Los voluntarios de la observación electo­ral de la ONG Alma Cívica, así como funciona­rios de esta empresa que apa­recen en redes sociales como verdaderos operadores políti­cos de la Concertación Nacio­nal, principalmente de Sole­dad Núñez y su esposo, Bruno Defelippe, sugieren la misión de monitoreo como una farsa, ya que son fanáticos del grupo político, en algunos casos per­ciben salario de la institución administrada e integrada por leales de la pareja y en otros asumen haber recibido favo­res de los mismos.

Con los jugosos contratos detrás de proyectos públicos del esposo de Soledad y de algunos amigos oenegeístas, varios voluntarios identifica­dos como observadores resul­taron ser verdaderos opera­dores de la Concertación. Se manifestaron en redes con la intención de defender el modus operandi, pero ter­minaron condenando más el esquema ya que pertenecen al club de beneficiados en algún proyecto de Koga, empresa de Defelippe, y en otros casos son parte de la ONG y reci­ben paga como responsables de los cursos solventados con financiación de organismos extranjeros, lo que revela que Alma Cívica tiene inclinacio­nes políticas.

Fernando Maidana, coordinador de programa de ONG creada por Soledad Núñez y que es financiado por PNUD, pide votar por la Concertación.

Ya es sabido que Defelippe vende consultorías detrás de algún proyecto público en los que aparece como articu­lador y así como él, varios de sus amigos distribuidos en ONG satélites coinciden en el privilegio. Se adjudicó de manera directa en Conacyt o detrás del proyecto con el que se benefició algún amigo suyo, como el caso de Diego Sosa Maciel, vinculado al proyecto Agendia, benefi­ciario de Conacyt, Mitic, que asesora Defelippe, en el primer caso. Esto sin contar la pila de contratos a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), puen­teando a Contrataciones Públicas como el concurso en Ciudad Mujer, desarro­llo de marca para las cárce­les, etc.

En la selecta rosca de oene­geístas aliados se pueden mencionar los publicistas Camilo Guanes y Rodrigo Weiberlen, socios de Defe­lippe en Koga, que integran junto con él otro organismo no gubernamental que es la Asociación de Emprende­dores del Paraguay (Asepy), que constituye el brazo polí­tico con el objetivo de impul­sar fondos para emprende­durismo o proyectos como la bicisenda, etc.

En círculo, Bruno Defelippe y Luis Godoy Bonini, ambos de Sendas Py, ONG de bicisendas. Godoy a la vez es director de OCA Arquitectura, adjudicada con proyecto para Bicisendas.

Guanes y Weiberlen, con Oni­ria, se llevaron unos G. 2.352 millones de Itaipú sin licita­ción por asesoría de comuni­cación, materiales visuales, y también son consultores favoritos del BID en el pro­yecto de la Agenda Digital costeada con una deuda país de US$ 130 millones, preci­samente a través del mencio­nado organismo.

En paralelo a lo señalado, aparecen operadores como observadores de la ONG Alma Cívica, que hoy día tiene como directora ejecutiva a Olga Caballero, asociada a OCA Arquitectura, adjudi­cada para proyecto Bicisen­das y en la que está otro amigo oenegeísta afín, Luis Godoy Bonini. Una de las fanáticas seguidoras políticas es Selene Rodríguez Alcalá, por cierto, destacada becaria del pro­grama Becal que en redes dijo haber sido beneficiaria de uno de los proyectos de Koga, empresa de Defelippe, y luego se convirtió en obser­vadora de la ONG de la pareja de políticos.

Diego Sosa Maciel, beneficia­rio de Agendia, proyecto que asesora Defelippe, es uno de los socios fundadores de Alma Cívica, fuerte operador de la Concertación, y es su socio comercial, obviamente; ade­más de observador electoral de la ONG.

Fernando Maidana, que en el pasado ya estaba involucrado en un proyecto que guarda relación con uso de bicicletas a través del Ministerio de la Vivienda, es coordinador de uno de los cursos políticos de Alma Cívica que cuenta con apoyo del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), es otro que opera fuerte por la Concertación en redes sociales.

Selene Rodríguez, beneficiaria de proyectos de empresa de Defelippe, fanática de la Concertación y observadora electoral de Alma Cívica.

La fiscal de Caazapá, Laury Rossana Vázquez, lleva adelante una causa penal por un caso de abuso sexual en niños que tiene a una autoridad como supuesta responsable.

Se trata de un agente de la Policía Nacional, quien fue acusado por la madre de la víctima -que era su pareja sentimental- como supuesto autor de este grave hecho.

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El uniformado recientemente fue beneficiado con el arresto domiciliario por la Cámara de Apelaciones, lo cual fue cuestionado por la representante del Ministerio Público, quien deslindó responsabilidades al respecto.

En un comunicado divulgado este lunes, se detalla que, a pedido de la Fiscalía, el Juzgado había decretado la prisión preventiva del mismo, medida que debía ser cumplida en la sede de la Agrupación Especializada.

No obstante, la defensa solicitó el arresto domiciliario del agente policial, petición que fue rechazada por el juez competente. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó la resolución de primera instancia, permitiendo al sujeto retornar a su hogar.

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A esto se suma el hecho de que este efectivo policial tendrá la posibilidad de seguir prestando servicio en la comisaría de la ciudad, donde cumplirá con la medida impuesta por la justicia.

Tanto la víctima como su madre (quienes decidieron mudarse a la capital tras lo sucedido) habrían sido amenazadas por el acusado.

Esta mañana se llevó a cabo una manifestación frente a las oficinas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), convocada por un grupo de postulantes a institutos de formación docente.

Por decisión del ente estatal, estas personas deberán volver a rendir las pruebas de admisión, luego de que se hayan detectado presuntas irregularidades en varias respuestas de dichas pruebas.

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Los afectados expresaron su molestia con la decisión adoptada de anular estos exámenes, al tiempo de negar categóricamente haber incurrido en un fraude, tal y como sostienen desde la cartera educativa.

El pedido puntual es que se puedan respetar los resultados iniciales y, por ende, se les permita ingresar a estos institutos de formación, a fin de poder iniciar su carrera docente.

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Por otra parte, el Sindicato Nacional de Directores (SINADI), a través de una nota remitida al ministro Luis Ramírez, solicita la presentación de evidencias respaldatorias.

“Consideramos un hecho gravísimo lo que ha acontecido”, refiere el documento del gremio, instando a impulsar una investigación que permita aplicar un castigo a los responsables.

“La situación va empeorando, las lluvias no paran. El distrito de Bahía Negra y Fuerte Olimpo están totalmente aislados. Las calles parecen las Cataratas de Iguazú”, comentó Arturo Méndez, gobernador de Alto Paraguay, en conversación con Universo 970.

El jefe departamental señaló que las necesidades no paran, pero al mismo tiempo destacó la entrega de kits de víveres por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

“Estamos luchando, hay mucha comprensión y voluntad por parte de la población. Estamos remando para que el efecto no sea tan negativo”, expresó el gobernador.

Asimismo, dijo que los caminos del departamento se encuentran intransitables y ni siquiera se pueden mover con tractores, siendo la aérea la única vía.

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Cabe mencionar que días atrás, el Congreso Nacional sancionó la propuesta de ley que declara en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, debido a las graves inundaciones.

Al respecto, se resolvió transferir los recursos a las gobernaciones, dado su mayor grado de cercanía con las zonas afectadas, aunque se canalizarán a través de la Secretaría de Emergencia Nacional. El proyecto contempla una ampliación presupuestaria de G. 15.000 millones, distribuidos equitativamente entre los tres departamentos.