Jóvenes con síntomas de COVID-9 retrasan consulta, ingresan graves a terapia o mueren

Por lo general, el pedido de traslado de pacientes a terapia intensiva desde hospitales que no cuentan con el servicio incluye a personas de más de 60 años pero en las últimas semanas los pacientes graves tienen entre 29 y 41 años.

Un hombre que empezó a sentirse mal con síntomas de coronavirus el 30 de diciembre pasado, decidió esperar para consultar porque quería pasar las fiestas en su casa, pasaron dos días y el 2 de enero llegó hasta el hospital y directamente quedó en terapia intubado por el estado grave en que llegó al servicio.

Esta es una de las realidades en los hospitales de contingencia del sector público y fue relatado por la Doctora Leticia Pintos, directora de Terapia Intensiva y Servicios Hospitalarios del Ministerio de Salud Pública en contacto con Monumental.

Las camas de terapia intensiva llevan ocupadas al 100 por ciento hace cinco semanas y son pacientes jóvenes que requieren ingresar a cuidados intensivos por la gravedad del estado en que llegan a Urgencias.

Pintos indicó que los fallecidos en su mayoría son personas que no ingresaron a terapia o que ingresaron poco tiempo por Urgencias y entre estos se encuentran pacientes con menos de 45 años sin comorbilidades.

“Estamos igual que hace 15 días pero las consecuencias de la Navidad y Año Nuevo tendremos en el final de esta semana, con el relajo que hay ahora mismo”, afirmó Pintos.

Normalmente el pedido de traslado de pacientes a terapia intensiva desde hospitales que no cuentan con el servicio, incluye a personas de más de 60 años pero en las últimas semanas los pacientes tienen entre 29 y 41 años.

“Tenemos mucha gente joven que requiere terapia y son personas sanas, en teoría. Hay algunos con sobrepeso, uno o dos, dos con más de 60 años y el resto entre 30 y 50 años sin comorbilidades y todos graves, la gente llega mal a la consulta va cuando ya siente que le falta el aire y ese síntoma es cuando la enfermedad ya está desarrollada en su forma grave”, advirtió.

La profesional manifestó su preocupación ante la situación que se presenta ya que el 45 a 50 por ciento de la gente intubada es la que sale de alta y el resto muere.

“Está muriendo mucha gente, no solo las que están en terapia, algunos están en sala común y hacen falta de aire brusca y al llegar al socorro fallecen. Un 40 por ciento no está en terapia y por falta de oxígeno hacen infarto y mueren de forma súbita”, afirmó.

Actualmente, son 26 los pacientes que se encuentran en terapia intensiva de los hospitales y sanatorios privados y adelantó que posiblemente hoy ya estén operativas las 16 camas en el Hospital Nacional de Itauguá y trasladar en ellas a los pacientes que están estables y liberar los cupos en el privado debido a que el presupuesto para al derivación “no es infinito”.

El tiempo promedio de estadía en sala común es de 7 a 10 días y en terapia de 15 a 20 días y hay casos de internados graves que llevan 45 días en respirador por haber sufrido una lesión pulmonar severa y no pueden dejar el respirador.

“Hay pacientes con secuelas pulmonares porque el daño queda en el pulmón y hay casos de gente que logró el alta hace cinco mees y sigue sin poder subir escaleras, queda el daño y en algunos casos es permanente”, puntualizó.

Licitación para tobilleras electrónicas se lanzará en junio

El ministro del Interior, Enrique Riera, manifestó que se prevé para el mes de junio una licitación para las primeras tobilleras electrónicas.

En entrevista con radio Ñanduti, el ministro Enrique Riera mencionó que, apenas se tenga al ganador de la licitación, se buscará la inmediata implementación de las tobilleras.

“La ley tiene 6 años y la excusa para no aplicarla es la falta de reglamentación. Yo creo que nadie quería agarrar esta pelota tata porque hay 4 instituciones corresponsables del funcionamiento y seguimiento, me doy cuenta que el único que puede responder por la policía es el Ministerio del Interior”, recordó.

El Secretario de Estado indicó que se plantea contar con una provisión inicial de 100 tobilleras, contando con 20 nuevas unidades por mes. Con la Fiscalía y la Corte, se trabajará para elegir a los sujetos que se verán beneficiados con esta medida.

El Ministerio de Economía me autorizó hasta tres millones de dólares, unas 3 mil tobilleras, y lo que se compra no es el dispositivo, sino el servicio. La empresa que gane proveerá las tobilleras pero también el sistema de georeferencia”, concluyó Riera.

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Dueño de Steven Automotores se defiende: “Se dicen tantas cosas que carecen de verdad”

Steven Bareiro, propietario de la playa de venta de vehículos acusada de estafar a varios compradores, se defendió de las denuncias en su contra y negó haber obrado de mala fe.

Esta mañana compareció ante la Fiscalía Denis Steven Bareiro (31), propietario de “Steven Automotores”, luego de concretarse su detención en horas de la madrugada en la ciudad de Itá.

En entrevista con el canal GEN, el mismo evitó hablar sobre el perjuicio generado a los múltiples clientes que adquirieron sus vehículos de dicha playa de autos y que ahora lo acusan de estafa.

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Según refirió, la cuestión relacionada con el decomiso de vehículos a quienes no cumplían con el pago de las cuotas -y la concesión como depositario judicial para su posterior reventa- era manejado por el grupo de abogados de la empresa.

Negó ser “propietario” de la playa de vehículos y se presentó como “capitalista”, pese a que la firma lleva su nombre. Según comentó, hace aproximadamente 10 años se encuentra en el rubro de venta de vehículos.

“Se dicen tantas cosas que carecen de verdad”, afirmó Bareiro, haciendo alusión a la cantidad de denuncias formuladas en su contra y que posteriormente derivaron en su imputación y captura.

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En otro momento, se dirigió a las personas que perdieron sus rodados luego de atrasarse algunos días en el pago y que aún tienen esperanza de recuperarlos: “Si es que existe ese tipo de clientes, creo que se va a solucionar todo”.

Bareiro se desmarcó de su supuesto vínculo con el juez de Paz de Chaco’i, Jorge Franco Garelik, quien era el encargado de firmar las órdenes de secuestro de los automóviles de los clientes y que, según las investigaciones, sería cómplice del esquema de Steven Automotores.

Proponen que adultos mayores paguen solo mitad de tarifa de ANDE y Essap

En la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley para que los adultos mayores en situación de pobreza abonen solo la mitad de la tarifa de la ANDE y Essap.

El diputado Edgar Olmedo (ANR-Caaguazú) presentó un proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 7° de la Ley N° 6381/20 “Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza”. La iniciativa busca introducir beneficios adicionales para este sector vulnerable de la población.

En la exposición de motivos el legislador explica que, en diversos artículos de la Constitución Nacional se garantizan el derecho a la vida, la calidad de vida, la igualdad de oportunidades y la protección a la tercera edad. Señala que, si bien las personas adultas mayores han logrado importantes conquistas con la protección estatal, aún existen deudas pendientes que deben ser atendidas conforme a la voluntad política y las condiciones económicas del país.

En ese sentido, plantea que tras el pago total de la deuda de la Itaipú Binacional, el Paraguay se encuentra en una nueva etapa que podría derivar en la disminución del costo de la energía eléctrica en beneficio de los usuarios. “Esta circunstancia obliga a los representantes del pueblo a trabajar en favor de los sectores más vulnerables y necesitados”, expresa parte de la justificación del proyecto.

La ley actual, en su Art. 7° establece cuanto sigue: “Las personas adultas mayores de sesenta y cinco años de edad accederán a medio pasaje en buses urbanos, interurbanos, de corta, mediana y larga distancia nacional, media entrada para cines, espectáculos artísticos y culturales y entrada gratuita para estadios de fútbol, eventos deportivos y museos. Este derecho se otorgará automáticamente con la presentación de la cédula de identidad o pasaporte al momento de la adquisición del pasaje o entrada”.

La presente propuesta agrega el siguiente texto: “Así mismo, las personas adultas mayores que son beneficiarias de la pensión alimentaria, solo abonarán la mitad de lo que les corresponde por consumo mensual en concepto de servicios básicos necesarios proveídos por la Ande, Essap y juntas de saneamiento de agua reconocidas por el Senasa”.

Estipula, por otro parte, que el Ministerio de Hacienda deberá establecer los mecanismos de articulación entre las entidades involucradas para implementar y controlar a los beneficiarios, a través de un decreto reglamentario, que evite maniobras irregulares y garantice que el beneficio sea exclusivo para las personas adultas mayores en situación de pobreza.

El proyecto de ley será derivado a las comisiones legislativas correspondientes para su estudio y dictamen, entre ellas a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Prensa, Comunicación Social, Artes y Espectáculos; Presupuesto; Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; Deportes; y a la de Familia y Personas Adultas Mayores.