“Además de todo lo que significa la presión de quedarse en casa, convertir la casa en colegio virtual representa una presión”.

Así se expresó Espínola en una charla sostenida con Radio La Unión. El líder sindical manifestó que “acordamos por unanimidad que el receso escolar se de sin las tareas”.

“No estamos en un tiempo normal. El desarrollo en esta primera fase fue bastante dificultoso”, indicó y reposó el fundamento en las múltiples quejas de los padres.

Lamentó que la aplicación de las tecnologías se de en un contexto sanitario desfavorable, ya que la premura de tiempo incidió en constantes tropiezos en la aplicación de las herramientas virtuales.

“Hay muchos problemas. A lo mejor hay saldo para cargar internet pero tal vez no haya conectividad y ese es uno de los problemas”, mencionó Espínola.

Insistió en que “es grave la situación”. “No salen del sistema pero no se es parte del proceso”, criticó en relación a que estar en cursos online no representa un proceso efectivo.

“El proceso genera un estrés. El Ministerio de Educación no desarrolló los programas previstos en el proyecto de incorporación de tecnologías”, dijo.

Mencionó que la cartera estatal “tuvo los recursos y no los invirtió” y que la presión psicológica es mayor para el educando, es decir para los padres.

“También lo es para el educador que remite de acuerdo a su registro tareas a 50 ó 40 alumnos y en el retorno tiene ocho o diez. Con esta virtualidad y sin conexión e interacción no se puede llevar a cabo el proceso”, señaló, considerando que eso acarrea atraso.

El procedimiento administrativo estará habilitado hasta el viernes 26 de abril para que los adjudicados puedan llegar hasta las sedes y presentar los documentos correspondientes.

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Los documentos exigidos son fotocopia de cédula de identidad autenticada por escribanía pública y copia del Certificado de Estudios de la Educación Media.

Miembros de comunidades indígenas, además de los documentos mencionados, deben adjuntar fotocopia de carnet indígena expedido por el INDI, autenticada por escribanía. Personas con discapacidad, copia del certificado de discapacidad expedido por la SENADIS, autenticado por escribanía.

Los becarios menores de edad deben acudir para este trámite acompañados de los padres o tutores y la fotocopia de la cédula de identidad, original o copia del certificado de nacimiento del becario o el documento legal que acredite la tutela.

La convocatoria de Becas del Gobierno unió las ofertas de beneficios para estudios universitarios de Itaipu, de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), del Ministerio de Educación (MEC) y de la Secretaría de la Juventud (SNJ) para ofrecer 4.500 becas de estudios universitarios y 500 para tecnicaturas.

El procesado fue identificado como Gregorio Báez Ramírez (47 años), quien fue detenido tras una nueva golpiza que propinó a su pareja, a quien además amenazó de muerte. El mismo enfrenta el proceso por violencia familiar y tiene pedido de prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación de la agente fiscal Liliana Denice Duarte, el agresor presuntamente es muy violento y desde el inicio de la relación habría sometido a la víctima a constantes agresiones físicas y verbales, al punto de denigrarla en su condición de mujer. La pareja tiene 7 hijos, de los cuales cuatro ya son mayores, y que también habrían sufrido violencia en el pasado.

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El último acto de violencia se produjo el 18 de abril de 2024, en horas de la mañana, en el sector V del barrio Remansito de Ciudad del Este. En dicha ocasión, la mujer se encontraba cuidando a su bebé de 1 año, momento en que el hombre la llamó para ponerle miel a su desayuno. Conociendo el mal carácter de su esposo, la víctima dejó a la criatura en la cama y fue a servirle. Sin embargo, el pequeño cayó al suelo y se golpeó.

Ante esta situación, el hombre se descontroló y comenzó primeramente a maltratar verbalmente a la mujer, hasta propinarle presuntamente patadas en las piernas, además de agarrarle del cuello con la aparente intención de ahorcarla, ocasionándole lesiones.

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Algunos vecinos que se percataron de la situación, alertaron a una de las hijas de la pareja que no vive en el lugar. La misma radicó la denuncia y los agentes policiales acudieron al sitio, procediendo a la aprehensión del presunto autor de la agresión.

Estando privado de libertad y frente a los intervinientes, Báez Ramírez habría advertido a la víctima que una vez que salga de la cárcel la mataría a ella y a los hijos.

A los acusados se les atribuye la presunta solicitud de sumas de dinero a cambio de no incautar o denunciar el ingreso de mercancías que ingresaban al territorio nacional en forma clandestina. Entre los que se encontraban productos frutihortícolas, combustibles, electrónicos, cigarrillos, calzados, ropas, azúcar y otros.

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De los 20 imputados, 9 eran funcionarios del Detave, 6 particulares que se desempeñaban como secretarios, así como 3 efectivos policiales, destinados a los puestos de control, además de 2 empresarios.

Estas personas se suman a la lista de procesados en la causa donde ya habían sido acusados 14 funcionarios por cohecho pasivo agravado, contrabando y asociación criminal, entre ellos el Gral. S.R. Ramón Benítez Amarilla, extitular de COIA quien fue acusado el 2 de julio del 2020 y está pendiente de casación.

La Dirección Nacional de Aduanas tiene como una de sus dependencias a la
Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (C.O.I.A.) de la que depende el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (DETAVE), el que a través de su División Operativa se encarga del control del contrabando en todo el territorio de la República del Paraguay.

Según la imputación, estas personas siendo parte de esa dependencia, ocupaban diversos cargos y desempeñaban funciones como empleados del Estado, específicamente de la Dirección Nacional de Aduana. Los intervinientes aguardan el avance del caso para la realización del juicio oral y público, en relación a los acusados anteriormente.