En un comunicado sobre la visita que inició el pasado 3 de septiembre al país por invitación del Gobierno, Orellana celebró que Paraguay haya ratificado todos los acuerdos internacionales sobre químicos y desechos, entre ellos los convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo y Minamata, y observó que tiene “una buena base de leyes ambientales”.

“Sin embargo -agregó-, la gran mayoría no se cumplen”.

En el documento, de seis páginas y que leyó en una conferencia de prensa, Orellana consideró que el país tiene la oportunidad de afrontar estos problemas “de manera decidida y estructural”.

Advirtió que, de no hacerlo, “corre el riesgo de quedarse fuera de mercados internacionales que cada vez más buscan asegurar cadenas de suministro respetuosas del medioambiente y los derechos humanos”.

PESTICIDAS, UN DESAFÍO

Orellana señaló los pesticidas o plagicidas como “uno de los principales desafíos ambientales y de derechos humanos” del país, y tildó de “preocupante” la “influencia indebida” de las empresas en la política pública sobre agrotóxicos.

Mencionó que en Paraguay se vierte un promedio anual de 4,25 litros por hectárea de pesticidas, dato que consideró “aún más escalofriante” si se tiene en cuenta que los agrotóxicos más importados en el país son el glifosato, el 2,4-D y el paraquat, este último prohibido por la Unión Europea desde 2007 y por Suiza desde 1989.

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“El uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos en los cultivos de Paraguay ha creado una situación insostenible para comunidades que ya se encontraban en una marcada situación de vulnerabilidad”, apuntó.

El relator señaló que las comunidades han normalizado daños como los dolores de cabeza y las náuseas mientras el sistema de salud no registra estos casos como exposición por plaguicidas.

“Existe un patrón en Paraguay en el que los grupos en situación de vulnerabilidad, en particular los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, se encuentran arrinconados por cultivos dependientes de agrotóxicos”, lamentó.

El funcionario alertó sobre el limitado grado de protección de la salud humana y de los ecosistemas; la falta de generación y diseminación de información ambiental y epidemiológica; de la impunidad de las empresas frente a los abusos de derechos humanos; y los obstáculos sistémicos al acceso a la justicia.

“Atravesando todos estos problemas, se encuentra la falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental”, sostuvo.

RESIDUOS PELIGROSOS, DEFORESTACIÓN Y MINERÍA

Además, reveló que pese a la aprobación, en 2004, de una ley conocida como Deforestación ‘cero’, los mapeos satelitales muestran que de 2006 a 2016 se deforestó un promedio 60 hectáreas por día, fenómeno que se dio “en un contexto de inequidad territorial y tierras otorgadas ilegalmente” durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).

Por otro lado, expresó su preocupación porque el país “no cuente con una definición ni clasificación de los residuos peligrosos, ni con reportes reales de generación de residuos peligrosos”.

En específico, afirmó que en 2017 la Universidad Nacional de Asunción detectó éter metiltert-butílico (MTBE) -usado como oxigenante en la gasolina- en un acuífero que surte a los aproximadamente tres millones de habitantes del área metropolitana de Asunción, y reclamó “medidas urgentes” para evitar la contaminación con esa sustancia.

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También expuso los “graves impactos” que causa el uso de mercurio y cianuro en la minería aurífera en el distrito de Paso Yobái, en el departamento de Guirá (sur), donde, afirmó, “se han revelado altos niveles de contaminación por mercurio en los peces de los arroyos y en los trabajadores de las minas”.

Finalmente, el relator, que presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2023, recomendó al Estado ratificar “sin demora” al Acuerdo de Escazú, el primer pacto medioambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en la protección de los ambientalistas.

Al respecto, consideró “alarmante” las informaciones sobre vulneraciones contra defensores de los derechos humanos y preocupante la “utilización del derecho penal” para reprimir la protesta y la articulación social.

El inmueble, situado en la intersección de la avenida Perú y la calle Tte. Rómulo Ríos, del barrio Las Mercedes, se encontraba en un estado de total abandono, convirtiéndose en un foco de riesgo para la salud pública de la zona, por lo que se labró un acta de intervención, a cargo de funcionarios municipales de la Dirección de la Policía Municipal de Vigilancia.

“Se labró acta por incumplimiento de las ordenanzas municipales y se ejecutaron trabajos de limpieza del inmueble. El costo será trasladado al propietario”, destacó el intendente de Asunción, Luis Bello.

Aseguró que estas acciones permiten prevenir la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue y mejorar las condiciones del entorno.

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Aprovechó para recordar que mantener los inmuebles y veredas en buenas condiciones es una responsabilidad de cada propietario y una obligación para cuidar la salud de toda la ciudadanía.

Los trabajos no se limitaron únicamente al mejoramiento estético, sino que incluyeron una limpieza integral con la correcta disposición final de los residuos extraídos.

Al tratarse de un sitio previamente denunciado y notificado por los canales correspondientes, el procedimiento se agilizó para mitigar el riesgo ambiental de forma inmediata.

Asimismo, los propietarios del inmueble han sido notificados formalmente de las multas correspondientes, las cuales fueron asentadas a través de un acta de intervención detallada.

La cartera laboral recomienda aplicar criterios de tolerancia y flexibilidad en los horarios de ingreso y salida del personal, especialmente en las zonas que serán más afectadas, así como evitar exposiciones innecesarias durante el desarrollo de los fenómenos meteorológicos.

Asimismo, se sugiere evaluar la implementación de modalidades alternativas de trabajo, cuando la naturaleza de las funciones lo permita, a fin de reducir riesgos y resguardar la integridad de los trabajadores.

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El MTESS también enfatiza la importancia de reforzar las medidas de seguridad en los espacios laborales, incluyendo la revisión de instalaciones, la prevención de riesgos eléctricos y el mantenimiento de condiciones adecuadas que garanticen entornos seguros.

De igual manera, se insta a mantener canales de comunicación activos dentro de las organizaciones, de modo a informar oportunamente al personal sobre disposiciones internas y medidas adoptadas ante esta situación.

“La protección de la vida y la salud de los trabajadores constituye una responsabilidad compartida. En este contexto, el MTESS apela a la colaboración de todos los sectores para actuar con prudencia, responsabilidad y compromiso frente a la alerta meteorológica vigente”, resalta el ente.

La ministra de Salud , Dra. María Teresa Barán ., junto a los viceministros Dr. José Ortellado y Dr. Saúl Recalde, participó en la entrega de 100 tensiómetros digitales que serán distribuidos en las regiones sanitarias y al Programa Nacional de Prevención Cardiovascular para detectar cifras elevadas de presión arterial y brindar el tratamiento adecuado a tiempo.

La entrega fue realizada por el Laboratorio Lasca, representado por Luis Ávila Cacavelos, en el marco de la campaña internacional MMM “Mayo, Mes de la Medición” para detectar y prevenir la hipertensión, que se celebra el próximo 17 de mayo.

La ministra Barán destacó la colaboración del sector privado en beneficio de los usuarios de los servicios de salud y resaltó la importancia de realizar controles regulares para detectar la hipertensión a tiempo.

“En Salud Pública, las necesidades son muchas y los recursos limitados. Esta colaboración es fundamental para facilitar el control de la presión arterial y lograr un diagnóstico temprano, ya que la hipertensión es la principal causa de muerte en el mundo. Además, es importante recordar la necesidad de reducir el consumo excesivo de sal”, afirmó durante la entrega.

La Dirección General de Vigilancia de la Salud, a través del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, se encargará de distribuir los tensiómetros a los distintos servicios de salud pública.

Conocer los niveles de presión arterial permite identificar la necesidad de cambiar malos hábitos de vida, prevenir accidentes cerebrovasculares o infartos, y reducir así el riesgo de mortalidad prematura.

La presión arterial normal es de 12/8 o menos, mientras que se considera hipertensión a partir de 14/9, por lo que es importante mantenerla por debajo de estos valores para una buena salud.

Hace cinco años, Paraguay forma parte de la campaña mundial MMM 2026 “Mayo, Mes de la Medición” por el Día Mundial de la Hipertensión que se enfoca en la promoción de cuidados y prevención de la presión arterial elevada.