El magistrado Raúl Florentín, del Juzgado Penal de Garantías Nº 4, hizo lugar al amparo constitucional que fue promovido por los abogados Natalia Gagliardone dos Santos y Federico Legal Aguilar.

De esta manera, las declaraciones juradas de bienes, activos y rentas deberán ser publicadas en la página web de la Contraloría. También la medida judicial estipula que sean publicados los datos de todos los proveedores que se encuentren vinculados indirectamente en los procesos de contrataciones públicas.

AHORA: El Juez Raúl Florentín hizo lugar al Amparo Constitucional promovido por dos abogados, y ordena a la Contraloría General de la República publicar bienes de autoridades directamente involucradas en compras de emergencia, en el marco del COVID 19 pic.twitter.com/15R8c3D1GT

— Gustavo Velazquez (@GustavoVelazque) April 22, 2020

Se ven afectados los funcionarios y las autoridades de los siguientes entes estatales: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Secretaría de Emergencia Nacional, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, Secretaría Nacional Anticorrupción, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto de Previsión Social (IPS), Hospital de Clínicas – FCM (UNA), Sanidad Policial, Sanidad Militar, Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

Justamente esta última institución del Estado se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que Patricia Samudio comprara 5.000 botellas de agua tónica para la lucha contra el coronavirus, entre otros insumos médicos.

El Poder Legislativo aprobó una ley de Emergencia Sanitaria que otorga 1.600 millones de dólares al Poder Ejecutivo para los trabajos de mitigación en el marco de la pandemia.

Estas propuestas serán evaluadas y calificadas por el MUVH antes de que estén a disposición de la ciudadanía.

Durante la segunda fase de capacitaciones concluida hoy, inmobiliarios, fiscalizadores, tasadores y organismos de control aprendieron sobre los componentes para la formulación de costos y plantearon consultas sobre temas específicos. Al mismo tiempo, los profesionales se registraron en la plataforma www.cherogapora.gov.py y cumplieron los requerimientos establecidos por el MUVH.

“Hoy es un día especial porque cerramos oficialmente las capacitaciones. Estamos muy contentos con cómo se vinieron desarrollando. El Gobierno del Presidente Santiago Peña ha mostrado una apertura con la participación de diferentes cámaras y de la academia para generar un producto auténticamente paraguayo, en el que han participado diferentes instituciones”, expresó el ministro del MUVH durante el cierre de capacitación.

Che Róga Porã beneficiará a familias de todo el territorio nacional con ingresos de entre 1 hasta 4 salarios mínimos, las cuales podrán acceder a una vivienda propia de hasta G. 400.000.000 con financiación de hasta 30 años, a 6,5% de interés anual.

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con los familiares de una mujer, quien presuntamente se habría arrojado del 8° piso, de la sede central del Instituto de Previsión Social.

Fiscalía busca a familiares de una mujer fallecida en el IPS.

Se trata de Lorena Noelia Sosa Villalba. El cuerpo se encuentra en la Morgue Judicial, según indicó la Fiscalía.

La familia puede acudir a la fiscalía barrial n.° 7, sito en Cap. Vicente Suárez 2290, del barrio Mburucuyá, contactarse al 290-309, o bien presentarse a la referida morgue.

La fiscal Belinda Bobadilla comentó que la intervención se realizó luego de la denuncia realizada por Transparencia donde informaban sobre supuestos pedidos de dinero para realizar la tramitación para beneficiar a particulares.

“Nos constituimos para realizar un registro del edificio con la autorización correspondiente. Estamos llevando a cabo registros en diferentes partes de la propiedad”, afirmó Bobadilla a la radio 680 AM.

Investigan posibles hechos punibles relacionados a campos comunales, dirigidos a personas de una comunidad determinada.

En tanto, desde el Indert se pronunciaron y expresaron su compromiso por transparentar los procesos y combatir la corrupción.

Instan a todos los beneficiarios a denunciar cualquier pedido de pago irregular para tramitar algún proceso de adquisición de tierra.