En entrevista con la radio 650 AM, la abogada Sara Parquet indicó que durante la noche del lunes se sumaron varias personas, a las que calificó de delincuentes, a la movilización ciudadana realizada desde hace varios días frente a la residencia de González Daher.

Argumentó que los primeros días de escraches fueron tolerables, pero lamentó que desde el fin de semana estos fueron intensificándose, pasando ya a ser actos vandálicos. Es así que resaltó que anoche, personas bien identificadas mediante grabaciones, llenaron la casa de bleque negro y comenzaron a explotar cebollones y 12 x 1, direccionados hacia la vivienda, ocasionando así que los ventanales queden hechos añicos y las puertas, rotas. A esto se suma un principio de incendio frente a la vivienda.

“Han sobrepasado todos los límites. Ante el peligro he solicitado a mi representado Oscar González Daher y su familia que salgan de su domicilio y así lo hicieron. También hicimos la denuncia ante la Comisaría y ahora llevaré el caso ante el fiscal de turno en Luque”, dijo.

Sostuvo que los autores son ciudadanos que cuentan con frondosos antecedentes y con órdenes de captura. “Ellos no tienen nada que ver con el grupo de manifestantes decentes que se presentó en la plaza en los demás días. Estos son delincuentes y vinieron a empañar a las personas decentes que hacen lo que creen que es correcto. Vinieron a destruir la manifestación que hacían las otras personas”, alegó.

Por otra parte, Parquet indicó que su cliente se sometió ante la justicia al momento de conocerse los audios filtrados por el caso del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por lo que no corresponde que renuncie a su banca. “No está en sus planes. Yo le digo que no tiene por qué renunciar, él fue electo. La justicia es la que debe determinar si es culpable o no, y él está sometido al procedimiento. No tiene que renunciar porque solo hay personas que así lo quieren. Él está imputado pero no tiene sustentación por donde se lo mire”, refirió.

Además resaltó que asesoró a su defendido para que no traiga frente a su casa a sus seguidores, porque se buscaba incidentar para conseguir heridos y complicar su situación. “Me escuchó, se quedó callado, mirando lo que hacía esta gente”, dijo. “Ahora hablo porque esto pasó todos los límites”, puntualizó.

Oscar González Daher va a presentar denuncia penal contra los que atacaron su residencia en Luque a traves de su abogada Sara Parquet. @780AM pic.twitter.com/PzXQOxXubZ

— Fabian Costa (@FabianCosta1) 14 de agosto de 2018

El fiscal Federico Delfino indicó que, de concretarse la extradición de Argentina, estas personas serían juzgadas por asociación terrorista y se exponen a penas de hasta 15 años de prisión.

Los sospechosos se habrían encargado del adoctrinamiento de nuevos integrantes del grupo criminal. “La participación de ellos se da en cuanto al adoctrinamiento que se le brinda a las criaturas. Salen de Argentina de forma legal, ingresan a nuestro país de forma clandestina, van al teatro de operaciones y dejan a los menores ahí, para que reciban entrenamiento militar”, expuso en charla con radio Ñanduti.

El agente del Ministerio Público señaló los familiares de Carmen Villalba se encuentran bajo vigilancia en el vecino país, mientras se resuelve la expulsión de los mismos.

En comparación al caso de Juan Arrom y Anuncio Martí (refugiados en Finlandia), Delfino refirió que la situación es “radicalmente distinta”, atendiendo a las declaraciones de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, quien abogó públicamente por la extradición.

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En Argentina detuvieron el viernes pasado a José Mariano, María Rosa y Myriam Villalba Ayala, hermanos de Carmen, y Tania Tamara, que operaban en forma camuflada en el vecino país, como políticos del EPP, siendo esta agrupación de corte terrorista en Paraguay.

Esto a partir de la decisión de la justicia colombiana, de despojar de blindaje legal a Granda, quien junto a otros lideres guerrilleros, gozan de la amnistía establecida por el Estado de Colombia, dentro del proceso de paz.

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El tribunal en cuestión argumentó su decisión, señalando que Granda fue procesado en Paraguay, con claras evidencias de haber participado del proceso que acabó en secuestro y asesinato de Cecilia, hija del expresidente Raúl Cubas. Y que la amnistía mencionada, se refiere exclusivamente respecto a cualquier hecho que tenga relación a Colombia. El caso Cecilia Cubas -enfatizan- pertenece a comisión de presunto crimen transnacional, lo cual escapa al alcance del Indulto presidencial con el que benefició a los guerrilleros de las FARC.

Entre las pruebas contra Granda, están correos electrónicos que el mismo mantuvo con Victor Bernal (uno de los líderes del EPP) y otros referentes de la agrupación terrorista paraguaya, en los que el jefe guerrillero colombiano daba instrucciones en torno a la entonces secuestrada Cecilia Cubas.

En los mensajes de Granda con miembros del EPP, resalta con claridad la estrecha relación entre los dos grupos terroristas, así como la cooperación permanente que hubo de parte de la guerrilla colombiana en favor de la nucleación epepista.

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El mismo subrayó que la administración gubernamental anterior, no ejerció acciones para detener la evolución de agrupaciones mafiosas que se empoderaron en la región.

“Varios grupos criminales comienzan a surgir a partir de la desidia del gobierno pasado. Y digo con total responsabilidad y certeza, porque yo seguí trabajando en zona de Canindeyu. Mencionaste a Macho a Silva hû… Silva hù ya estuvo antecedente por narcotráfico, cuando fui viceministro en el 2016ª a el se lo había vinculado con la segunda carga mas grande incautada en Paraguay en tránsito, 20.000 kg de marihuana. El tuvo un proceso, estuvo prófugo, se lo agarró en Brasil y fue remitido acá. Hace poco el se libera de ese proceso, fue absuelto. Y si sé cómo. Pero zafa de ese proceso”, expresó Rachid en comunicación con la 1080 AM.

Indicó que el proceso judicial que se entabló contra Silva hû, estuvo plagado de irregularidades en donde resalta la intencionalidad de dejarlo libre de culpa.

“Realmente cocinaron el caso, primero hay que ver todo el proceso penal, el caso llegó a juicio oral. Hay demasiadas aristas que investigar. Tenes la audiencia preliminar, en el juicio oral los policías que intervinieron en el caso, con quienes yo personalmente me comunique, para informales que por la comisaría en que estaban iba a pasar la carga de marihuana. Ellos me dijeron que ya sabían mas o menos quien es… Sin embargo después en juicio dijeron que no conocían al responsable, cambiaron la versión”, acotó.

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Respecto a un listado de 17 personas (entre ellas dos periodistas) que fueron amenazados de que serán asesinados, Rachid apuntó que están investigando el origen de la advertencia criminal.

“Estamos verificando la lista (de amenazados de muerte), surgió de fuente abierta, hay una lista entre los que están periodistas y otras personas de allá”, remarcó.

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