El magistrado José Delmás explicó que el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario para 26 personas, entre ellas, Hugo Javier, exgobernador del departamento Central, quien está imputado por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, apropiación y asociación criminal.

En la audiencia de hoy se presentaron los primeros cinco convocados y para todos se aplicó la medida requerida por la Fiscalía, es decir, la de arresto domiciliario.

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El escrito presentado por el Ministerio Público señala que entre los meses de marzo hasta diciembre de 2020 Hugo Javier González autorizó indebidamente la transferencia de G. 24.424.032.733.

Este dinero fue supuestamente destinado para aportes para financiar los gastos administrativos y misionales de los proyectos que fueron presentados ante la Gobernación. Sin embargo, los fondos no habrían sido destinados para ejecutar los proyectos formulados.

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Junto al exgobernador otras 49 personas estuvieron involucradas en estos malos manejos por lo que también fueron imputadas por la fiscalía.

Agentes de la Comisaría 4ª en la tarde de este jueves acudieron al Colegio Nacional “Primer Intendente Municipal”, ubicado en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, ante una solicitud realizada por autoridades educativas.

La presencia policial fue requerida ante el hallazgo de una porción de estupefacientes en posesión de un estudiante de 16 años, quien cursa la Educación Media.

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Al ser entrevistado por una docente, este adolescente mostró una actitud sospechosa, poniéndose nervioso al preguntársele si tenía algo escondido, lo que levantó sospechas en la maestra.

A raíz de ello, su mochila fue sometida a una inspección rigurosa que permitió el hallazgo de un “toco” de marihuana en su poder. La droga fue escondida dentro de una pequeña caja con un anillo de metal.

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El caso fue comunicado al fiscal antidrogas Elvio Aguilera, quien dispuso la realización de una prueba de narcotest, que arrojó resultado positivo a cannabis, con un pesaje de 1,2 gramos.

El representante del Ministerio Público convocó al estudiante a presentarse junto con su madre este viernes ante su unidad fiscal, a fin de prestar declaración.

El abogado Enrique Berni, integrante del Consejo de la Magistratura, presentó una acción ante la Corte Suprema de Justicia en reclamo por presuntas irregularidades en el padrón electoral de abogados habilitados para los próximos comicios del órgano extrapoder.

Según el planteamiento, más de 1.600 profesionales matriculados no figuran en el listado provisional, por lo que se solicitó su inclusión a fin de corregir el registro y asegurar un proceso electoral justo y transparente.

Berni argumentó que, en su calidad de miembro del organismo, tiene la responsabilidad de velar por la integridad del padrón, evitando distorsiones que puedan afectar la representatividad del estamento de abogados dentro del Consejo.

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El escrito también señala una diferencia entre el padrón utilizado en 2023, que contaba con 37.831 electores, y el actual, que registra 37.284. Esta variación evidenciaría la exclusión de un número significativo de profesionales, lo que impacta directamente en su derecho al voto.

Ante esta situación, se pidió a la Corte Suprema revisar el listado y contrastarlo con la base oficial de abogados matriculados, con el objetivo de incorporar a quienes fueron omitidos. Asimismo, se advierte que la exclusión injustificada de electores podría debilitar la confianza en las instituciones y afectar la representatividad del gremio.

Este jueves se dio a conocer el fallo del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Quinta Sala, integrado por los camaristas Rocío González, Linneo Ynsfrán y Alejandrino Cuevas.

Los mismos resolvieron confirmar una sentencia mediante la cual se rechazaba la demanda de indemnización promovida por José Daniel Zaván Vaccari contra el Estado paraguayo, bajo patrocinio del abogado Carlos Abadíe Pankow.

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En dicha demanda, el joven sobreviviente al accidente aéreo ocurrido en el 2021 en el predio de la Fuerza Aérea Paraguaya exigía un resarcimiento económico por la suma de G. 16.000 millones, en concepto de daños, perjuicios y gastos devenidos de aquel fatídico episodio.

En ese siniestro, perdieron la vida siete personas, en su mayoría efectivos militares, siendo el único que logró salir con vida José Zaván, quien había viajado desde el Chaco para ir a la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El rechazo a este pedido de indemnización se basa en el hecho de que la demanda fue promovida más de un año después de ocurrido el accidente aéreo, lo que derivó en su prescripción.

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“No nos esperábamos menos, es lo que se escucha todos los días, que la justicia pronta y barata no existe en nuestro país”, expresó Blanca Vaccari, madre de José, en entrevista con el SNT.

La misma recordó los numerosos gastos que realizó la familia todos estos años para costear su tratamiento, al tiempo de mencionar que aún quedan otras cirugías a las que debe ser sometido próximamente como parte de su recuperación.