En imágenes de circuito cerrado se observa cuando la camioneta en la que se desplazaban, los dos hombres y la mujer, llega hasta una estación de servicio. La misma aprovecha para escapar pero es alcanzada por uno de ellos y en ese momento inicia un forcejeo entre ambos, a lo que se suma el otro acompañante.

Ante el panorama, varios testigos se involucraron en el hecho debido a los gritos desesperados de la víctima, que pedía que por favor no la dejaran subir al rodado. Sin embargo, nada se pudo hacer, ya que la misma fue introducida al móvil y los involucrados abandonaron el sitio.

El extraño episodio desató intranquilidad en los pobladores, por lo que llamaron al sistema 911 para denunciar el caso y se inició la investigación pertinente.

Dictan orden de captura para los hombres que obligaron a una mujer a ingresar a su camioneta, informó el comisario Blas Fernández, jefe de la Comisaría 10 de Juan León Mallorquín. #1020AM

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— Radio Ñandutí (@nanduti) January 27, 2021

El comisario Blas Fernández, jefe de la Comisaría 10 de Juan León Mallorquín, mencionó que tuvo conocimiento gracias a la viralización en las redes sociales y tomó intervención en las averiguaciones, ya que no existe una denuncia formal al respecto.

“Estas tres personas se dirigían desde Capiatá hasta Alto Paraná y en un momento dado ella se bajó del vehículo en una estación de servicio y se fue junto a la multitud. El hombre que gritaba y dijo ser pareja de la mujer, se llama Diego Bogarín, ella fue identificada como Lorena Torres, mientras que al tercer individuo aún no lo identificamos. Los mismos son de la ciudad de Capiatá km 20”, precisó en contacto con radio Ñanduti.

Indicó que Diego Bogarín, alias ‘Bambi’, es propietario de la camioneta en la que se movilizaron, y ya se dictó su orden de captura. Presumen que las tres personas se encontrarían aún por Alto Paraná, ya que ayer a la noche habrían asistido a una fiesta según las fotografías encontradas.

“De lo que podemos deducir del vídeo, se puede catalogar como rapto, pero depende lo que ellos manifiestan también. Los presentes en el lugar lo único que nos dijeron fue de que la mujer solo gritaba ‘no’ tampoco mencionó otro dato. Proseguiremos con la investigación para dar con el paradero de los mismos. Presumimos que estas tres personas continúan en Alto Paraná”, apuntó el jefe policial.

Tras el hecho, la víctima identificada como Lorena Torres realizó una publicación, aparentemente desde su perfil de Facebook, donde explicó que lo sucedido fue debido a la mezcla del alcohol y la furia del momento, desmintiendo que haya sido víctima de maltrato.

La mujer que habría sido forzada a ingresar a una camioneta por dos hombres, uno de ellos su pareja, desmiente que haya sido víctima de maltrato y sostuvo que se “dejaron llevar por la furia y el exceso de alcohol”. #1020AM pic.twitter.com/5MY4VA7qfE

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En la sesión de ayer, la Cámara Alta aprobó varios pedidos de informes relacionados a la criptominería en Paraguay.

El primero va dirigido a la ANDE a la que se le solicita datos sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras.

El segundo, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas 52 empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco.

Este punto lo había adelantado ayer el senador Gustavo Leite, quien explicó que las criptominerías, en general, generan pocas fuentes de trabajo y que, probablemente, no pagan muchos impuestos en comparación a la cantidad de energía valiosa que se llevan del país, electricidad que será muy necesaria en un par de años.

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Igualmente, se solicita un informe sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras. Además, al Instituto de Previsión Social sobre los trabajadores inscriptos por las criptomineras en la seguridad social.

Otra solicitud va dirigida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y acerca del impacto de la actividad criptominera en el ambiente. Todos los datos serán utilizados para terminar de laborar un proyecto de ley de regulación de la criptominería, aunque también existe otro que plantea directamente la prohibición.

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Esta serie de pedidos se da en coincidencia con un momento en el que las criptominerías están en la mesa de conversación de varias instancias, pero no precisamente por hechos positivos.

En el caso de la ANDE, está en marcha un operativo de caza de criptominerías clandestinas que son grandes consumidoras de energía, sin pagar un solo guaraní por ella y causando un desequilibrio al sistema eléctrico. Hay 64 denuncias ante el Ministerio Público.

A esto se suma el descubrimiento del criptoshopping de la familia Zuccolillo que, según una investigación periodística, utilizó el Nis del centro comercial declarado para actividad coporativa, pese a que se dedicaba a la criptominería, según detectó la propia ANDE, que le remitió una nota para notificarle sobre la detección de “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de criptoactivos” y de la existencia de otro grupo de consumo mayor para este tipo de rubros.

En los meses en que se dedicó a esto, se produjo una pérdida de más de 300.000 dólares a la ANDE, monto que está a cargo del equipo jurídico de la institución, en lo relacionado al eventual reclamo.

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La agente fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, junto con el agente fiscal Carlomagno Alvarenga, llevan adelante una investigación sobre pornografía relativa a niños y adolescentes.

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En el marco de la causa, el representante del Ministerio Público lideró un allanamiento en el barrio San Antonio de la ciudad de Vallemí. El operativo fue desarrollado tras un trabajo de inteligencia que derivó en la detención de un hombre, investigado por extorsionar a un menor.

Durante el procedimiento fueron incautados dos aparatos electrónicos, consistentes en un aparato celular y una tablet. El procesado será trasladado hasta la localidad de Concepción para posteriormente ser remitido a la ciudad de Asunción, donde obra la carpeta principal.

Conforme al antecedente de la causa, el victimario extorsionaba y amenazaba con asesinar a los familiares del menor sino se sometía al pedido de compartir sus fotografías y vídeos íntimos.

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En la sesión de ayer, la Cámara Alta trató el mensaje del Poder Ejecutivo, por el cual remite el Decreto N° 870/23: Por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 7.220 “Que modifica el artículo 172 de la Ley ° 1160/1997 ‘Código Penal’.

El pleno resolvió por mayoría el rechazo al veto presidencial y el documento fue remitido a la Cámara de Diputados.

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La legislación ratificada establece que los hechos bagatelarios se configuren cuando la apropiación o el hurto se refiera a algo inferior a cinco jornales mínimos, equivalentes a G. 515.455. En caso de reincidencia, el Ministerio Público actuará de oficio.

En cambio, actualmente, todavía sin la nueva ley vigente, un robo cuyo valor sea inferior a 10 jornales mínimos es considerado bagatelario. Con el salario mínimo vigente, esto equivale a G.1.030.910,

Hipotéticamente, si se comete un robo en un local comercial, donde el botín alcanza el valor 950.000 o hasta un millón de guaraníes, el hecho todavía es bagatelario.

En la exposición de motivos son mencionadas las “bolsoneras”, definidas como una agrupación delictiva causante del 50 % de pérdidas de las ganancias anuales de los integrantes de los negocios que integran la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar).

Según argumentan, el problema radica en que, los autores de robos bagatelarios no son procesados pese a sus reincidencias, con lo cual, el perjuicio es enorme al tratarse de seguidilla de casos.

En el 2020, la Policía registró 4.345 robos bagatelarios y en el 2021, 5.438, lo que evidencia el incremento de estos hechos, entre ellos, robos de carne en los supermercados, ropas en las tiendas, bebidas en las bodegas, etc.

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