Las notas reversales ya cuentan con la aprobación del Congreso y el siguiente paso es que el presidente, Horacio Cartes, las sancione con su firma, a pesar de la oposición de algunas formaciones políticas.

El clero paraguayo insta al Ejecutivo a esperar al 15 de agosto, fecha de entrada del nuevo Gobierno, para evaluar de forma “más completa” las repercusiones que esa firma representa para “los bienes, los recursos y la soberanía nacional”.

El episcopado basa su recomendación en los estudios sobre el tema realizado por expertos de la Universidad Católica de Asunción (UCA) y de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en los que concluyen que los cambios en Tratado afectan a “la soberanía energética y nacional”.

Por este motivo, la CEP eleva su “voz de alerta” ante un hecho que, a su juicio, puede perjudicar el futuro de Paraguay.

“En un momento difícil que atraviesa nuestra sociedad, asediada por antivalores que dañan la credibilidad de las instituciones y de las autoridades, es primordial la gestión trasparente, responsable y orientada al bien común; que está siempre por encima de intereses particulares y sectoriales”, dice el comunicado.

La aprobación implica una modificación del tratado y establecerá el reconocimiento de la deuda de Yacyretá con el Tesoro de Argentina, cifrada en más de 4.000 millones de dólares, al mismo tiempo que indemnizará a Paraguay con 940 millones de dólares, en compensación por la inundación del territorio paraguayo durante la construcción.

Asimismo, también se establecerá la cogestión de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY), con cargos tanto argentinos como paraguayos.

La primera nota reversal se basa en el acta de entendimiento que suscribieron en mayo de 2017 el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su homólogo paraguayo, Horacio Cartes.

La represa de Yacyretá (“tierra de la luna”, en lengua guaraní), establecida en 1973 a través de un tratado entre Argentina y Paraguay, es la segunda mayor hidroeléctrica de Paraguay, por detrás de Itaipú, que el país comparte con Brasil.

El fiscal Luis Trinidad Colmán imputó a Oscar Adrián Posteguillo Rojas (30), directivo de una firma de automotores, por el supuesto delito contra la autonomía sexual (acoso sexual) en perjuicio de una empleada de la firma.

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La denuncia fue radicada por la víctima que  señaló que los acosos se produjeron de manera sistemática desde dos meses antes de la presentación de la acción penal, en el interior de la firma denominada “HVN Automotores” de Ciudad del Este.

El imputado, quien por el período de 2 años se desempeñó como jefe de la víctima en el sector administrativo, y además es hermano del dueño de la empresa en cuestión, habría acosado sexualmente a la empleada en reiteradas ocasiones, pese a que era casado y sabiendo que la víctima también estaba en pareja.

En la carpeta de investigación fiscal obra la declaración testimonial pormenorizada de la víctima y otros compañeros de trabajo. Además de los informes y tratamientos psicológicos recibidos por la afectada como consecuencia de los hechos de acoso sexual.

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El fiscal solicitó la aplicación de medidas alternativas para el imputado, quien deberá cumplir con ciertas reglas de conducta, como fijar y mantener un domicilio determinado para todos los efectos legales, permanecer a disposición del Juzgado de Garantías y de la Fiscalía, la obligación de no ausentarse del país y la prestación de una caución real adecuada por el propio imputado o por otra persona solvente.

Un hombre resultó herido mientras estaba sentado frente a su vivienda. Se trata de Éver Walter Mereles Almirón, de 44 años, quien acusó una herida de bala perdida en la espalda.

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La víctima relató a los agentes policiales que se encontraba frente a su domicilio compartiendo una ronda de tragos con sus amigos, cuando en momento dado, sintió el impacto del arma de fuego, sin saber de dónde provino la bala.

En medio del susto y sin saber qué sucedió, rápidamente el hombre fue auxiliado por sus cercanos hasta el Centro de Salud local, para que reciba atención médica. El caso se informó a la fiscal de turno, María del Carmen Meza, para los procedimientos de rigor.

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Uno de los asuntos más conflictivos del sector público es el sistema de transporte, explotado por empresas privadas, pero sin que por ello desaparezca la condición de servicio público.

“Lo más apremiante es no ir a esperar un montón de tiempo y que no venga. Eso se traduce en la frecuencia, hoy le llamamos regulada, ese es el problema central sobre la mesa”, explicó el viceministro Emiliano Fernández, en una entrevista con radio Universo 970 AM -Nación Media.

En cuanto al argumento de los empresarios sobre la falta de pago del subsidio, el viceministro aseguró que el Gobierno está el día. Sin embargo, aclaró que el transporte público no es un negocio privado y que, cuando se asume un compromiso, no se puede condicionar el cumplimiento.

Otro de los pendientes es la renovación de flota, que, según Fernández, es uno de los procesos que tiene que suceder.

La misión de la nueva administración apunta a un sistema de transporte público amigable que hoy no existe y que le está fallando a la gente, a criterio del propio Fernández.

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Sobre este último punto, indicó que será el Estado el que ponga las reglas de juego y que los transportistas se unirán a eso.

FÓRMULA QUE PERMITA SUBSIDIO DIRECTO AL PASAJERO

Consultado sobre la posibilidad de aplicar un subsidio de forma directa al pasajero, a través del billetaje electrónico, contestó que hay muchas estrategias por plantear en ese sentido, pero a juzgar por su respuesta, nada en el corto plazo.

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