Algunos integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios utilizaron sus respectivas cuentas de Facebook para hacer denuncias públicas en contra de la institución, apuntando principalmente a su titular, Rafael Valdez.

Uno de ellos fue Javier Andino Soca, quien denunció la mala utilización y el despilfarro de recursos del CBVP para fines particulares o, en su defecto, para efectuar gastos que no corresponden.

De acuerdo a la publicación, Valdez llegó a alquilar un avión para transportarse a un costo de casi G. 40.000.000, además de abonar más de G. 80.000.000 en honorarios por asesoría legal para “casos particulares” que estarían vinculados a las denuncias de malversación de fondos que pesan en su contra.

En dicho posteo también se habla de más de G. 840 millones que fueron destinados al pago de sueldos de un solo año pero sin estar debidamente especificados.

Otro de los que se expresó en el mismo sentido es Richard López Abdala, quien también denunció la mala utilización de los recursos institucionales por parte de Rafael Valdez, adjuntando una imagen de lo que sería parte del balance correspondiente al periodo 2018.

“Impresionante la capacidad administrativa que tienen que analizar y cerrar balances de 3 años en 3 días”, señala Andino en otra publicación, refiriéndose a los balances del CBVP que siguen sin ser presentados ante los demás miembros del cuerpo.

Según presume, la intención sería la de posponer la presentación de los balances que van desde el 2018 hasta el 2020 hasta después de que se celebre la Asamblea General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, prevista para este domingo. En dicha jornada se elegirán a las nuevas autoridades de la entidad.

El año 2025 cerró con una deuda de 220 millones de dólares del Gobierno con las vialeras. Ese número hoy se redujo, a través del plan fraccionado que empezó a ejecutarse este año.

El compromiso asumido con el Ministerio de Economía y Finanzas fue pagar 300.000 millones de guaraníes al mes desde el 2026 para saldar el pasivo del 2025.

La ministra de Obras, Claudia Centurión, informó que se procedió de la siguiente manera:

“En enero alcanzamos 285.000 millones de guaraníes, en febrero 275.000 millones y en marzo, esta primera semana nos habilitaron 200.000 millones, con la expectativa de que la próxima semana nos van a entregar otros 80.000 millones, si bien no alcanzamos lo planificado, estamos en ese orden”, confirmó la ministra Centurión, en un contacto con la emisora 1020 AM.

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La ingeniera reconoció que las obras están impactadas por una ralentización de los pagos, lo que genera una incertidumbre y una falta de previsibilidad. Sin embargo, hubo una sola solicitud de detener la obra.

“Manejamos 200 contratos en ejecución, el problema es real, hay deudas, hay una ralentización en los pagos, arrastramos la deuda del 2025 al presupuesto del 2026, pero de ahí que tenga sobre mi escritorio solicitudes de suspensión no, tenemos uno solo que es de la empresa de Graneros del Sur, ellos han solicitado, pero el resto no”, afirmó.

Respecto a la obra Pozo Colorado-Concepción, la ministra negó que se haya detenido o que haya una amenaza de paro, ya que el último certificado fue pagado en enero. Del contrato de 40 millones de dólares, solamente quedan pendientes 400.000 dólares.

En charla con el canal GEN, la ministra Mónica Recalde detalló que desde el viernes anterior al inicio de clases comenzaron las verificaciones de la regularidad de los trabajadores en el IPS.

Actualmente, 16.200 trabajadores ya están registrados, cifra que supera al del año pasado, gracias a la implementación anticipada de contratos y cláusulas mínimas para las empresas que prestan servicio en el programa.

“Escuela por escuela vamos a iniciar controles la próxima semana para asegurar que todos los trabajadores estén en condiciones dignas de trabajo, recibiendo salario justo, horas extras y uniformes”, afirmó la ministra.

Por otra parte, Recalde aclaró que la mayoría de las quejas por supuestos despidos injustificados corresponden a finalizaciones de contratos a plazo. “Casi el 95% de los trabajadores culminaron su contrato el 30 de noviembre. En algunos casos se ofreció la oportunidad de reincorporarse este año”, explicó.

La autoridad remarcó que no se recibieron denuncias formales laborales y que las quejas responden más a un contexto político que a irregularidades laborales.

La ministra indicó que, para evitar interrupciones en el empleo, el Ministerio recomendó a las empresas aplicar la figura de suspensión de contrato por 90 días, durante las vacaciones escolares, y asegurar así que los trabajadores puedan ser recontratados al reinicio de clases. Sin embargo, muchas empresas no se adhirieron a esta medida, salvo en casos de trabajadoras embarazadas o lactantes.

Recalde recordó que el Código Laboral prohíbe cualquier tipo de coacción o inducción política, religiosa o sindical por parte del empleador. “Si un trabajador denuncia que se le exige pertenecer a un partido, fiscalizamos a la empresa. Los organismos de control, como la Contraloría o el Ministerio Público, deben intervenir para verificar estas situaciones”, afirmó.

La ministra enfatizó que el objetivo principal es preservar el programa Hambre Cero, y adelantó que se estará evaluando que en futuros llamados se incluyan cláusulas laborales en los pliegos de bases y condiciones para el programa Hambre Cero, que es contrato plurianual.

La ministra de Cultura, Adriana Ortiz, destacó a GEN que el poncho Para’i de 60 Listas es emblemático de Piribebuy y fue declarado patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, lo que compromete al Estado a preservar este oficio que hoy solo conservan unas pocas maestras artesanas. “Con cooperación internacional de la UNESCO conseguimos los recursos y mañana será la inauguración del centro de interpretación, que también tendrá una escuela para la enseñanza de esta técnica”, señaló.

El Centro de Interpretación funcionará dentro del museo, donde los visitantes podrán conocer la historia de Piribebuy, incluida la Batalla de Piribebuy durante la Guerra Guasú, y aprender sobre la importancia del poncho en la cultura paraguaya. Además, podrán apreciar los ponchos de primera mano, adquirir artículos relacionados con la técnica y aprender directamente de las maestras artesanas.

Ortiz explicó que actualmente hay 16 maestras registradas, un incremento significativo desde hace ocho años, cuando solo se contabilizaban cuatro o cinco. La escuela permitirá que más personas aprendan esta técnica artesanal, que requiere telar de cintura y trabajo completamente manual, tomando entre tres semanas (una persona) y menos tiempo si se teje en grupo.

El plan de salvaguarda incluye la disponibilidad de materia prima de calidad, como hilo mercerizado de algodón 100%, ahora producido localmente en alianza con la tienda Pilar, y la protección de la indicación geográfica a través de la DINAPI. “Hoy tenemos un poncho 100% paraguayo, confeccionado por maestras artesanas de Piribebuy”, enfatizó la ministra.

AO PO’I

Ortiz también resaltó el crecimiento del tejido de ao po’i en la región del Guairá, con marcas internacionales que emplean a cientos de artesanas y diseñadores nacionales que incorporan estos tejidos en colecciones de alta costura y prendas de uso casual. Algunas de estas producciones se exportan a Brasil, España y Estados Unidos.

Para fortalecer la innovación y el diseño, se lanzará nuevamente el concurso A + D, Artesanía más Diseño, invitando a diseñadores a intervenir en los tejidos nacionales, potenciando la inserción de estas artesanías en mercados más amplios.