, que estaba un poco alejada del domicilio y lo sometió sexualmente, a raíz de ello tuvo fuertes dolores. Asimismo, mencionó que su tío lo golpeaba por esa razón tenía mucho miedo de contar lo sucedido.

Un llamativo hallazgo dejó desconcertados a habitantes de la zona de Loreto, en un terreno baldío situado sobre la Ruta PY22, a orillas del arroyo Saladillo.

Se trata de una especie de cementerio improvisado, donde fue hallada una gran cantidad de restos óseos de animales vacunos, principalmente cráneos.

Te puede interesar: Nuevo feminicidio sacude al norte: mujer fue asesinada y su hija herida a puñaladas

De acuerdo al informe del periodista de Nación Media, Ángel Flecha, cerca de 500 ejemplares muertos ya habrían sido depositados en este sitio, que se encuentra cubierto mayormente por árboles y malezas.

Las sospechas apuntan a “cuatreros” que operan en la zona como responsables de arrojar en este terreno los restos del ganado robado de diversos establecimientos.

Leé también: Fiscalía interviene ante muerte por envenenamiento de varios perros en un barrio en Yby Ya´u

Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) - Regional Concepción lamentan que los abigeatos continúen campantemente en el departamento, por lo que exigen una acción más contundente a las autoridades.

“Algunos directivos ya han tenido 100 casos en el año”, expresó a GEN Gustavo Ruiz, presidente del citado gremio local. El mismo teme que exista complicidad de la Policía Nacional con estos criminales.

Con el propósito de garantizar una jornada electoral transparente, la Justicia Electoral pone a disposición de la ciudadanía datos e informaciones relevantes para las votaciones de este domingo en Ciudad del Este.

Una de las aclaraciones principales tiene que ver con la cédula de identidad, siendo el único documento válido para sufragar, sin importar si está vigente o vencida. En este caso, no se podrá utilizar el documento digital de la app Portal Paraguay.

Un total de 237.223 electores están habilitados para votar al nuevo intendente de la capital del Alto Paraná. Unas 795 Mesas Receptoras de Votos, distribuidas en 23 locales de votación, se encontrarán a disposición de los mismos.

Para estos comicios, se prevén una serie de prohibiciones, incluyendo la portación de armas de fuego a menos de 200 metros de los centros de votación, la venta de bebidas alcohólicas desde 12 horas antes del inicio de las elecciones y el ingreso al cuarto oscuro con teléfonos celulares o cámaras.

Una vez culminada la votación y cerrados los locales electorales, a las 17:00 hs se prevé iniciar el escrutinio público y fiscalizado, que luego dará paso a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

En esta oportunidad, nuevamente se implementará el Programa “Voto Accesible”, que contempla los servicios de “Voto en Casa” para personas con discapacidad física severa o que por motivos graves de salud no puedan acudir a su local de votación, y el “Voto en Mesa Accesible” para adultos mayores o personas con dificultad para movilizarse, disponibles en todos los locales de votación.

Los ciudadanos esteños pueden consultar su local de votación ingresando al sitio padron.tsje.gov.py. Para informes, se encuentra habilitado el número 134, de la Oficina de Información y Respuesta Electoral (OIR), además del teléfono (021) 618 0111 (Centro de Atención al Ciudadano) y el WhatsApp +595216180111.

El documento tiene la intención de remediar la situación de re victimización que padecen ante la burocracia estatal, y en particular ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes fueron declarados víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura stronista, entre los años 1954-1989.

La iniciativa apunta, exclusivamente, a las solicitudes de indemnización que ingresaron en plena vigencia de la ley Nº 838/96, el cual en su artículo 3 establecía que la Defensoría del Pueblo es el ente encargado de recibir y evaluar reclamos por indemnización.

Estipulaba, igualmente, que la duración del proceso no tenía que sobrepasar 90 días y que requería la revisión y dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, establecía, con meridiana claridad, que su dictamen no eran vinculante para la decisión final de la Defensoría del Pueblo.

La exposición de motivos explica que la citada disposición fue modificada por la Ley Nº 4381/2011, la cual establece que la Defensoría del Pueblo debe enviar las pruebas a la Procuraduría General de la República para que emita un dictamen, en un plazo de 30 días. Dicho dictamen es un requisito previo para que la Defensoría del Pueblo resuelva sobre la calificación e indemnización.

Los proyectistas explican que hay casos que comenzaron cuando regía la antigua Ley 838/96, la cual permitía indemnizar a los hijos menores de las víctimas de la dictadura.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió sus dictámenes recién en 2011, 2012 y años siguientes, oponiéndose a las solicitudes de indemnización.

Aducen que, a pesar de estos dictámenes negativos, la Defensoría resolvió aprobar las indemnizaciones. “El problema actual es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en lugar de proceder con los pagos, vuelve a enviar los expedientes a la PGR pidiendo un nuevo dictamen. Esto genera demoras innecesarias, ya que según la ley anterior, estos dictámenes no son obligatorios”, según entienden los legisladores.