En los hospitales de contingencia de la XI Región Sanitaria están en espera por una cama de terapia intensiva 15 pacientes graves y ni bien se libera una es inmediatamente ocupada debido a la saturación del sistema sanitario que cuenta con más de 630 camas de UTI.

“Nunca estuvimos en esta situación”, afirmó el Doctor Roque Silva, directora de la región sanitaria de Central.

Explicó que estos pacientes reciben soporte en las urgencias hasta tanto puedan ingresar a cuidados intensivos. “La situación está complicada y nunca vivimos durante la pandemia y hoy insistimos en que hay que extremar los cuidados y entender que este es un momento difícil”, señaló en contacto con NPy.

Silva afirmó que una vez que se libera una cama se tiene en cuenta dos criterios para ingresar a tal o cual paciente. Uno guarda relación con la posibilidad de recuperación estando en terapia y luego la edad.

“Se le pasa a terapia a un joven que de por ahí no se cuidó y se le saca el lugar a un adulto mayor. Es lo que nos toca decidir, es una realidad”, lamentó el profesional.

Comentó que hay terapias ocupadas por varios integrantes de una misma familia situación que se torna “estresante, preocupante y agotadora”.

“Hay que entender que muchos de los contagios ocurrieron por no cumplir el protocolo y asistir a eventos sociales clandestinos. Hacemos un llamado a las personas a que se cuiden, no es que queremos que se encierren pero si salen que lo hagan responsablemente. Llegamos a esto porque no se cumplieron los decretos anteriores y los mismos entes que deben controlar también se relajaron”, agregó.

El profesional explicó que el convenio con 7 u 8 sanatorios privados sigue vigente pero que estos tampoco ya cuentan con camas libres para la derivación requerida.

Según el reporte diario de Salud Pública, ayer eran 1.387 los paciente internados de los cuales 349 se encontraban en UTI.

La parte delantera de una camioneta donde se encuentra el motor, ardió en llamas esta mañana, pero gracias a la rápida acción del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, se logró sofocar las llamas antes de que el rodado sea consumido completamente por el fuego.

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De acuerdo al informe policial, se trata de una camioneta de la Marca Ford modelo Escape de clor negro, chapa UAE 592, propiedad de María Elena Barrios (47), de nacionalidad argentina, domiciliada en el barrio San Roque de Ciudad del Este.

La afectada manifestó a los intervinientes que minutos antes del incidente dejó su vehículo estacionado, poco después el guardia del recinto le avisó que su rodado se incendiaba.

Rápidamente se dio aviso a los bomberos voluntarios que lograron evitar que el fuego consuma por completo el automóvil.

Por el momento se desconoce cómo se originó el incendio, por lo que se procederá a la revisión para encontrar la causa.

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En entrevista con el canal GEN, Pavón señaló que las criptomonedas fueron ganando terreno en el mundo como una forma de dinero ante la decisión de muchas personas de “huir” de las interferencias gubernamentales. “La gente quiere tener una moneda digital que le permita hacer transacciones sin que tenga que ser interferido por cosas que tengan que ver con los gobiernos”.

Respecto a la instalación de granjas de criptominería en nuestro país, sostuvo que no se puede permitir que las mismas operen sin un rigor reglamentario o normativo, como sucede ahora mismo en Paraguay, ya que ello da pie a la comisión de delitos.

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El robo de energía eléctrica es justamente uno de los puntos sobre los que hizo énfasis. “Nos conviene instalar estas criptominerías dentro del marco normativo para que puedan pagar impuestos bajos, en relación a los dividendos que van consiguiendo”, afirmó.

Asimismo, el economista aseguró que, contrario a lo que algunos afirman, la criptominería sí promueve la generación de empleos, lo cual puede observarse en otros países donde este rubro mueve un importante mercado. “Lo que no se ve es el efecto multiplicador que puede generar”.

En ese orden de cosas, Pavón se muestra a favor de establecer una reglamentación o ley para regular la criptominería, aunque se opone al proyecto presentado en el Congreso que apunta a la prohibición temporal de dicha actividad.

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A su criterio, la minería de criptomonedas seguirá creciendo en Paraguay entre tanto se establezca un marco jurídico para su operatividad, por lo que plantea reglas claras para el sector. “Podemos ser un ejemplo a nivel mundial”.

A la par, hizo énfasis en la necesidad de que la ANDE promueva la legalización de quienes poseen conexiones clandestinas para la criptominería, a fin de generar mayores ganancias al Estado, aprovechando la capacidad energética de nuestro país.

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🗣️"No podemos permitir que las criptominerías se establezcan sin un rigor", @victorzpavon, abogado y economista.

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— Universo 970 AM (@Universo970py) April 25, 2024

“No vamos a cambiar la tarifa aprobada (la del 2023). El presidente Lula es intransigente en esto”, fue la respuesta contundente del titular de Minas y Energías de Brasil, Alexandre Silveira ayer 24 de abril, ante la consulta de medios de ese país.

Las consultas se hicieron luego de la reunión que Silveira mantuvo con Lula y el director brasileño de Itaipú Enio Verri en el Palacio de Planalto, donde conversaron sobre la situación financiera de la binacional, que tiene pendiente la fijación de la tarifa y la revisión del Anexo C.

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Pese a que descartó subir la tarifa que desde el 2023 se encuentra en USD 16.71 KW, Silveira aclaró que se estudian otras posibilidades para “satisfacer los intereses de Paraguay”, que pretende un precio más alto, el de 22.60, que se pagó durante varios años.

Según publica el medio Folha de Sao Paulo, una de las cartas sobre la mesa es la discusión del Costo Unitario de los Servicios Eléctricos, cuya definición permitiría compensar en parte las necesidades paraguayas en materia de inversión.

Desde la Cancillería Nacional de nuestro país informaron que esta semana o a más tardar la siguiente, se daría a conocer la tarifa consensuada de Itaipú. Muchos especulan que será este viernes. Sin embargo, estas nuevas declaraciones de los altos mandos de decisión en el Brasil hacen dudar de un acuerdo.

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