En setiembre pasado se dio media sanción al proyecto de modificación de los artículos 6 y 7 de la ley Que Declara como Área Silvestre Protegida, con la Categoría de Reserva de Recursos Manejados a la Cordillera del Ybyturuzú. El proyecto impulsado por Friedmann establece que “En ningún caso se permitirá la prospección, exploración, ni explotación de minerales e hidrocarburos en el área declarada como reserva y su zona de amortiguamiento”, según el artículo 6 modificado.

El artículo 7 habla de las sanciones por el incumplimiento del artículo anterior será sancionado “con una pena privativa de hasta cinco años y la obligación de recomponer el daño”.

Según el proyectista, con la derogación de los artículos de la ley vigente se busca precautelar los recursos minerales que se encuentran en la zona y permitirá a las autoridad de aplicación un efectivo control sobre estos evitando así los conflictos que derivan de la explotación clandestina.

Sin embargo la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados dictaminó por el rechazo, bajo el argumento de que la normativa actual solo contempla la exploración a través de un permiso vía ley, según el diputado Celso Kennedy, integrante de dicha comisión

Otro punto que llamó la atención tiene que ver con la posibilidad de ampliación de la zona de amortiguamiento de un área protegida, tanto para la comisión como para referentes ambientalistas, la modificación de los límites puede ser aprovechada por sectores interesados en la extracción de minerales en la zona, con el riesgo que implica para el medioambiente cuando se realiza de manera indiscriminada y por sobretodo ilegal.

“Cuando se habla de zona de amortiguamiento sin definir sus límites, entonces se presta a una interpretación subjetiva, por eso lo que necesitamos es una mayor claridad con respecto a esta ley que parece que de alguna forma se quiere hacer aprobar a la apuradas y sin mucho estudio”, dijo el parlamentario.

En ese ámbito, Kennedy recordó que la zona es de vital importancia por su riqueza en minerales, sobretodo el oro, por ello consideró fundamental resolver las ambigüedades en torno al proyecto, y la manera en que puede beneficiar o perjudicar a la población y a los productores.

La modificación del artículo 7 fija en cinco los años de pena privativa de libertad para la transgresión del artículo anterior, cuando la ley original contempla de 2 hasta 10 años de cárcel por este tipo de delitos ambientales, punto que también debe ser estudiado porque en su intento de endurecer las penas, termina teniendo un efecto contrario.

Los interesados

Además de Friedmann, suena como otro interesado en la aprobación del proyecto el diputado de Colorado Añeteté Ever Noguera, bautizado como el rey de las licitaciones en el cuarto departamento, cuya empresa ha venido acaparando las licitaciones en Guairá, tanto las convocada por la gobernación cuando era administrada por Friedmann como en la intendencia de Villarrica.

Según información publicada por medios argentinos, el ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo de la provincia de Río Negro, Federico Lutz, indicó en que, “el presidente de Paraguay llega con un grupo de funcionarios de incumbencia en la materia, para continuar con las conversaciones. Nosotros los invitamos, producto de una oferta de tecnología específica referida a radares”.

Cabe recordar que meses atrás, se llevó a cabo un encuentro bilateral entre el ministro de Defensa, Óscar González y su par argentino, Luis Petri, en el marco del plan de radarización del espacio aéreo paraguayo.

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En ese sentido, ambos ministros coinciden en el plan de “lucha transnacional contra el crimen organizado”.

La intención del gobierno paraguayo es adquirir nuevos radares 3D para la cobertura total del territorio nacional, más la modernización de la flota de intercepción con la compra de los Super Tucano.

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El presidente Peña, viajó a la ciudad argentina de Bariloche, para participar del Foro Empresarial Llao Llao, que contará además con la presencia de los mandatarios de la región.

El informe de la Presidencia de la República indica que primeramente el mandatario presenciará algunas de las disertaciones previstas en el marco del Foro, y luego asistirá a una recepción ofrecida por los organizadores.

La agente fiscal Vivian Coronel imputó a dos mujeres que presuntamente mantenían en régimen de servidumbre y de trabajo forzado a una adolescente de 15 años. Las mismas están identificadas como Olga Bogado Cubas (33) y Rufina Salinas Acuña (54), quienes enfrentan cargos por el hecho punible de trata de personas.

La primera se encuentra detenida con orden de prisión preventiva, mientras que la segunda está prófuga de la justicia con una orden de captura en su contra y requerimiento de rebeldía.

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Según la investigación fiscal, Rufina Salinas se hizo pasar por madre superiora de una falsa congregación denominada “Nuestra Señora de Caacupé” para presuntamente captar a una adolescente de 15 años que aspiraba a ser religiosa.

Inicialmente, Salinas llevó a la adolescente al lugar donde supuestamente operaba la congregación, ubicada en el kilómetro 14 de Acaray, a unos 2.000 metros de la Ruta PY02, en el distrito de Minga Guazú. Allí, la víctima permaneció durante ocho días antes de ser trasladada el a otro sitio llamado “Casa de la Reina de la Paz”, situado en las calles Florida y Laureles del barrio Molino de la ciudad de Luque, supuestamente para recibir formación como novicia religiosa.

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Sin embargo, en lugar de eso, la menor fue sometida a servidumbre y trabajo forzado por Olga Bogado Cubas, quien presuntamente la maltrataba física y psicológicamente. Presumiblemente le abofeteaba, le golpeaba en la nuca y le obligaba a besar el suelo hasta cien veces.

La fiscal Vivian Coronel solicitó además una reserva expresa para ampliar la imputación en caso de identificar nuevos participantes o cómplices.

Los técnicos verificaron aspectos financieros y bancabilidad del proyecto para ajustar el proceso de licitación a los lineamientos del nuevo Decreto Reglamentario N.º 1467/2024 “de la Ley de Participación Pública Privada (PPP)”.

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El análisis cuenta con el apoyo del consultor español Andrés Rebollo, reconocido experto en proyectos de Participación Público Privada con experiencia de más de 20 años en este campo, que también aportó sus ideas durante el encuentro.

El proyecto contempla la ampliación y mejoramiento de la Ruta PY01, desde Cuatro Mojones hasta la ciudad de Quiindy.

Hasta el momento, cinco consorcios viales ya precalificaron para participar de la licitación: Desarrollo Vial al Sur (Sacyr Concesiones S.L. y Ocho A S.A.); Rutas del Mercosur (Tecnoedil S.A., Alya Constructora S.A., Construpar S.A. y Semisa Infraestructura S.A.); AG – Tocsa (AG Construções e Serviços S.A. y Tocsa S.A.); Rutas del Sur (Cointer Concesiones S.L., Azvi S.A.U. y Constructora Heiseke S.A.); y Rutas del Sur (Acciona Concesiones S.L., Rovella Carranza S.A. y Concret Mix S.A.), involucrando así a un total de 14 firmas, entre ellas de Brasil y España.