La abogada Cecilia Pérez, representante legal de Óscar González Daher, en entrevista con Radio Ñanduti confirmó que efectivamente realizó la presentación de un pedido de revisión de medidas para su defendido, quien actualmente guarda reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Asimismo, indicó que en vista a la modificación de la Ley Nº 1160/97 “Código Procesal Penal” –promulgada la semana pasada por el Poder Ejecutivo– también se cambiaron los plazos procesales y por ello se fijó la audiencia de revisión del caso para la próxima semana.

Pérez explicó que la más reciente modificación del Código Penal Paraguayo permitió que la redacción del texto vuelva a su versión original, esto atendiendo a que se habían hecho dos modificaciones anteriores en los años 2004 y 2011 respectivamente.

De esta manera, se suprime el “catálogo de delitos” que no se configuran para aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, otorgando la potestad al juez a cargo del expediente para que determine si corresponde o no otorgarlas.

“Hasta el momento hay demasiado ruido y pocas nueces, ya estamos a 10 meses de la investigación”, refirió la abogada, dando a entender que luego de tanto tiempo la Fiscalía sigue sin contar con pruebas suficientes como para inculpar a su defendido.

De igual manera, Pérez afirmó que, a la fecha, no existen elementos que demuestren con certeza la culpabilidad de Óscar González Daher en el hecho punible del que se le acusa, en este caso, de enriquecimiento ilícito.

Cabe mencionar que la más reciente modificación del Art. 245 del Código Procesal Penal -que habla sobre la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva- acarrea consigo la posibilidad de que alrededor de 4.000 personas que hoy están privadas de su libertad soliciten de forma inmediata salir de prisión.

La propuesta fue presentada por la diputada Rocío Vallejo quien argumentó que la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal es una institución que ha fracasado en su misión de brindar seguridad a los pensionados, jubilados y aportantes activos.

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Esto por causa de la falta de solvencia financiera y transparencia administrativa en cuanto a sus recursos, por parte de las autoridades.

Mencionó múltiples irregularidades constatadas por la Contraloría General de la República, luego de reiterativas denuncias, existen jubilados que no perciben sus haberes correspondientes desde hace varios meses.

Cabe resaltar que la conformación del Consejo de Seguridad Social se encuentra estipulada en el artículo 15 de la Ley N° 7.235/2023, “Que reglamenta el rol supervisor de las entidades de jubilaciones y pensiones en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”.

Para la congresista, el Poder Ejecutivo debe tomar medidas urgentes para evitar la agudización de esta crisis financiera y administrativa, ya que la situación, lejos de mejorar en los últimos tiempos, ha empeorado.

“Visitamos a S.E. Cardenal Adalberto Martínez. Charlamos sobre el alcance social y económico del Presupuesto General de la Nación aprobado por el Parlamento”, escribió el senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta.

“Agradecemos profundamente su tiempo, sabiduría y calidez”, añadió Chase, quien adjuntó una foto en la que se encuentra con el cardenal Martínez y la senadora Hermelinda Alvarenga.

El tratamiento del PGN 2025 ya fue realizado tanto en el Senado como en Diputados y fue derivado al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.

El PGN 2025 sancionado por el Congreso, prioriza a los sectores de salud, educación, seguridad y protección social. Además, se pretenden fortalecer la infraestructura sanitaria a través de la puesta en funcionamiento de los dos nuevos hospitales, de Coronel Oviedo y el Gran Hospital del Sur.

El presupuesto también prevé un aumento en la asignación para los médicos residentes y un incremento en los cupos del CONAREM.

Entre los puntos resaltantes del PGN, se incluyen G. 2,3 billones más para el programa Hambre Cero, G. 500.000 millones para Tekopora, G. 400.000 millones más a la pensión para adultos mayores, G. 900.000 millones más para el Ministerio de Salud, casi G. 700.000 millones más para el Ministerio de Educación y G. 190.000 millones más para las universidades públicas, con énfasis en las filiales del interior.

El proyecto de ley que propone la creación de un fondo nacional para cubrir los gastos de atención, rehabilitación y reinserción social de las víctimas de accidentes de tránsito en Paraguay no contó con el visto bueno de los senadores en la sesión ordinaria de la fecha.

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El proyecto, con media sanción en Diputados, fue dictaminada en contra por las comisiones de Hacienda, y de Cuentas y Control, porque argumentaron que la propuesta carece de elementos técnicos y financieros que justifiquen su aprobación.

Además, manifestaron que la propuesta afectaría la estructura de ingresos previstos en el presupuesto 2025, conforme al análisis técnico del Ministerio de Economía.

Los legisladores sugirieron mejorar la redacción del proyecto, establecer mecanismos de control, definir criterios claros y evitar la duplicidad con seguros ya existentes, por lo que, nuevamente se remite a Diputados, donde tuvo origen.

La iniciativa plantea crear una caja especial con recursos que serán destinados para cubrir a víctimas de siniestros viales, y estará financiada a través de diversas fuentes, incluyendo asignaciones presupuestarias; reparaciones sociales de infractores de tránsito; un pequeño cargo adicional en la emisión y renovación de licencias de conducir; y el 100 % del IVA recaudado por la venta de motocicletas importadas.